La Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal que está un escalón debajo de la Corte Suprema, elegirá hoy a su nuevo presidente y reeditará una disputa sobre el criterio a seguir para eso. También volverá a discutir la permanencia de Luis Cabral, el subrogante eterno que en 2011 fue designado sin sorteo, quien además integra el Consejo de la Magistratura y hasta hace unos días presidía la tradicional Asociación de Magistrados. Cabral es suplente en una de las cuatro vacantes que tiene este tribunal, mientras que las otras tres las cubren entre los propios jueces de Casación, como dice la ley. El concurso para esos cargos dio un paso clave la semana pasada.

El 2015 será un año distinto, con cambios para este tribunal. Por lo pronto, se desprenderá de un 45 por ciento de las causas que tiene, que corresponden a delitos comunes, que pasarán a una nueva Cámara de Casación ordinaria, cuyos integrantes jurarán el jueves próximo. En la Casación Federal quedarán concentrados los expedientes sobre delitos de corrupción de funcionarios públicos, ciertos delitos económicos, las causas de narcotráfico y las de derechos humanos. Esto realzará el perfil político de estos casadores. A la vez, hay chances de que avance la cobertura de las cuatro vacantes.

De los nueve integrantes actuales de la Cámara de Casación, quien tiene más chances de quedarse con el sillón presidencial es la jueza Ana María Figueroa, hoy vicepresidenta. Ella tendría el aval del presidente saliente, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Luis Cabral. Hay otros dos nombres que sobrevuelan, con menos chances de éxito. Uno es Alejandro Slokar, quien debió haber sido presidente en 2014 si se hubiera seguido el criterio histórico de que la presidencia iba rotando según el orden de llegada de sus miembros. Pero seis de sus colegas le quitaron el apoyo, por su estilo peleador y su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima. El otro candidato que circula entre hipótesis es Juan Gemignani. Slokar y Gemignani comparten como posibles aliados a Angela Ledesma y Pedro David y se apoyarían mutuamente. Pero en ningún caso los votos les alcanzarían.

Con la postulación de Figueroa se retomaría el criterio de que cada año el presidente del cuerpo cambia según el orden de ingreso, ya que ella seguía al presidente saliente. Slokar, Borinsky, Figueroa y Gemignani asumieron en 2011, en ese orden. La jueza es oriunda de Santa Fe, trabajó en la Secretaría de Derechos Humanos en Rosario y es profesora de Derecho Constitucional. Cuando desembarcó en Casación compartía sala con Ledesma y Slokar, pero tuvieron diferencias abismales y se mudó a otra. Ha tenido votos de todo tipo, desde la cuestionada condena a Fernando Carrera (por atropellar a dos mujeres y un niño cuando la policía lo perseguía alocadamente por un robo que él desconoce) hasta disidencias elogiadas como la que decía que la Procuración Penitenciaria debía fiscalizar los Institutos de Menores y su rechazo a las domiciliarias masivas de represores.

Figueroa fue denunciada días atrás por censura previa por el cineasta Enrique Piñeyro (director de The rati horror show, sobre el caso Carrera) porque tras aceptar una entrevista filmada le exigió firmar un “acuerdo” para acceder al material y autorizar su utilización. La jueza tiene buena relación con ciertos operadores judiciales como Hernán Ordiales y Javier Fernández.

Gemignani, con una historia afín al radicalismo, tuvo algunos momentos de presencia mediática este año. Uno fue cuando lo cuestionaron los abogados de Amado Boudou por adelantar criterio adverso al vicepresidente en un fallo en el caso Ciccone que hablaba sobre la validez del testimonio de la ex esposa de Alejandro Vandenbroele. También hizo ruido un voto suyo que sugería la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. El mes pasado fue él quien introdujo en el acuerdo de Casación la discusión sobre la situación irregular del juez Cabral en la Casación. Mandó a sus pares una nota donde cuestionaba su doble función, como juez y como consejero de la Magistratura, y deslizaba una importante mora en sus expedientes (tendría acumulados unos 400). Recordó además que, en su primer mandato como consejero, Cabral había pedido licencia en el tribunal oral que integra (ése es su cargo real).

Cabral llegó como subrogante en 2011, con el evidente objetivo de hacer un contrapeso de la corporación judicial clásica ante el desembarco de los que entonces eran nuevos (Slokar, Figueroa, Borinsky y el propio Gemignani). Fue nombrado a dedo, sin el procedimiento de sorteo que se debe hacer entre todos los jueces con rango de camaristas porteños. Y ahí quedó, a pesar de las denuncias en su contra. Una mayoría de sus pares lo terminaron avalando, también la Corte. Su colega Catucci llegó al punto de argumentar que era un subrogante permanente. En el mundillo judicial es considerado como una suerte de “interventor” de la Corte en la Casación, enviado del supremo Ricardo Lorenzetti. Hasta el mes pasado fue presidente de la tradicional Asociación de Magistrados, que defiende los intereses corporativos de los jueces.

El planteo contra Cabral le costó caro a Gemignani: el presidente de la Corte no renovó los contratos de sus cuatro colaboradores más cercanos, que están con él desde hace tres años, mientras que sí lo hizo con los del resto de los casadores. El mensaje supremo evidentemente está dirigido a todo el tribunal, que volverá a discutir las subrogancias en su plenario de hoy, lo que inevitablemente llevaría a Cabral. Así las cosas, nada hace suponer que se vaya a alejar. No es algo menor, teniendo en cuenta que la Casación, dada su elevada jerarquía, es un potencial modelo para los tribunales inferiores.

Junto con Cabral, las otras subrogancias ahora están en manos de otros jueces del mismo tribunal (algo que sí prevé la ley). El concurso para cubrir esas vacantes tuvo un importante avance esta semana, ya que fue elaborado el orden de mérito por la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. El ex consejero y nuevo presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, evaluó los antecedentes. Ese rubro es el que les permitió a algunos postulantes subir escalones. Los exámenes corregidos por un jurado fueron anónimos.

Encabeza el orden de mérito Guillermo Yacobucci, quien fue subrogante en Casación, desde donde votó la liberación de Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y otros represores, coherente con su devoción por escribir en la revista Cabildo, house organ del aparato represivo dictatorial. Sigue Pablo Vega, discípulo de Zaffaroni, joven juez de tribunal oral que interviene en juicios de derechos humanos en La Plata; tercero quedó Diego Barroetaveña, orgánico del oficialismo de la Asociación de Magistrados, aliado de Cabral, integrante del Tribunal Oral Criminal 21; el cuarto es Daniel Petrone, quien fue juez en lo penal económico (tuvo el caso de la valija de Alejandro Antonini Wilson) y ahora es juez de tribunal oral en San Martín; el quinto es Fernando Poviña, ex secretario en Casación y ahora juez en Jujuy; el sexto es Maximiliano Rusconi, ex fiscal general, abogado de Carlos Menem y de los Ciccone. En total serán enviados doce nombres al Ejecutivo. La lista no está cerrada, pero los que siguen son Mario Villar, Fernando Arnedo, Marcelo Ferrante, Pamela Bisserier, Cintia Gómez y Fernando Pelloni.

La mezcla de perfiles entre los candidatos mejor posicionados –algunos bien conservadores y otros todo lo contrario– es notable, lo que, habiendo cuatro cargos disponibles, abrirá puertas a negociaciones. Seguramente Cabral tendrá quien lo reemplace con un nombramiento más riguroso que el suyo.

La Cámara entra en un período de reconfiguración donde es probable que quede más en claro su papel político y el gran interés que puso Menem cuando armó este tribunal en 1992. Entre las causas políticas y más estruendosas que tramitan en el máximo tribunal penal figuran el sobreseimiento de todos los acusados de las coimas en el Senado, entre ellos Fernando de la Rúa; la causa contra Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, por crímenes de lesa humanidad; la de la valija de Alejandro Antonini Wilson; la condena a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra; el expediente de los sobornos para desvincular de ese caso a Pedraza y los ferroviarios; la revisión del fallo que desligó a Cristina Kirchner de la causa por el acuerdo YPF-Chevron por Vaca Muerta; la constitucionalidad del Memorándum con Irán y muchas otras.