En un inusual operativo de seguridad para la provincia de San Juan, el jueves fueron detenidos en simultáneo ocho ex policías y un suboficial retirado del Ejército que desempeñaron tareas de inteligencia durante la última dictadura. Las órdenes de detención las había librado el juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien ayer notificó a los imputados de los delitos de lesa humanidad por los que se los acusa y ahora deberá tomarles declaración indagatoria. El fiscal federal Juan Francisco Maldonado, en tanto, destacó que el Ministerio Público Fiscal denunció a más de 80 represores por su actuación durante el terrorismo de Estado y estimó que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días”. Rago Gallo, además, comenzó a leerle la acusación a Jorge Horacio Páez Senestrari, oficial retirado del Ejército que prestó funciones en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM-22), quien fue detenido en Bolivia y deportado a la Argentina.

La mayor parte de los flamantes detenidos están acusados como integrantes de la “comunidad informativa” al servicio del RIM-22, el espacio en el que los miembros de las secciones de inteligencia de distintas fuerzas intercambiaban información sobre militantes políticos, gremiales y estudiantiles que luego se convertían en “blancos” a ser secuestrados. En varios casos el Ministerio Público los acusa por su participación directa en detenciones ilegales y en sesiones de tortura, ocurridas no sólo durante la dictadura sino también en los meses previos al golpe de Estado de marzo de 1976.

Cinco de los detenidos pertenecieron a la policía de San Juan y prestaron servicio en el Departamento de Informaciones (D2), la sección de inteligencia de esa fuerza. Se trata de los sargentos retirados Carlos César Raúl Oro (69 años) y José Eladio Escudero (77), el comisario Miguel Angel Mereles, el comisario inspector Carlos Alberto Olha y el suboficial mayor Alberto Bazán. El militar es el su-boficial principal retirado Pedro Eduardo Blanco, de 60 años. Los otros tres fueron miembros de la Policía Federal: el sargento Carlos Antonio Saavedra (61 años), el suboficial escribiente Juan Alberto Aballay (66) y el cabo Rodolfo Horacio Blanco.

Del operativo conjunto para detenerlos participaron efectivos de la Policía Federal de San Juan, de Mendoza y de la Agencia Regional Cuyo. Las capturas fueron en la capital y en departamentos del Gran San Juan. Los represores pasaron su primera noche en calabozos de la Policía Federal y al mediodía de ayer fueron trasladados al juzgado de Rago Gallo, secretaría de Carlos Tacca, donde se les notificaron los delitos y se les dio la posibilidad de designar defensor. Una vez que presten declaración indagatoria, serían trasladados el Penal de Chimbas.

El fiscal Maldonado estimó ayer que “va a haber muchas más detenciones de integrantes de las fuerzas de seguridad en los próximos días” porque su denuncia incluyó a “ochenta ex policías y el juez va proveyendo lo solicitado en forma parcial”. Agregó que “los nombres y las responsabilidades de cada uno salen de los legajos y los archivos clasificados que fueron encontrados en la Central de Policía hace dos años”. Se trata de los mismos archivos que sirvieron de base para la acusación de los siete ex militares condenados el año pasado, incluidos Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, quienes días después se fugaron del Hospital Militar Cosme Argerich en Buenos Aires.

Rago Gallo comenzó el jueves a leerle la acusación a Páez, quien formó parte del grupo que lideraba el entonces teniente Olivera, hoy condenado y prófugo. El militar había estado detenido en 2011, fue liberado por la Cámara Federal de Mendoza cuando la integraban jueces que hoy están en el banquillo de los acusados, y se trasladó a Bolivia, donde tres años después, el viernes pasado, volvió a ser detenido y deportado. Páez está acusado por delitos contra 34 víctimas, incluidos el ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad de San Juan Hugo Ricardo Bustos, el gobernador José Luis Gioja y el ex senador César Gioja. También por el secuestro, los tormentos y el asesinato de Nicolás Alberto Farías, militante de la Juventud Trabajadora Peronista.