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Veinte organizaciones de pequeños productores rurales y movimientos campesinos se reunieron este fin de semana en Buenos Aires para denunciar el peligro del ALCA y debatir sobre la (in)seguridad alimentaria, esa situación por la cual “la Argentina, un país que produce para dar de comer seis veces a sus habitantes, tiene problemas de desnutrición”.
La definición fue dada, tras el cierre del encuentro, por Ariel Méndez, integrante de la Red Puna, de Jujuy. Como él, los que participaron de las jornadas son productores familiares, dueños de extensiones reducidas, en su mayoría de entre 5 y 10 hectáreas, en las que siembran o crían ganado para el autoconsumo.
Según los datos reunidos por sus asociaciones, en la última década 100 mil productores fueron expulsados del campo. Ahora reclaman medidas para frenar los desalojos y facilitar el acceso a la tierra de los jóvenes y de los pobres de la ciudad que quieran volver.
“Los desalojos, la exclusión de la tierra y la falta de agua son nuestras principales preocupaciones. Crecieron tanto como con la aparición de empresas fantasmas” dijo Rafael Sifre, de la Cooperativa Chepes, de La Rioja.
“En el pasado nuestro problema era ser mano de obra barata”, siguió. “En estos días, el modelo ni siquiera genera malos empleos. Las nuevas tecnologías destruyeron puestos de trabajo. Con el cultivo del algodón, por ejemplo, mucha gente iba al Chaco para la siembra y la cosecha, pero hoy muchas tareas se hacen con máquinas”.
Según Sifre, también “empeoraron las condiciones para producir. Nosotros estábamos en una zona boscosa, que fue talada. Se desmontó para sembrar en grandes extensiones y eso modificó el régimen de lluvias. Sin agua, lo único que nos quedó es la crianza de chivos. Las verduras y las frutas no crecen”.
En el caso de Córdoba, agrega David Sosa, de la Asociación de productores Apenoc, también hubo un deterioro del clima. “El régimen de lluvias, que era de 700 milímetros al año, se redujo a 250 o 300 milímetros.” Sus compañeros de la Unión de Trabajadores Rurales sin Tierra de Mendoza tienen acequias para el riego artificial, pero deben comprar el agua: se paga a una empresa, mensualmente, como la luz o el gas, para alimentar los canales.
Participaron del encuentro, además de los ya mencionados, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase); la Comisión Central de Tierras, de Misiones; los quinteros del parque Pereyra Iraola y la Asociación de Productores Familiares de Florencio Varela, entre otros.
En un documento final, las organizaciones situaron los principales problemas de desalojo y de violaciones a los derechos humanos en Santiago del Estero, donde el régimen de Carlos Juárez ha mantenido una política de hostigamiento hacia los integrantes del Mocase y contribuyó a la impunidad de los grupos parapoliciales que actúan cobijados por el ex jefe de policía Antonio Mussa Azar. La Mesa Nacional que reúne a los grupos de productores pidió por esto la intervención de los tres poderes de la provincia.
También reclamó una solución para los conflictos en Misiones, donde denunciaron que la Gendarmería “desalojó y quemó los productos” almacenados “en las casas y el ejército cercó 2 mil hectáreas donde un intendente tenía intereses turísticos”.
¿Qué significan los conceptos de seguridad y soberanía alimentaria? Se refieren al derecho de los pueblos a producir sus propios alimentos, “sanos y adecuados a cada realidad cultural”, y comercializarlos por vías justas de manera de garantizar la alimentación, explicó Carlos Luna, del Mocase.
A partir de esta definición, los participantes de las jornadas criticaron el modelo agroexportador “que contamina y produce alimentostransgénicos dependientes de las multinacionales” que tienen las semillas patentadas y manejan los insumos para la siembra de manera monopólica.
“El ALCA ya está entre nosotros en muchas de estas situaciones”, consideró Sosa. “Lo vemos en el hecho de cómo están fijadas las prioridades, porque lo que deberíamos consumir lo estamos exportando. Pero si el acuerdo se firma y se liberan las fronteras va a ser todavía peor.”
La Mesa Nacional de los productores familiares, al igual que han hecho en estos días otras organizaciones sociales, pidió que se informe a la sociedad sobre el contenido del ALCA y se convoque a un plebiscito sobre el tratado, con carácter de ley.