Liquidar sueldos, contar la cantidad de empleados de un ministerio, identificar a los trabajadores “jubilables” o hacer un seguimiento de las faltas y definir los descuentos salariales o las sanciones a los empleados públicos. Estos son algunos de los motivos por los que el Ministerio de Modernización porteño contrató a consultoras por sumas que entre 2012 y 2013 superan los 11 millones de pesos. Según un informe de la comunera socialista Julieta Costa Díaz, todas estas tareas podrían haber sido hechas desde el Estado. La dirigente del Frente para la Victoria advirtió, además, que en diversos casos hay funcionarios porteños que formaron parte de las empresas a las que contrató el ministerio que conduce Andrés Ibarra. “Ibarra ensaya el retorno a los ‘90 y busca dejar en manos privadas la política laboral del gobierno porteño”, advierte.

“El presupuesto del Ministerio de Modernización para 2012 fue de 112 millones de pesos, pero para 2013 se triplicó a 375 millones y para 2014 el presupuesto llega a 510 millones de pesos”, hace cálculos Costa Díaz, quien advierte que Andrés Ibarra “fue el hombre fuerte del Grupo Macri en el Correo Argentino privatizado, donde comandó la eliminación de entre 8 y 10 mil puestos de trabajo”. En el Ministerio de Modernización prefirieron no hacer comentarios sobre el informe de Costa Díaz.

La comunera de Iniciativa Socialista-Unidos y Organizados advierte que la cartera de Modernización “abusa del poder de discrecionalidad para contratar consultoras” privadas. Y releva una serie de consultorías que contrató esa cartera entre 2012 y 2013.

- Vigilar y castigar. Así le llama Costa Díaz a la licitación que se titula “Auditoría de Presentismo, Puntualidad, Permanencia y Proceso de Registro de Asistencia”. Para la dirigente, esta licitación “privatiza el control de personal del Gobierno de la Ciudad”. La comunera detalla algunas de las actividades que plantea para la empresa privada: se ocupará de “confeccionar el listado de ausentes para los fines del descuento correspondiente” del salario, de “notificar a las reparticiones para que realicen sus descargos y analizar dichos descargos”, y de “propiciar la realización de medidas correctivas y/o disciplinarias”. Costa Díaz observa que todo esto se deja en manos de una empresa privada “cuyo éxito estará dado en el mayor número de irregularidades encontradas, abriendo paso a la arbitrariedad con el objetivo de eliminar personal del gobierno porteño”.

- Jubilables. El informe advierte sobre otra licitación que lanzaron en 2013, que se titula “Fortalecimiento de la Gestión y del Desarrollo del Capital Humano”. La comunera advierte que si se revisa el pliego “se comprueba que, a seis años de iniciar su gestión, el PRO no sabe dónde está parado. Uno de los objetivos es conocer la dotación actual de las 66 direcciones generales y la modalidad de contratación. Mes a mes liquidan los salarios, con lo cual sería lógico que sepan a quién le pagan”, advierte. Para Costa Díaz, la clave está en el inciso donde se pide identificar “empleados jubilables y aquellos que pueden acceder al retiro voluntario”. En marzo de 2013, esa licitación por 1.716.000 pesos la ganó la consultora PCG SA, que interviene en otras contrataciones por tareas que –según detalla la comunera– podría hacer el Estado.

- Todo servicio. A la consultora PCG SA la contrataron a partir del decreto 556/10 –que habilita a hacer contrataciones “de imprescindible necesidad”– por una suma que asciende a 2.983.000 pesos. Según indica Costa Díaz, esto se hizo “por reiteradas resoluciones en 2012 sin identificar cuál era la imprescindible necesidad, sólo haciendo alusión a ella”. ¿Para qué se la contrató? Las tareas fueron establecer la cantidad de personas que trabajan para el Ministerio de Educación (algo que no pudo hacer en el plazo de su primer contrato), pasando por implementar el programa Jóvenes Profesionales y diseñar una carrera para el Teatro Colón. Para estas dos últimas tareas se le asignó un presupuesto de 1.083.856 pesos. Costa Díaz indica que no está especificado cuánto dinero se destinaba a cada proyecto, pero si fuera mitad y mitad, entonces el gobierno porteño pagó cerca de 540 mil pesos por el programa Jóvenes Profesionales. “Este programa consistió en entrevistar individualmente a cien jóvenes de entre 24 y 28 años, de los cuales ingresaron 30 al gobierno porteño. Tuvo un costo de 18 mil cada uno”, calculó la comunera socialista. La misma empresa tuvo otra consultoría por 1.385.000 pesos a comienzos de 2012, pero, según indica el informe, “no está accesible públicamente en qué fue el asesoramiento”.

- Metaconsultora. A la consultora TBT SRL también la contrataron en 2012 para colaborar con la liquidación de los sueldos con el programa Meta 4. La consultora fue creada en 2010 y tuvo como su primera titular a María Fernanda Ciccone, quien hoy es inspectora de la AGIP porteña. El 13 de enero de 2011 le cedió su parte de la empresa a Walter Pérez. “Gran negocio hizo Pérez, TBT facturó durante 2012 en forma directa y sin ningún mecanismo de compulsa de precios 2.600.000 pesos”, indica Costa Díaz, quien advierte que la tarea para la que la contrataron –liquidar los sueldos– la tenían que hacer empleados públicos, y que el gobierno porteño le había pagado a otra empresa para capacitarlos. La otra empresa es Meta 4 Austral SA, que recibió 8,5 millones de pesos de la gestión PRO: “El dinero no era sólo para instalar el software sino para capacitar a los trabajadores de la Ciudad en su uso”, advierte la comunera. Pero la trama se complica: el director general de Administración de Liquidación de Haberes, Ricardo Spartano, fue durante nueve años el director de la empresa que le vendió al gobierno porteño el programa Meta 4. Spartano ingresó al Gobierno de la Ciudad en forma simultánea con la compra de este software, que requirió pagar otros 2 millones a una consultora para administrarlo.

- Fruta. A los empleados de la Jefatura de Gabinete y de Modernización, mientras tanto, se les dio un “servicio de repartición de fruta” una vez por semana para “concientizar sobre la importancia de la correcta alimentación”. Se licitó en mayo de 2013 con un costo de 271 mil pesos. Costa Díaz ironiza: “La fruta será para quienes no sean jubilados o retirados voluntariamente”.