La decisión de la Corte Suprema de extender a los juzgados federales de todo el país la posibilidad de actuar en juicios previsionales va en contra de la postura que sostuvo la Anses en la causa sobre la cual terminó fallando el máximo tribunal, la del jubilado Héctor Hugo Pedraza, quien reclamó la intervención de la Cámara Federal de Tucumán para tramitar su demanda en lugar de esperar la resolución de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que atiende en Buenos Aires. El argumento central del organismo que conduce Diego Bossio fue que este último tribunal tiene un conocimiento de la problemática previsional superior al que pueden exhibir otros juzgados no especializados en el resto del país.

La Anses viene batallando hace años para que la Justicia acompañe como un poder más del Estado las decisiones del Congreso y el Poder Ejecutivo en materia de jubilaciones, orientadas a ampliar la cobertura –hoy el 94 por ciento de las personas en edad de retiro acceden a una prestación, contra el 63,6 de 2002–, fijar dos aumentos al año con una fórmula de movilidad y terminar con situaciones de privilegio como el propio régimen previsional de magistrados y el servicio diplomático. El otro punto central sobre el que trabaja la Anses es acotar las fuentes de litigio con los jubilados. En ese sentido, la apertura que hizo la Corte con su disposición de ayer fue interpretada en el Gobierno como un riesgo de que tribunales de todo el país empiecen a dictar fallos que afecten la política previsional, sin prestar atención a la sustentabilidad del sistema en su conjunto y al hecho de que “para darles a algunos se restan recursos a otros”.

En rigor, la Anses cuestiona hace tiempo algunas sentencias de la Cámara Federal de la Seguridad Social por ese motivo. Un ejemplo de esa relación tirante fueron las recusaciones masivas que hizo el organismo al juez de ese fuero Luis Herrero, quien impulsó varios fallos contrarios a aquella política previsional. Herrero finalmente fue amparado por la Corte Suprema y quedó habilitado para seguir actuando. A pesar de esa situación de conflicto casi permanente entre la Anses y la Cámara de la Seguridad Social, el organismo prefería seguir manteniendo a ese fuero como interlocutor exclusivo y no correr el riesgo de lo que puedan hacer juzgados en las distintas provincias, tal vez más permeables a los reclamos de sus conciudadanos.

Bossio hizo referencia ayer a lo que dispuso la Corte. En particular, exhibió los datos de cómo el Gobierno viene cumpliendo de modo cada vez más acelerado con el pago de sentencias judiciales y cómo encontró una solución de fondo a la litigiosidad previsional desde 2009, cuando se aprobó la ley de movilidad y desde entonces prácticamente no hay nuevos juicios. Los que quedan son por situaciones propias de la década del ’90 –especialmente el fallo Elliff de la Corte Suprema– y de los primeros años del kirchnerismo, cuando el Gobierno priorizó aumentar más la jubilación mínima que el resto de los haberes –lo que fue objetado por la Corte con el fallo Badaro, que dispuso otorgar mayores aumentos a quienes ganaban más de 1000 pesos en el período 2002-2006–.

Bossio estimó que “en 2016 no habrá más juicios contra la Anses”, dado que entre las 50.000 sentencias que está previsto cancelar este año, otro tanto en 2015 y lo mismo en 2016, prácticamente se resolvería el stock de causas pendientes. A su vez, como se mencionó en el párrafo anterior, desde 2009 a la fecha los nuevos jubilados casi no hacen juicio al organismo. Durante los últimos 12 meses se jubilaron 323.957 personas, de las cuales sólo 428 iniciaron una demanda, apenas el 0,13 por ciento del total.

En abril se liquidó un record de 4946 sentencias y ya van 12.182 en el primer cuatrimestre. El stock de sentencias firmes a resolver sigue siendo elevado: 47.941 a febrero pasado, mientras que el stock general de demandas en trámite en los juzgados llega a 338.417. Sin embargo, Bossio insistió con su argumento: “Venimos pagando un record de sentencias y en marzo por primera vez fueron menos las que se notificaron al organismo, 2985, que las que se pagaron, 3511”. Es decir, ese stock comenzó a bajar.