Uno de los mayores fraudes financieros, más conocido como Megacanje, quedó ayer impune por decisión del Tribunal Oral Federal Nº 4, que absolvió al único acusado en el juicio, Domingo Felipe Cavallo. La fiscalía había pedido para él una condena de tres años por considerarlo artífice de una maniobra para favorecer a un grupo de bancos en el canje de títulos de la deuda en plena crisis de 2001, cuando se avecinaba el default. Ayer, a 14 años del inicio de la causa penal –en el transcurso de los cuales los banqueros y otros funcionarios fueron sobreseídos–, los jueces señalaron que no se pudo probar la existencia de negociaciones incompatibles con la función pública del ex ministro de Economía. Las posibilidades de que otro tribunal revise esa decisión son mínimas.

Con el ánimo de quien no va a recibir una mala noticia, Cavallo se quejó en sus últimas palabras ante el tribunal: “Estoy padeciendo ataques injustificados”. “Fui el chivo expiatorio, tenía que ser el responsable de la terrible crisis que sufrió el país”, dijo. “Nos echaron del gobierno cuando estábamos por concluir la reestructuración completa”, continuó, y mientras intentaba explayarse sobre la crisis de entonces y la idea de que pudo evitarse, el presidente del tribunal, Néstor Costabel, lo interrumpió y le indicó que se focalizara en el tema del juicio. El ex ministro afirmó que sostener que el canje se hizo para beneficiar a los bancos es “tergiversar los hechos”. “Era importante para el bien público que se canjeara la mayor cantidad posible de bonos”, defendió su medida. Lo hizo no sólo en la sala de audiencias sino por Twitter. “He sido juzgado y absuelto. Simplemente porque no cometí nunca ningún delito”, difundió, aunque ya había empezado a tuitear con aire triunfalista antes de que se conociera el veredicto. En un escrito que había presentado en Tribunales, también atacó a la presidenta Cristina Kirchner, quien había señalado el Megacanje y el Blindaje como las mayores estafas de la historia.

“Robó, huyó, y no lo pescaron”, ironizó, decepcionado al final de la audiencia, Mario Cafiero (Proyecto Sur), uno de los denunciantes originales, quien sostuvo la batalla judicial durante todos estos años. Jugaba con el nombre de la película de Woody Allen que trata sobre la vida de un delincuente torpe o poco avezado, al que sí pescaron. “Yo soy padrino del centro universitario de la cárcel de Olmos. ¿Sabe cuántos presos por estafa hay ahí? Uno. ¿Delitos complejos? Cero”, comenta Cafiero, quien conoce cada coma del expediente y no se cansa de explicarlo. “Acá no se trató de una estafa simple; hubo un Megacanje, los bancos aumentaron sus acreencias, esperaron la reestructuración y cambiaron los bonos por préstamos garantizados. Cavallo creó un grupo de acreedores privilegiados, blindados. El default era inevitable, y la corresponsabilidad entre deudores y acreedores también. De ahí que los banqueros dijeron: no vamos a ser corresponsables, vamos a aumentar el valor para que, si luego hay que ir a una quita, no signifique nada. La tasa de interés se triplicó y, como podía volver a caer, venía el préstamo garantizado para ciertos bancos”, sostuvo Cafiero.

Excepto en esta etapa final que incluyó alegatos y veredicto, los tres meses de juicio contra Cavallo pasaron sin pena ni gloria, con la sala de audiencias casi vacía. Una imagen chocante si se la contrasta con el daño que la fiscalía, una pericia contable de la Corte Suprema y los tribunales inferiores calcularon que dejó el Megacanje: un incremento de la deuda externa de 55 mil millones de dólares. En su alegato de la semana pasada, la fiscal Fabiana León pidió una pena baja, tres años de prisión (que no son de cumplimiento efectivo) y marcan un límite que hace casi formalmente imposible que la sentencia sea apelada. Si el fiscal pidió tres o menos años, el Código Procesal dice que la absolución sólo se puede apelar por razones de arbitrariedad. Para justificar el monto solicitado, León dijo que había pasado mucho tiempo hasta que se hizo el juicio y que Cavallo ya tenía una condena pública. A la vez pidió su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La fiscal acusó a Cavallo de haber actuado con dolo y argumentó que el delito se basó en mejorar la calidad de los bonos que los bancos poseían y administraban a la vez. Tenían 20 mil millones en bonos propios y administraban los de sus clientes. Lo que se hizo, señaló, fue aplazar vencimientos hasta 2031. El abogado José Luis Fabris –uno de los querellantes iniciales– presentó la semana pasada un amicus curiae en el que señalaban que la doble función de deudor y acreedor que fue concedida a bancos quedó asentada en el decreto 648. También señalaron que la Argentina había contratado un seguro de default que permitió beneficiar a ciertos bancos en 4 mil millones de dólares. “El viernes 1º de junio de 2001, la oficina de crédito público da por cerrado el canje con un precio de corte de los bonos de 75 dólares; quedaban afuera JP Morgan y el Crédit Suisse First Boston. El día 3 de junio, Cavallo dio la orden de subir el precio de corte a 79”, ilustró Fabris.

En 2001, quien representaba los intereses del Credit Suisse era el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, David Mulford, con quien Cavallo reconoció haber diseñado y acordado el Megacanje, que incluía también al Banco Galicia, el Santander, el Banco Francés, el HSBC y JP Morgan. Sus directivos y ejecutivos que intervinieron en el canje fueron desvinculados en el expediente hace tiempo ya, en 2003. Sólo Mulford tenía pedido de captura porque no se presentaba a declarar, pero quedó sin efecto este año cuando la Cámara Federal sobreseyó por el paso del tiempo a los ex funcionarios que rodeaban a Cavallo en esos tiempos (lo que fue apelado ante la Cámara de Casación). Uno de ellos, Horacio Liendo, estrecho colaborador del ex ministro, estaba ayer entre el público. También estuvieron Jorge Asís y la esposa del ex titular de Economía, Sonia Cavallo, más moderada que la semana pasada, cuando se la escuchó repartir insultos.

Había sido la Sala II de la Cámara Federal la que señaló que la causa debía ceñirse a demostrar si hubo negociaciones incompatibles con la función pública, un delito con una pena máxima de seis años de prisión, pero dejó fuera otros delitos posibles. En una columna publicada ayer por este diario, el ex titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, señaló con extrañeza que la misma Cámara en 2007 había “señalado pruebas en cantidad aplastante para fundamentar que los bancos citados, en repetidas ocasiones, negociaron con las autoridades cuestiones que eran de competencia de éstas, siendo evidente ‘que existió una ilegítima decisión tomada a favor de determinado sector financiero...”. Massoni dijo que el caso es un gran ejemplo de “la calamitosa Justicia penal”, “eficaz instrumento de los poderosos”.

Los jueces Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo se limitaron a anunciar que la fiscalía no logró probar el delito que se discutía y que harán públicos los fundamentos de su decisión el 15 de octubre. La fiscal León dijo, poco convencida, que los va a estudiar y luego decidirá si discute la absolución.