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“Son mercenarios del metal.” El comisario inspector Oscar Beauvais, jefe de la Departamental de Dolores, se refería de ese modo a una agencia de seguridad, Safe, del Grupo San Miguel, y más específicamente a Alejandro Alberto Frank, uno de sus vigiladores. Ayer a la madrugada, Frank fue detenido junto con un colega mientras se supone que custodiaba la entrada del centro comercial de Cariló. En un principio, la detención fue resultado de una pulseada entre los vecinos y el intendente de Pinamar, Blas Altieri. Los vecinos desconfiaban de la Bonaerense y contrataron un servicio de seguridad privada: Safe. Pero la empresa no cumplió con las exigencias mínimas para ser habilitada y ayer los custodios fueron llevados a la comisaría con la excusa de la averiguación de antecedentes. Paradojas de la vigilancia privada: en la averiguación de antecedentes saltó que Frank tenía pedido de captura ordenado por la Justicia de Morón. Lo buscaban por robo y lo encontraron vigilando la puerta de un comercio. Esta vez, el custodio de Safe no zafó.
La historia de Safe en Cariló tiene sus antecedentes. Hace unos diez años, la intendencia de Pinamar decidió abrir dos accesos, las calles Jilguero y Chorlo, para comunicar a Cariló con Valeria del Mar. En Cariló, la apertura cayó como un balde de arena mojada. Varias encuestas demostraron la oposición total. A principios de año, mientras el Concejo Deliberante trataba el pedido de cierre de esos accesos, la gente directamente los cerró con un montículo de arena y una tranquera. La intención era que como acceso sólo quedaran la calle Divisadero y la Ruta 11. El Concejo aprobó el pedido y las calles fueron cerradas. Pero veinte días después el intendente Blas Altieri las reabrió. “Hay gente de Valeria que trabaja en Cariló. Cerrar las calles es ilegal. Hay que tener fundamentos legales para poder hacerlo”, sostuvo en aquel momento el intendente.
Con la proximidad del verano, la polémica se reabrió. Pero de otra forma. La Sociedad de Fomento de Cariló decidió en septiembre pasado contratar una empresa de vigilancia privada. La falta de policías en el destacamento local fue el argumento. “Creímos que de esta manera íbamos a colaborar con ellos”, dijo Eduardo Setti, vicepresidente de la Sociedad de Fomento. La elección recayó en la agencia Safe, perteneciente al Grupo San Miguel SA. Su director general es el ex comisario de la Federal Bruno Moreno. El 1º de octubre inició el servicio con la consigna demasiado amplia y llamativa de realizar “tareas de inteligencia”.
“Una empresa de seguridad privada no puede reemplazar a la policía en los ámbitos públicos –dijo a Página/12 el comisario inspector Oscar Beauvais, jefe de la Departamental de Dolores–. Para ser habilitada tiene que tener domicilio constituido en Pinamar, y esta empresa es de Lanús. Tiene que presentar sus objetivos, el listado de personal, de armas y vehículos, los vehículos deben ser identificables con una baliza blanca y el personal tiene que tener el uniforme reglamentario.”
En teoría, Safe recién iniciaría su trabajo tras una reunión concertada para mañana. Pero todo indica que no cumplieron con lo pactado. Ayer, a las tres y media de la madrugada, un patrullero se aproximó a un Corsa oscuro, oculto entre el pinar frente al centro comercial de la calle Divisadero. Dentro había dos hombres vestidos con campera y jeans. Un policía pidió sus documentaciones. Los dos del Corsa dijeron que eran de la empresa Safe. No obstante, o con más razón, los llevaron al destacamento con la excusa de la averiguación de antecedentes. Uno era Alejandro Alberto Frank, de 39 años. Llevaba una pistola 45 en la cintura. El otro dejó en el Corsa una 9 milímetros.
En la comisaría realizaron la averiguación y la sorpresa fue mayúscula, al menos para los policías: sobre Frank pesaba un pedido de captura por robo simple, ordenado por la Justicia de Morón. Quedó detenido.
El fallo fue doble. Por un lado, el de la empresa Safe, al iniciar un trabajo sin habilitación y al contratar empleados sin revisar susantecedentes. Por otro, el de la Sociedad de Fomento, cuya decisión no fue del todo estratégica: contrató a un zorro para cuidar el gallinero.
La historia del Grupo San Miguel no termina, o no empieza allí. El 12 de septiembre pasado, los custodios Osvaldo López y Juan Delima viajaban en un Chevrolet Monza por la Panamericana, hacia Capital, escoltando una camioneta de un correo. Por la misma ruta y en la misma dirección, en un Fiat Uno viajaban Fabián Soto y Edgardo Hurleghi, ambos custodiando un camión de una firma de cosméticos. Eran las 5.30 de la mañana. Según parece, los ocupantes del Monza reconocieron a Soto, con quien habían sido compañeros de vigilancias privadas. Arrimaron entonces el auto para saludarlo.
Del otro lado, según fuentes policiales, no los reconocieron. Los reflejos predeterminados de Soto y Hurleghi parece que sólo imaginaron un asalto, sacaron sus armas y dispararon. Desde el Fiat Uno tiraron diez veces. El Monza quedó hecho un colador. Delima resultó baleado en el brazo derecho, en una de sus piernas, y en la cabeza. López murió de un disparo en la cabeza. Soto, Delima y López se conocían de haber trabajado en la misma empresa que ahora intenta realizar “tareas de inteligencia” en Cariló.