Amnistía Internacional envió ayer a los presidentes de ambas cámaras del Congreso un documento titulado “El derecho a la protesta social”, a raíz de los proyectos presentados en las últimas semanas que buscan regular las movilizaciones. En el escrito, la organización asegura que “los Estados tienen una obligación positiva” de proteger el derecho a la libertad de expresión y reunión, así como también de “facilitar su ejercicio”.

“Toda medida que prohíba o restrinja cualquier forma pacífica de libertad de expresión o manifestación debe evaluarse caso por caso”, sostiene el documento y afirma que cualquier limitación a la protesta “debe responder a una rigurosa justificación”. Mediante el escrito, la organización internacional de derechos humanos elevó a los legisladores un resumen de los estándares internacionales sobre las manifestaciones en la vía pública para que sean tenidos en cuenta al momento de debatir algún proyecto de ley dirigido a regular las movilizaciones y protestas.

Una iniciativa en ese sentido había sido presentada por un grupo de legisladores kirchneristas a mediados del mes pasado. La iniciativa del diputado nacional del Frente para la Victoria Carlos Kunkel y otros legisladores proponía que los manifestantes avisen y pidan autorización al momento de planear un corte de ruta o calles. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner había hecho alusión al tema en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. Allí, la mandataria remarcó la necesidad de contar con “una norma de respeto y convivencia urbana”.

Amnistía Internacional sostuvo ayer que las manifestaciones pueden regularse y que las restricciones se pueden imponer “para garantizar la protección” de la seguridad y el orden públicos, la salud pública o los derechos y libertades de otras personas. Sin embargo, aclara que estas limitaciones deben cumplir ciertas “pruebas estrictas de necesidad y proporcionalidad”.

La organización internacional de derechos humanos advirtió que cualquier proyecto para regular las protestas debe tener definiciones muy precisas para evitar que “las autoridades ejerzan un poder indebido a la hora de restringir la libertad de expresión y de reunión”.

En el Congreso, la iniciativa presentada por el oficialismo plantea que “toda manifestación pública deberá ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”. Para Amnistía Internacional, esta exigencia no viola los derechos humanos, pero no debe constituir tampoco “un requisito para obtener autorización”.

Respecto del uso de la fuerza pública, el documento sostiene que deberá ser utilizado “como último recurso” y que el uso arbitrario o abusivo “debe castigarse como delito”. Precisamente, la propuesta presentada en el Congreso, pero que según anunció Kunkel no será impulsada si no cuenta con el aval de otras fuerzas políticas, sostiene también la prohibición de la portación de armas de fuego “por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes”, además de señalar que “aquellos que las porten deberían guardar distancia prudente” en la movilización. “El uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión”, subraya el proyecto, de manera tal de ajustar el accionar de las fuerzas de seguridad a la Constitución y los tratados internacionales.

El documento de la organización de derechos humanos fue enviado ayer a los presidentes de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y de Senadores, Amado Boudou. También fue destinado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de las dos cámaras, así como –entre otras– a las unicamerales de Derechos y Garantías y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.

“Tanto la sociedad como las instituciones, lejos de verse debilitadas, se fortalecen cuando se permite el libre intercambio de ideas”, concluye, debido a que las protestas muestran “una necesidad por tornar visibles situaciones invisibilizadas” que requieren atención pública.