La Unidad Fiscal abocada a los procesos por delitos de lesa humanidad de Jujuy solicitó la elevación a juicio de dos causas en las que está imputado el empresario Carlos Blaquier. El presidente del Ingenio Ledesma está acusado por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos en perjuicio de 26 personas en 1976. Junto con Blaquier llegarían al proceso oral su ex administrador Alberto Lemos, cinco ex policías y cuatro ex guardiacárceles que utilizaron para los secuestros camionetas facilitadas por el ingenio azucarero. El empresario de 86 años presiona mientras tanto a la Cámara Nacional de Casación Penal para que convalide sus cuestionamientos a la designación del fiscal federal Pablo Pelazzo. Ledesma difundió ayer un comunicado en el que afirmó que la Sala IV que integran Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani “se abocará al estudio de fondo de las dos causas y revisará todo lo actuado por las instancias judiciales inferiores”.

El fiscal Pelazzo pidió la elevación de las causas “Aredez” y “Burgos”. Junto con Blaquier y Lemos están acusados los carceleros Carlos Alberto Ortiz, Ricardo Orlando Ortiz, Mario Marcelo Gutiérrez y Herminio Zárate, y los ex policías José Américo Lescano, Pedro Ríos, Carlos Humberto Cachambe, Virgilio Choffi y Juan de la Cruz Kairuz, ex director técnico del Club Atlético Ledesma de Jujuy y ex jugador de Atlanta, Newell’s y San Martín de Tucumán. El próximo paso le corresponde al juez federal Fernando Poviña. De concretarse la elevación, Blaquier sería el segundo empresario en llegar a juicio después del salteño Marcos Jacobo Levín, titular de La Veloz del Norte.

En la causa “Aredez” se investigan los secuestros de Luis Ramón Aredez y Omar Claudio Gainza el 24 de marzo de 1976. También el de Alberto Melián, a quien no encontraron la madrugada del golpe de Estado y capturaron días después. Los operativos fueron de noche, sin orden judicial, de manera violenta, y las víctimas fueron trasladas a las comisarías 1ª de Ledesma y 24ª de Libertador General San Martín, luego al Penal de Villa Gorriti y finalmente a la Unidad 9 de La Plata. Los operativos investigados en la causa “Burgos” incluyeron los secuestros de 23 personas, en su mayoría empleados del ingenio, y ocurrieron en julio de 1976, también de noche y sin orden judicial. Fue en el marco de un “apagón” de energía generalizado que inmortalizó los operativos como “La noche del apagón”. Las víctimas fueron llevadas a las comisarías 11 y 24, a la subcomisaría de Calilegua y a la dependencia de Gendarmería de esa localidad.

La esperanza de Blaquier de frustrar el proceso de justicia está puesta en la Sala IV de Casación. Ese tribunal decidió analizar si fue legal el nombramiento y la actuación del fiscal Pelazzo, impulsor de las causas desde el Ministerio Público. Pelazzo había sido apartado por la Cámara Federal de Salta, decisión que por distintas razones apelaron ambas partes. “Con esta resolución, Casación puso un freno a los injustos e ilegales procesos judiciales seguidos contra el ex presidente de Ledesma y el ex administrador del ingenio”, sostuvo la empresa en un comunicado en el que se esperanzó en que Casación “revisará todo lo actuado”.

Hace dos semanas, contrariando la opinión del fiscal general Javier de Luca, la Sala IV convalidó la incorporación al expediente en calidad de amicus curiae del jurista sudafricano Richard Goldstone. De Luca recordó que la figura de “amigo del tribunal” fue pensada para quienes defienden “intereses colectivos o generales” y se preguntó “cuál es el interés que inspira” la presentación de Goldstone, quien aportó argumentos a la defensa de Blaquier.

Miembro de la autodenominada “Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas”, Blaquier está imputado como partícipe necesario de 20 allanamientos ilegales, de 23 secuestros agravados por violencia, amenazas y por haber durado más de un mes, por 23 casos de tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, y por cuatro homicidios agravados por alevosía. Tanto su procesamiento como el del ex administrador Lemos en la causa “Aredez” habían sido confirmados en agosto del año pasado por la Cámara Federal de Salta.