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El juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois rechazaría el pedido formulado por Correo Argentino para extender el plazo de negociación con sus acreedores por una deuda del orden de los 900 millones de pesos. El plazo vence mañana y si el juzgado no homologa un acuerdo con los acreedores –entre los que figura el Estado por el monto del canon adeudado y el Banco Nación por préstamos impagos– quedarían dos alternativas. O se declara la quiebra o se autoriza un sistema de salvataje de empresas conocido como “crown dawn”, mediante el cual los principales acreedores podrían hacerse cargo de la administración de la compañía. Así, quedaría abierta la puerta para que el Gobierno retomara el control de la empresa. Paradójicamente, esa situación podría ser una “solución” buscada por el propio Macri, que dejaría atrás una monumental deuda impaga al Estado.
Hasta el viernes pasado, voceros del Grupo Macri aseguraban que el juez aceptaría la extensión del plazo de negociación. Pero ayer fuentes de tribunales descartaron esa posibilidad y aseguraron que el juez denegó la solicitud de prórroga.
Las fuentes consultadas precisaron que una eventual declaración de quiebra “no implicaría la suspensión del servicio”, cuestión que, en esa hipótesis, “deberá ser resuelta por el Estado”.
Agregaron que la declaración de quiebra “se puede apelar”, pero la presentación del recurso “no suspende la ejecución de la decisión judicial” mientras que, por el sistema de “crown dawn”, vencido el período de negociación, se admite la intervención de terceros –los acreedores mayoritarios– que aseguren la continuidad de la actividad y convenios de pagos de la deuda.
Que Macri quiere bajar la persiana en el Correo es algo que, si se sabe escuchar, él mismo ha dicho, como al pasar, en más de una declaración televisiva. De ahí que su propuesta de renegociación de la deuda habría sido tan agresiva que, a su lado, la oferta de Lavagna para la deuda pública en default luce generosa.
Macri pretendería una quita de dos tercios de la deuda, y ofrecería pagar el tercio restante en papeles a 25 años, con varios años de gracia y 1 por ciento de interés anual. Obviamente, todo pesificado.
Desde que se hizo cargo de la concesión del correo, el empresario echó a más de 10.000 empleados. Y ayer la Sala II de la Cámara de Casación Penal determinó que no correspondía contabilizar como “inversión” las indemnizaciones. Según los pliegos, debía hacer inversiones por unos 25 millones al año. Pero la única inversión importante habría sido la planta de Monte Grande, hoy totalmente embargada.