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Página/12 En Brasil

Desde Brasilia

Después de sortear las minas terrestres sembradas por militares, medios y la oposición protogolpista, Dilma Rousseff recibió el informe de la Comisión Nacional de la Verdad: una victoria en la guerra de posiciones contra la amnesia inducida y todavía hegemónica. Transcurridos 50 años desde el golpe que instauró la dictadura concluida en 1985, Dilma respaldó con una voluntad política no vista en otros gobiernos civiles el trabajo de la Comisión, volcado en más de 4000 páginas dedicadas a reconstruir los crímenes cometidos dentro y fuera de las fronteras brasileñas, como la cacería de opositores en Argentina, donde murió el ex presidente João Goulart, citado como “subversivo” en un documento elaborado en el marco del Plan Cóndor.

Desde noviembre de 2011, cuando el Congreso aprobó la ley 12.528 que instituyó a la Comisión, se libra un combate por el significado político de la palabra “verdad” y las implicancias jurídicas del trabajo realizado durante más de dos años y medio, que incluyó revisión de documentos, entrevistas a víctimas y represores y reconstrucción de los delitos pese a los obstáculos enfrentados para investigar las unidades del ejército, la marina y la aeronáutica.

Mientras los ex presos y familiares de las víctimas entienden que el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad es la antesala de la apertura de procesos penales, para los generales y las empresas periodísticas, secundados por la derecha partidaria, debe ser respetada la ley de amnistía promulgada en 1979 por el dictador Joao Baptista Figueiredo que impide juzgar a los represores.

Durante la ceremonia celebrada el miércoles pasado, en el Palacio del Planalto, Dilma adoptó una posición institucional: su discurso pivoteó en la importancia de conocer los hechos y eludió citar la palabra justicia.

“Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a que los fantasmas de un pasado doloroso no puedan esconderse en las sombras del silencio y la omisión”, sostuvo Dilma.

La ex guerrillera, que a los 23 años enfrentó un tribunal militar con la cabeza erguida, no pudo contener las lágrimas al decir que el deber del Estado es informar a los familiares los paraderos de los muertos y desaparecidos.

Fue una escena parecida a la ocurrida a fines de 2011 cuando Dilma, emocionada, debió suspender por un instante su alocución ante cuatro ex mandatarios civiles, los jefes de las fuerzas armadas e invitados extranjeros, entre ellos el fallecido ex secretario de Derechos Humanos argentino Eduardo Luis Duhalde.

Si bien la jefa de Estado no dice una palabra sobre la necesidad de que sea derogada la (auto)amnistía, sí lo hicieron su ex compañera de celda, la ministra Eleonora Menicucci y quien fuera su abogada defensora ante la Justicia militar, la abogada Rosa Cardoso, miembro de la Comisión.

Menicucci y Cardoso, quienes seguramente consultan a Dilma antes de hablar, dijeron el miércoles que es natural la “judicialización” de los sindicados en el informe.

El debate también se instaló en el Supremo Tribunal Federal, donde el ministro Luis Barroso, designado por Dilma, declaró que llegó el momento de discutir la constitucionalidad de la amnistía, posición refutada por su par Marco Aurelio Mello, nombrado por su primo, el ex mandatario Fernando Collor de Mello, actual senador de conocida afinidad con el lobby militar en el Congreso.

El miércoles último la ceremonia fue más austera que la de dos años atrás y no contó con la presencia de ex presidentes ni de los mandos castrenses, pero sobraron las provocaciones de los clubes militares en su carácter de voceros oficiosos del malestar cuartelero.

El general retirado Nilton Cerqueira, venerado en el ejército por haber ejecutado a guerrilleros presuntamente desarmados, fue uno de los encargados de provocar al gobierno de la recientemente reelecta presidenta Rousseff. “¿Soy yo, que cumplí la ley, quien violó los derechos humanos? ¿Y los terroristas qué son? ¿Y qué decir de la terrorista que es presidenta del país?”, preguntó el represor jubilado Cerqueira, que consta en la lista de 377 inculpados publicada por la Comisión Nacional de la Verdad.

De manera menos alevosa pero igualmente contraria al gobierno se posicionaron los diarios tradicionales.

“Fue la amnistía... la que permitió superar la violencia política... la amnistía irreestricta fue un paso decisivo”, opinó el viernes Fo-lha de S. Paulo en un editorial similar al publicado días antes por O Globo. Ambos grupos son citados en el informe de la Comisión como cómplices de los gobiernos militares.

Uno de los aspectos importantes de ese documento es haber determinado que los asesinatos, secuestros, torturas y desapariciones no fueron “excesos” cometidos por vándalos desvinculados de sus mandos sino un plan pergeñado desde la cúpula del poder.

De ese modo se refuta la interpretación bastante consensuada según la cual hubo jefes de gobierno que desaprobaron la represión o ignoraban lo que ocurría en los chupaderos existentes en cuarteles de las fuerzas armadas o los servicios de informaciones.

La lista de criminales comienza con los dictadores desde Humberto Castello Branco (1964-1967) a João Baptista Figueiredo (1979-1985), que antes de usurpar el sillón principal del Planalto fue jefe del Servicio Nacional de Inteligencia, cargo que le permitió establecer una relación fluida con su homólogo chileno Manuel Contreras.

La correspondencia entre Figueiredo y Contreras (revelada hace años por el Washington Post) indica cuánto les preocupaba la oposición de dirigentes políticos moderados y coincidían en la necesidad de neutralizarlos (¿asesinarlos?) antes de una posible victoria del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (como finalmente ocurrió) con el consiguiente fin de la administración del Partido Republicano, encabezada por Gerald Ford y su secretario de Estado Henry Kissinger, siempre diligente con los regímenes sudamericanos.

En 1976, un año después de aquel intercambio epistolar entre Figueiredo y su colega, perdieron la vida varios políticos centristas como el ex presidente Juscelino Kubitscheck, fallecido el 22 de agosto en un aparente accidente de tránsito que en realidad habría sido un atentado, según lo indica una investigación publicada la semana pasada por la Comisión de la Verdad de San Pablo (en discrepancia con la Comisión Nacional de la Verdad que no halló pruebas del crimen).

En el estudio de varios volúmenes recibido la semana pasada por Rousseff se detalla cómo operaba el terrorismo de Estado brasileño, caracterizado por un modus operandi menos exhibicionista que el aplicado por sus socios de Argentina o Chile.

Los accidentes y los suicidios fraguados eran moneda corriente para eliminar opositores o miembros del aparato represivo imprevisibles y muy informados.

Ese habría sido el caso del ex comisario Sergio Paranhos Fleury, que murió en 1979 a raíz de las heridas sufridas cuando viajaba en una lancha por el litoral atlántico, según indicó el parte médico desmentido por el abogado Helio Bicudo, ex defensor de presos políticos.

Al parecer, Fleury fue eliminado para evitar que revele secretos sobre su extenso prontuario, que incluyeron un viaje a Buenos Aires a mediados de los ’70, cuando espió a exiliados brasileños luego secuestrados. Fleury también habría participado en Uruguay de una reunión realizada en 1976, donde se orquestó un plan para matar a Goulart, según afirma el hijo del ex gobernante.

“La quema da archivos no es algo que quedó en el pasado, es un método que se sigue usando hasta hoy”, afirmó a Página/12 el abogado Wadih Damous, de la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro.

Para Damous, la última víctima de esa larga lista es el coronel retirado Paulo Malhaes, muerto hace ocho meses en extrañas circunstancias un mes después de que confesó ante la Comisión de la Verdad haber cometido decenas de asesinatos, incluso al servicio del Plan Cóndor.

Documentos encontrados en la vivienda de Malhaes refuerzan los indicios de que tomó parte en el secuestro de montoneros que se aprestaban a viajar a Argentina dentro de la estrategia de la “contraofensiva”, a fines de los ‘70 y 1980.

“Creo que los papeles encontrados en la casa de Malhaes pueden ayudar bastante en la investigación del Plan Cóndor, y creo que los que lo mataron quisieron amenazar a otros represores que quisieran hablar”, completó el abogado Damous.