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El viernes pasado 85 comedores de Jujuy que atienden 5 mil chicos, desde Humahuaca a la Puna, cerraron por falta de comida. El motivo central fue la no renovación de un subsidio que les enviaba la Nación. En teoría el problema nunca debió ocurrir: desde que se implementó el nuevo Plan Alimentario, dice la versión oficial del Gobierno, el ministerio de Desarrollo Social está enviando fondos a las provincias para que los gobernadores los distribuyan entre los comedores. En la práctica, sin embargo, la gobernación de Jujuy argumentó que el dinero no alcanza para todos y los 85 comedores quedaron desfinanciados de un día para el otro. Ante este panorama, el obispo de Humahuaca Pedro Olmedo viajó a Buenos Aires. Llegó el miércoles pasado y esperó hasta el sábado que la ministra de Desarrollo Social Nélida “Chichi” Doga lo recibiera. La funcionaria le mandó a decir que la disculpara, pero estaba ocupada. Olmedo sólo pudo hablar con su segundo; volvió el sábado a Humahuaca, sin soluciones concretas. Ahora hay negociaciones telefónicas y promesas de que todo va a arreglarse.
La situación de los 85 comedores de la Quebrada y la Puna asoma como el primer test de peso para el nuevo esquema de asistencia social del Gobierno, que concentró la multiplicidad de programas de distribución de comida en un único Plan Alimentario con un presupuesto anual de 350 millones de pesos.
Una de las claves del nuevo plan es la descentralización de los recursos. El mecanismo de distribución implica que la Nación envía a los gobernadores de manera bimensual una partida de dinero que reparte de manera proporcional, en base a un mix que combina coparticipación e índice de pobreza. Los fondos del primer bimestre, aseguran en Desarrollo Social, ya fueron girados a todas las provincias; con ello se les trasladó también la responsabilidad de mantener los comedores. Por eso, cuando en Humahuaca dejaron de recibir el dinero para comprar mercadería, los mandaron a hablar con Eduardo Fellner.
En la gobernación, relató a Página/12 Pedro Olmedo, hubo inconvenientes inesperados. “A nosotros nos mandaron 70 mil pesos para dos meses, debemos pagos desde septiembre en nuestros comedores y con esto no alcanza”, argumentaron ante Olmedo. Después de largas negociaciones, la provincia enunció su mejor oferta: “50 centavos por chico para cubrir 20 días al mes”. El obispo decidió entonces viajar a Buenos Aires.
“En Humahuaca hicimos un relevamiento y comprobamos que tuvimos una inflación promedio del 40 por ciento”, consideró ayer. “Estábamos trabajando con 70 centavos por persona porque hay toda una estructura de contención, de seguimiento y capacitación en torno a los comedores. Mucha gente baja desde los cerros a buscar su partida y tiene gastos de movilidad. Nos costó años conseguir un poquito de avance y ahora, si aceptamos los 50 centavos que nos quiere mandar la provincia como máximo, todo el trabajo de apoyo se va a perder”.
La Quebrada y la Puna son las regiones más críticas de la provincia. Allí hay zonas donde la desocupación trepa al 55 por ciento y como producto de la recesión muchas comunidades indígenas ya no pudieron seguir pagando el arriendo de las tierras y quedaron en riesgo de ser expulsadas. Por eso el año pasado, cuando el párroco de La Quiaca Jesús Olmedo encabezó la Marcha de los Pobres y Excluidos desde la frontera con Bolivia a San Salvador de Jujuy, el gobernador Fellner lo apoyó. Y cuando una delegación de esa marcha decidió venir a Buenos Aires fue acompañada por técnicos del gobierno provincial. En aquella oportunidad se gestionaron una serie de auxilios que ahora, sólo seis meses más tarde, parecen desvanecerse en el aire.
Voceros de “Chichi” Doga aseguraron a Página/12 que la ministra telefoneó ayer a Humahuaca para prometer una próxima visita. Agregaron también que se está gestionando algún tipo de asistencia alimentaria extray de emergencia e incluso no descartaron que Chiche Duhalde forme parte de la delegación que visitará Jujuy en una fecha próxima. En el despacho del viceministro Leonardo Di Pietro, por su parte, no se descartaba la posibilidad de auxiliar con fondos frescos a los jujeños para cubrir la diferencia entre lo que la provincia está dispuesta a ceder y lo que los 85 comedores necesitan para volver a funcionar.