El oficialismo le restó valor legislativo al “despacho de minoría” que la oposición aprobó dividida en la Comisión de Legislación Penal para derogar la llamada Ley Antiterrorista. Desde el Frente para la Victoria consideran que sólo es “un informe” de la comisión, ya que no participaron las dos comisiones –la otra es Finanzas– que emitieron el dictamen que avaló el proyecto del Ejecutivo y que la Cámara baja sancionó en 2011. En tanto, el ministro de Justicia, Julio Alak, advirtió que “la derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional”, integrados en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La oposición insiste en que el despacho tiene el valor de “dictamen de minoría” y quiere debatirlo en el recinto durante la sesión prevista para el 27 de agosto, aunque no logró coincidir en un único texto. El massista Frente Renovador presentó su propia iniciativa para eliminar dos artículos incorporados por la norma al Código Penal, en medio de reproches de otros sectores del arco opositor.

Luego de que la Presidenta anunciara la semana pasada la posible aplicación de la Ley Antiterrorista a la imprenta Donnelley ante el cierre intespestivo de la fuente de trabajo (y finalmente caracterizado por la AFIP como quiebra fraudulenta), la diputada macrista Patricia Bullrich convocó a la Comisión de Legislación Penal –que preside– con el objetivo de “anular” la ley. La convocatoria reunió ayer sólo a los integrantes del arco opositor, que emitió un “dictamen en minoría” que también dividió posturas entre las bancadas opositoras.

La propuesta de derogación de la ley, impulsada por Bullrich, contó con la adhesión de su compañero de bancada Eduardo Cáceres y los representantes de la UCR Manuel Garrido, Oscar Aguad, Gabriela Burgos, Soledad Carrizo y Luis Petri, además de Margarita Stolbizer (GEN), Victoria Donda (LdS), Nicolás Del Caño (FIT) y Pablo Javkin (CC-ARI). En cambio, los diputados del Frente Renovador Oscar Alegre y Oscar “Cachi” Martínez decidieron no acompañar la propuesta y se manifestaron a favor de abordar el tema “en forma profunda y seria” y propusieron derogar los artículos 41 quinquies y 306 incorporados al Código Penal por la Ley Antiterrorista.

Stolbizer salió al cruce de la postura massista. “Al Frente Renovador recién ahora le aprieta el zapato. Bienvenidos aquellos que en su momento votaron la Ley Antiterrorista pero que ahora, como atacaron a una empresa, se dan cuenta de que es mala”, sostuvo la líder del GEN. De todas maneras, todas las bancadas opositoras coincidieron en que impulsarán la incorporación del tema en la sesión prevista para el 27 de agosto.

Desde el oficialismo, que no participó de la convocatoria de Bullrich, le restaron legitimidad parlamentaria al despacho opositor. Lo consideran sólo como “un informe” de la comisión, ya que el debate sobre la sancionada ley –afirman– debe ser abordado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal y Finanzas, que emitió el dictamen a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso –por pedido del GAFI– y que Diputados aprobó en sesiones extraordinarias en diciembre de 2011.

“En el recinto se debate el dictamen aprobado por mayoría en las comisiones, independientemente de que existan otros dictámenes en minoría. Y si el dictamen de mayoría no logra la aprobación en el pleno de la Cámara, recién entonces se aborda el resto de los dictámenes. Pero acá no hay dictamen de mayoría”, explican en el FpV, para dar cuenta de que no habilitarán que la propuesta opositora llegue al recinto.

El Gobierno también salió al cruce de la iniciativa opositora, al advertir las consecuencias que acarrearía para el país. “La derogación de estas normas sería fuertemente condenada por los países que luchan contra el financiamiento del terrorismo internacional”, dijo Alak y sostuvo que el GAFI consideraría esa medida como “un retroceso incomprensible e inaceptable”. “Esto dejaría expuesto a nuestro país a sanciones en el orden internacional” por el no cumplimiento de convenciones internacionales asumidas oportunamente, advirtió el ministro.

Alak recordó que en el año 2000, durante el gobierno de la Alianza, “Argentina ingresó al GAFI como miembro pleno y se comprometió desde entonces a cumplir con los más altos estándares normativos en la lucha contra el lavado de activos de origen delictivo y el financiamiento del terrorismo”. En 2011, el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley Antiterrorista como una de las exigencias del organismo intergubernamental.

De todas maneras, Alak insistió en explicar que “el Poder Ejecutivo no aplica la ley penal”, sino que “solamente hace las denuncias”, y sostuvo que la aplicación de la ley “es una facultad exclusiva de los jueces”.