El gobierno bonaerense y el municipio de Morón lograron zanjar las diferencias sobre las características que tendrán las policías locales creadas por decreto del gobernador Daniel Scioli, luego de que el massismo bloqueó en la Legislatura provincial su creación por ley. Ayer, el gobernador y el intendente Lucas Ghi firmaron un convenio especial para poner en marcha la policía municipal en esa comuna del oeste del Gran Buenos Aires. Para ello, negociaron un acuerdo que abarcó tres ejes: la participación de la comuna en la formación y capacitación de los futuros integrantes de esa fuerza con la impronta local de “seguridad democrática”; asegurar el rol del municipio y la Justicia locales en el diagnóstico y el trazado del mapa criminal del distrito; y la creación de una llamada Academia, que consiste en un ámbito donde la policía provincial y el municipio puedan analizar y modificar la política de seguridad local con un monitoreo permanente sobre sus resultados.

“La pelea es contra la inseguridad, no debe ser en términos políticos”, afirmó Scioli luego de la firma en Morón del convenio de adhesión de ese municipio a la creación de la policía local. El gobernador también destacó que, con el acuerdo, el municipio “va camino a tener 361 policías, que duplicará la cantidad actual” y sostuvo que con las 31 cuadrículas y más de 50 móviles que ya funcionan “se van generando las condiciones para estar cada vez más cerca de las necesidades de mayor seguridad y tranquilidad para los vecinos”.

El intendente Ghi –perteneciente al sabbatelista Nuevo Encuentro (NE)– también celebró “la vocación de trabajo conjunto, la flexibilidad y la generosidad del gobernador que con decisión política decretó esta policía local cuando el Frente Renovador, con mezquindad política, ni siquiera dio posibilidad de debate en el Senado cuando se trató el proyecto de ley”.

El proyecto de ley iba en línea con la propuesta impulsada por el diputado provincial de NE Marcelo Saín, que ponía al intendente como responsable de la nueva fuerza de seguridad con atribución para designar al jefe policial local bajo control del Concejo Deliberante. De esa manera, colocaba a la policía municipal fuera de la estructura de mando de la Bonaerense con la intención de despegarla de los vicios de la cuestionada estructura policial, además de imprimirle una formación y un accionar bajo los lineamientos de la llamada “seguridad democrática”.

Pero el massismo, con el apoyo de la UCR, el GEN y el “autónomo” peronista Mario Ishii, dieron por tierra con el proyecto. La creación por decreto de Scioli de la policía local, bajo la estructura de la Bonaerense como proponía su ministro de Seguridad Alejandro Granados, volvió a dividir posturas entre el sciolismo y NE.

Con la necesidad de ambos de avanzar con las policías locales, y a pesar de las diferentes posturas políticas que expresan dentro del kirchnerismo, Scioli y el presidente de la Afsca y líder de NE, Martín Sabbatella, comenzaron a conversar en busca de un acuerdo. El jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, y el propio Saín continuaron las negociaciones para intentar salvar algunas de las diferencias conceptuales e ideológicas sobre la formación y el accionar de las policías municipales.

El acuerdo alcanzado quedó plasmado en el convenio especial que Scioli y Ghi firmaron ayer en Morón y que contempla tres ejes en los que la comuna adquiere decisiones –que no incluía el decreto original y que no tienen otros municipios– sobre la futura fuerza de seguridad.

El primero es la participación del municipio en la formación y capacitación de los integrantes de la policía local, en la que el jefe comunal quiere implementar el concepto de “seguridad democrática”, con una perspectiva respetuosa de los derechos y libertades de los ciudadanos. También se reserva un rol central en el diagnóstico y elaboración del mapa criminal del distrito, para el que también se incorporará al Poder Judicial local. Así como la conformación de una mesa llamada Academia, que funcionará como un tablero central en el que la policía provincial y el municipio monitorearán y “discutirán críticamente” el resultado de la política de seguridad para poder reorientarla en caso de que sea necesario.