Con dos cambios en el mecanismo de pago de la deuda externa argentina emitida bajo legislación extranjera, el Ministerio de Economía busca superar el escenario de tensión financiera generado por el sistema judicial de Estados Unidos. “El objetivo del proyecto de ley es proteger los fondos que regularmente deposita el país a sus acreedores contra embargos y bloqueos judiciales”, explicaron a Página/12 desde el Palacio de Hacienda. Como primera medida, el proyecto de ley propone desplazar al Bank of New York (BoNY) y designar un nuevo agente fiduciario: Nación Fideicomisos. El reemplazo pretende que la cadena de pagos sea estrictamente local y eliminar la intervención de entidades financieras expuestas al factor Griesa. Los títulos continuarán regidos por la ley de Estados Unidos, pero el recorrido físico de los dólares, euros y yenes no estará sujeto a los embates de los fondos buitre alrededor del mundo, ya que serán cobrados a través de Buenos Aires. En segundo lugar, los bonistas que así lo decidan podrán intercambiar sus títulos por otros con idénticas condiciones financieras, pero guiados por la legislación argentina. Esa posibilidad será optativa. Como la meta es alcanzar una solución con el ciento por ciento de los acreedores, a partir del próximo vencimiento se depositará en la cuenta del nuevo fiduciario los pagos correspondientes al 7,6 por ciento de buitres y holdouts que todavía no ingresaron al canje.

El Palacio de Hacienda pretende que el proyecto sea aprobado por el Congreso antes del 30 de septiembre. Ese día se debe realizar el próximo desembolso, correspondiente a bonos Par. Cuando le ley esté vigente, Argentina solicitará al BoNY que transfiera los 539 millones de dólares retenidos en sus cuentas desde fines de junio al nuevo pagador. Esos recursos ya son de los bonistas y, por lo tanto, serán depositados a nombre de los acreedores y transferidos a sus bancos en forma inmediata.

Desplazar al agente fiduciario de los bonos argentinos regidos por leyes extranjeras está contemplado en el contrato rector del funcionamiento de los títulos entregados en los canjes de 2005 y 2010. No es un proceso automático y tampoco sencillo, pero sí plausible. La cláusula a la que recurre Argentina habilita al país y los bonistas a cambiar al fiduciario en determinados escenarios (incluso el pagador puede renunciar). El mecanismo es menos trabajoso que modificar las “condiciones” de los bonos (plazos o magnitud de los intereses). Para eso se requeriría alcanzar una adhesión firmada de importantes mayorías de bonistas. Por eso se recurre a una de las situaciones contempladas en el Trust of Indenture para desplazar al BoNY: el incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

El contrato es taxativo. Más allá de su razón social, el agente fiduciario debe contar con una capitalización de 500 millones de dólares y tener habilitada una oficina de fiducia en Nueva York. Nación Fideicomisos cumple solo con el primer requisito al ser una controlada del Banco Nación. Pero la entidad que preside el abogado y doctor en Economía Enrique Arceo no está autorizada a operar en Estados Unidos como agente pagador de vencimientos de deuda (y, por lo tanto, protegida de las erráticas decisiones de Griesa y otros jueces permeables a los reclamos buitres).

En ese punto, interpretan los asesores legales de la Procuración del Tesoro consultados por Página/12, se impone el objetivo/filosofía de fondo que es garantizar que los acreedores cobren. Si Argentina volviera a depositar los fondos en las cuentas del actual fiduciario casi con seguridad los dólares y euros no llegarían a sus propietarios. Frente a esa “situación de fuerza mayor” se justificaría la instrumentación de todas las medidas necesarias para que los fondos sean recibidos en tiempo y forma: el desplazamiento del BoNY y su reemplazo por Nación Fideicomisos aun cuando no tiene oficina en Nueva York. Esa modificación no representará cambios en las condiciones financieras de los bonos.

Por razones estatutarias o galimáticas valoraciones políticas, grupos de acreedores podrían proponer que otra entidad radicada en Nueva York quede a cargo en lugar de Nación Fideicomisos. Lo expresado en las distintas presentaciones judiciales realizadas por esos bonistas y los intercambios informales e indirectos con funcionarios de Economía hacen prever que su objetivo es cobrar, incluso si es en Buenos Aires. Sin embargo, no está garantizado que se rechace (al menos en forma parcial) las modificaciones a la cadena de pagos. Si ese fuera el caso, el argumento de Economía sería: “Son acreedores que no quieren cobrar sus pagos”.

Un exitoso traslado a territorio argentino de los pagos resultaría en una situación donde los bonos mantienen la legislación extranjera, pero se cobran íntegramente en el país. Si esa fórmula no resulta conveniente se habilita además la posibilidad de canjear esos papeles por otros en idénticas condiciones financieras pero regulados por la ley argentina. El 73,1 por ciento de los bonos emitidos por el país tienen legislación local. Sobre el restante adeudado con normas extranjeras solamente el 14 por ciento está en manos de acreedores privados.

Desde el equipo económico afirman que es imposible anticipar cómo reaccionará el juez. Todos los pasos anunciados ayer están contemplados en el contrato de fideicomiso que regula el funcionamiento de los títulos públicos. Pero los excesos legales del magistrado hacen prever, por lo menos, una pronta convocatoria a audiencia entre las partes. “Lo peor es esperable de Griesa, el juez puede hacer cualquier cosa: amenazar con encarcelar a los bonistas si no se oponen o intentar un embargo sobre los fondos. Nuestra obligación es instrumentar todos los medios disponibles para que los fondos que depositamos lleguen a sus propietarios”, explicó a este diario un colaborador del ministro Axel Kicillof. Las implicancias de figuras legales como “desacato” son imprecisas para el caso de un Estado soberano como Argentina. La incertidumbre disminuye en el caso del camino a seguir por las agencias calificadoras de riesgo y fondos buitre (o sus grupos de presión). Sin lugar a duda la medida será considerada como una “ampliación del default”.

La reestructuración de la deuda logró una adhesión del 92,4 por ciento. Desde 2005, el Estado desembolsó 190 mil millones de dólares para pagar sus obligaciones financieras y llevar adelante un valioso proceso de desendudamiento. Quienes rechazaron en forma sistemática canjear sus bonos para recurrir a la vía del reclamo judicial no tienen atribuciones para recibir ningún pago, ni siquiera en consigna. Sin embargo, ante la imposibilidad de alcanzar una solución negociada que no viole las condiciones del canje, el Gobierno decidió comenzar a depositar a cuenta de buitres y holdouts los vencimientos de capital e intereses “como si” hubieran cambiado sus bonos. Los fondos sólo estarán disponibles si ingresan al canje. “El que quiere que venga a buscar los fondos. Los pagos están depositados”, explicó una fuente del Palacio de Hacienda que trabajó en el diseño del proyecto. La medida también representaría un guiño de buena voluntad hacia la administración de Barack Obama que reclama extraoficialmente “que Argentina alcance un arreglo con todos sus acreedores”.