La situación de las fuerzas policiales en la ciudad de Buenos Aires desató ayer un cruce entre el gobierno nacional y el gobierno porteño. La Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, informó que se redistribuirán los efectivos de la Policía Federal que se encuentran trabajando en las comunas 15, 12 y 4, donde actúa la Policía Metropolitana. Ante esto, el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, salió a cuestionar la decisión, sostuvo que no pueden hacerse cargo de la seguridad y otros dirigentes del PRO amenazaron con interponer una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. “En la ciudad de Buenos Aires se ha acordado un mecanismo de retiro progresivo para que la Policía Metropolitana se haga cargo de la responsabilidad emergente en los distintos lugares de su territorio”, replicó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien remarcó que no se trata de “decisiones unilaterales ni inconsultas”, sino que se realiza “con acuerdo de las partes”.

El conflicto se desató cuando el Ejecutivo nacional notificó que unos cinco mil agentes de la Policía Federal, que trabajan en 14 barrios porteños, serían distribuidos en otros puntos de la Ciudad. Se trata de los barrios de Saavedra, Coghlan, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón (Comuna 12), Agronomía, Chacarita, Villa Crespo, Paternal y Villa Ortúzar (Comuna 15) y Nueva Pompeya, Parque Patricios, Barracas y La Boca (Comuna 4). En esas tres zonas la Metropolitana tiene la gran mayoría de sus 4800 efectivos. Según fuentes macristas, una parte de ellos está ubicada también en las líneas de subte, el Metrobus y en Parque Centenario y en la Villa 31.

“No vamos a retirar (a la Policía Federal), la palabra es traspasar la responsabilidad de la seguridad ciudadana en las jurisdicciones en donde la Metropolitana está trabajando y hacer una redistribución de los efectivos a otras comisarías de la Ciudad”, explicó ayer Berni, en declaraciones radiales. El secretario de Seguridad sostuvo que la decisión se viene trabajando con los referentes políticos del Gobierno de la Ciudad desde hace un año y que no se pide que el traspaso se “haga de la noche a la mañana”. “Cuando la Metropolitana fue creada, nosotros creamos las agencias federales para que una vez que la Metropolitana estuviera trabajando en la Ciudad, esos recursos humanos puedan ser distribuidos en el resto del país”, señaló. Además, Berni adelantó que con esta decisión se estarían “reforzando lugares más críticos con la policía y haciendo una justa distribución de los recursos y acoplar a la Policía Metropolitana al sistema de seguridad, que hoy no lo está haciendo”.

Respecto del reclamo macrista sobre la necesidad de traspasar los fondos, Capitanich señaló que “hay posiciones distintas porque todas las policías son financiadas por el presupuesto provincial y este tema no se ha podido saldar por la reticencia de la Ciudad Autónoma”.

En la misma línea, el secretario de Seguridad apuntó contra Macri y sostuvo que “cada gobernador es responsable de la seguridad y se tiene que hacer cargo de administrar sus recursos y generar las políticas de seguridad”. Para el funcionario nacional, el jefe de Gobierno porteño adopta “una posición muy cómoda”, “casi hasta mezquina”.

Al conocerse la noticia, el propio Macri salió por los medios a criticar la medida y adelantó que buscaría contactarse directamente con la presidenta Cristina Fernández para lograr una marcha atrás. “Hablé antes de ayer con la Presidenta y espero poder hablar hoy y que ella interceda y logre resolver esto. Si ella me resuelve lo de la policía, yo le doy los dos pesos por mes que le va a aumentar Netflix”, aseguró Macri, en referencia al impuesto que aplicó su gobierno al proveedor de series y películas en Internet (ver recuadro).

Por lo pronto, desde la Jefatura de Gobierno sostienen que con la fuerza policial creada hace seis años no pueden hacer frente a la seguridad en 3 de las 15 comunas porteñas. “No nos podemos hacer cargo de reemplazar a la Federal porque tiene seis veces más de efectivos que nosotros”, aseguró Macri. El líder del PRO afirmó que es la “complementación” entre las fuerzas lo que logró “hacer funcionar mejor” la seguridad en esas comunas y dijo que todo traspaso debería ser acompañado de los recursos para su mantenimiento. El procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, adelantó que están analizando la posibilidad de presentar un amparo con una medida cautelar porque “básicamente se pone en riesgo la seguridad de la población y todo lo que significa el manejo presupuestario”.

El jefe de la bancada del PRO, Federico Pinedo, fue incluso más allá: “Vamos a analizar si el abandono de tareas que le son impuestas por ley a la Policía Federal no constituye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y, en ese caso, haremos la denuncia penal contra quienes ordenen la medida”, amenazó.