“Hay información que (Diego) Lagomarsino no dio en homenaje a (Alberto) Nisman. Forma parte de la intimidad económica de la familia, que no hace al objeto de la causa, y que podría ser utilizada para dañar la imagen del fiscal cuando lamentablemente ya no está entre nosotros y no puede defenderse”, advirtió ayer Maximiliano Rusconi, abogado del informático que trabajaba para el fiscal fallecido. De esa manera, retrucaba a Sandra Arroyo Salgado, quien había declarado el lunes por iniciativa propia en la fiscalía, ocasión en la que aludió a una supuesta vinculación económica entre Nisman y Lagomarsino, al menos a través de una cuenta bancaria en el exterior. El defensor dijo que si el joven es citado “para dar las aclaraciones pertinentes, las dará, con la convicción de que él no ha sido responsable de dañar la imagen de Nisman”. Esa es parte de la batalla de los últimos días, en la que la ex esposa del fiscal plantea que lo mataron y busca sembrar sospechas sobre el técnico que declaró que le prestó el arma de la que salió el disparo mortal. La fiscal Viviana Fein ya dispuso las primeras medidas para verificar el relato de Arroyo Salgado.

Una de las primeras cosas que hizo Fein fue citar a Sandra Nisman, hermana del fiscal, quien aún no se presentó por problemas de salud, pero lo haría la semana que viene. Arroyo Salgado la mencionó en su testimonio del lunes último: dijo –según pudo conocer Página/12 por allegados al expediente– que su ex cuñada le había contado que su hermano tenía una cuenta bancaria en el exterior (en Nueva York), que también las incluía a ella y a su madre, Sara Garfunkel, y por la que habían firmado papeles un año atrás; que él les había dicho que ahí había dinero. Después de la muerte de Nisman, según esta versión, se contactaron con la entidad para poder acceder a la cuenta en cuestión y allí les habrían dicho que las claves de acceso podía tenerlas Lagomarsino, a quien mencionaban como otro cotitular. La ex esposa del fiscal, apuntan fuentes del caso, se habría mostrado asombrada por ese dato, ya que estando casada con Nisman no habría llegado a compartir ni conocer sus movimientos económicos. Lo que sugirió es que si el vínculo entre Nisman y Lagomarsino era tan cercano, seguramente el informático tendría llaves del departamento de Le Parc.

Desde un comienzo Arroyo Salgado sostiene que Nisman no se suicidó, sino que lo mataron. La semana pasada, para darle peso a su teoría, hizo tres movimientos fuertes: presentó un informe forense para avalar con explicaciones científicas la hipótesis de homicidio, que va a contramano de la autopsia oficial y las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, que no señalan la intervención de terceros; pero un día antes pidió y consiguió frenar el peritaje tecnológico sobre el contenido de la computadora, teléfonos, discos rígidos y otros aparatos de Nisman, que entre sus primeros resultados mostraba que su netbook tenía navegaciones por Internet el domingo 18 de enero por la mañana, entre las siete y las ocho. Incluida la visita a las páginas web de tres diarios, al mail de Yahoo y una búsqueda en Google. El viernes de la semana pasada, Arroyo pidió el allanamiento de la vivienda de Lagomarsino, y la jueza Fabiana Palmaghini lo concedió, aclarando que igual ya habían pasado cuarenta días desde la muerte.

Una de las discrepancias centrales entre el dictamen de los peritos de Arroyo Salgado (Osvaldo Raffo, Julio Ravioli y Daniel Salcedo) y los estudios oficiales es el horario de la muerte. Los primeros dicen que fue el sábado 17 de enero entre la tarde y la noche, horario que coincide con el período en que Lagomarsino admitió haber estado dos veces en el departamento de Nisman, con el argumento de que le había pedido prestada un arma por seguridad (algo que también le pidió a uno de sus custodios). La autopsia del Cuerpo Médico sitúa el fallecimiento el domingo al mediodía. La querella no presenció este estudio y recién se presentó cuando había finalizado, según informó la fiscalía, por lo tanto sus expertos se basan en imágenes y videos del recogimiento de pruebas.

Rusconi dijo ayer que no puede darle un “valor positivo” al dictamen de los peritos de parte ni equipararlo a una autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense, “que tiene un plus de objetividad”. “No es que hay un empate” entre pericias. A su entender, lo que presentó la querella es una suerte de “prueba producida fuera del expediente, de modo autónomo y sin control de las partes”. “Se han generado convicciones aisladas, de modo paralelo, que tampoco pueden ser contrarrestadas con otros mecanismos probatorios”, señaló en alusión al peritaje tecnológico que quedó en veremos, con todo el material en manos de la jueza, que debe resolver un pedido de revisión del abogado defensor apoyado por la fiscalía. La resolución de Palmaghini impide que los peritos informáticos visualicen el contenido de los artefactos (mensajes, documentos, fotos, navegaciones, entre otras cosas).

“La actitud de la querella nos sorprende, no vamos a ser cómplices en frenar la investigación”, insistió Rusconi. “No creemos que debamos ser cómplices de este intento de distracción. Sin embargo, si Lagomarsino es citado a dar las aclaraciones pertinentes, las dará con la transparencia y en la convicción de que él no ha sido responsable de dañar la imagen de Nisman”, sostuvo, cargando las tintas sobre Arroyo Salgado.