El fiscal federal de Córdoba Raúl Garzón, quien investiga los hechos de principios de diciembre cuando con la sublevación de policías se desató una ola de saqueos y vandalismo en la provincia, indagará desde hoy a 16 uniformados detenidos acusados de haber promovido la protesta. Los policías están imputados de “desobediencia e instigación al delito”, por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de diciembre, cuando la ausencia de efectivos en las calles derivó en generalizados incidentes. Es en el marco de la causa que investiga los levantamientos policiales y los incidentes de esos días en la provincia que gobierna José Manuel de la Sota.

A los 16 policías se suma la ex agente del Servicio Penitenciario y esposa de un efectivo Adriana Rearte, quien está acusada de “entorpecimiento funcional” por una manifestación que encabezó frente a la Guardia de Infantería el día del acuartelamiento, que obstruyó la circulación de los móviles de esa dependencia. El jueves pasado a última hora fue puesta en situación pasiva otra mujer, también del Servicio Penitenciario, que convocaba a través de su celular a resistir la detención de Rearte, quien es, además, la titular del Sindicato de Policías y Penitenciarios y Afines (Seppa), gremio que reclama su personería jurídica ante la Corte Suprema.

Rearte protestaba frente al edificio de la jefatura provincial contra la suspensión preventiva de cuatro oficiales cuando fue detenida. Esos efectivos estaban promoviendo un nuevo acuartelamiento policial. Rearte y las esposas de los suspendidos iban a realizar un abrazo solidario al edificio, pero finalmente lo suspendieron. Estas mujeres, agrupadas bajo el nombre de “Las rosas azules”, canalizan las demandas de sus maridos y buscan darles un encuadramiento sindical.

El fiscal federal Garzón no descartó que se puedan disponer nuevas detenciones, aunque aclaró que tal posibilidad todavía no está decidida, porque depende del curso que tome la causa. Su tarea en la feria iba a ser, en principio, sólo para la primera quincena, pero la investigación siguió tomando cuerpo y decidió hacerla extensiva hasta fin de mes. Está previsto que declaren cuatro personas por día, y que al fin de la semana ya hayan podido ser indagados todos los detenidos. “No va a haber horarios para esto, van a declarar todo el tiempo que sea necesario”, anunció el fiscal. En lo inmediato no están previstas nuevas medidas, pero Garzón no descartó que pueda haber más allanamientos y detenciones. “Se hará lo que requiera el devenir de la causa”, dijo.

Garzón tomó la determinación de detener a los efectivos después de cruzar filmaciones, fotos y testimonios con otras informaciones recolectadas en las redes sociales. Antes de avanzar sobre ellos, había resuelto la prisión preventiva de otros casi cincuenta detenidos, en su mayoría civiles imputados por robo agravado y encubrimiento.

En tanto, los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Ricardo Moreno, quienes asumieron por separado la defensa legal de varios de los policías detenidos por orden de Garzón, coincidieron en señalar que no hay motivo alguno para que sus representados estén privados de su libertad y anticiparon que pedirán su excarcelación.

En el fuero federal también tramita una causa por sedición policial, que prevé penas de hasta seis años de prisión. A pedido del gobernador De la Sota, el gobierno nacional envió la semana pasada más de mil gendarmes, policías y agentes de la PSA a Córdoba, con el objetivo de garantizar la seguridad de la provincia, ante el pedido del propio gobernador, dado el clima de malestar que persiste entre los efectivos de la policía local.

Por otra parte, ayer se manifestaron los Policías Autoconvocados de Entre Ríos al costado de la Ruta 14, y anunciaron que si el gobierno provincial no cumple el acuerdo salarial de diciembre cortarán el ingreso a la ciudad de Concordia. El gobierno nacional también mandó refuerzos de Gendarmería a pedido del gobernador Sergio Uribarri. Los agentes aclararon que no se trata de un cese de tareas, sino que en la protesta participarán efectivos que están de franco. Los policías piden que se abran conversaciones con el Poder Ejecutivo de la provincia. “Exigimos una respuesta, una apertura al diálogo, ya que se ve que pacíficamente no pasa nada”, dijo Leandro Coutinho, vocero de los autoconvocados.