Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero integran la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La Sala I de la Cámara Federal resolverá hoy si desestima o no la denuncia realizada por el fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otras personas. La denuncia, sostenida luego por el fiscal Gerardo Pollicita y ahora por el fiscal de Cámara, Germán Moldes, es por el delito de encubrimiento en la causa AMIA. La Cámara debe decidir si confirma el fallo del juez federal Daniel Rafecas, que fue lapidario y desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”. El magistrado consideró que el Memorándum de Entendimiento nunca pudo constituir un delito porque en ningún momento entró en vigencia y tampoco hubo delito respecto de las capturas con alertas rojas de los ciudadanos iraníes sospechados, ya que el gobierno argentino no hizo gestiones para levantar esas alertas sino todo lo contrario, insistió para que las alertas se mantengan. De hecho, el Ejecutivo no tenía facultades para pedir que se levanten ya que eso era privativo del juez.

Los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero tomarían una decisión durante la mañana de hoy. La semana pasada hubo una audiencia en la que Moldes sostuvo la acusación de Nisman y del otro lado se plantearon los argumentos de los abogados defensores, en especial los de Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, abogados del canciller Héctor Timerman, y Lucila Larrandart, en representación de Larroque.

La denuncia del fallecido fiscal de la UFI-AMIA quedó devaluada en los primeros días cuando el ex titular de Interpol Ronald Noble consideró directamente que era falsa; el juez Rodolfo Canicoba Corral dijo que “tiene escasa o nula entidad probatoria” y la jueza María Romilda Servini de Cubría desestimó habilitar la feria, entre otras cosas porque no se acompañaron pruebas.

Algunos de los juristas más conocidos del país manifestaron que el escrito de Nisman no tenía sustento ni planteaba delito alguno. En esa línea opinaron Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Julio Maier o Luis Moreno Ocampo. En estos últimos días, el jurista radical Ricardo Gil Lavedra se sumó virtualmente a la misma opinión: “La denuncia de Nisman tiene más fortaleza política que jurídica. No veo que el memorándum pueda constituir una estrategia criminal”, dijo en Radio del Plata.

Nisman acusó a la Presidenta de encabezar un plan para aliviar la situación de los sospechosos iraníes. El objetivo, según sostuvo en la denuncia, era garantizar la impunidad de los acusados y facilitar de esa manera un intercambio comercial en el que Argentina recibiría petróleo iraní y lo cambiaría por granos. Nada de eso se produjo y, además, quedó probado que el país no compra petróleo ni puede utilizar el que vendría de Irán porque tiene demasiado azufre.

En estos días hubo una operación publicada en la revista brasileña Veja en la que supuestos anónimos arrepentidos venezolanos habrían contado que el ex presidente iraní Mahmud Ahmadinejad le pidió al fallecido Hugo Chávez que gestionara un alivio para los sospechados y que, luego, se abrirían las puertas a una negociación por uranio enriquecido. Si Nisman conocía esta versión, ni siquiera la tuvo en cuenta por inverosímil, ya que no la incluyó en el escrito. Además, no existe la menor prueba de la existencia de aquel diálogo entre Ahmadinejad y Chávez. Y, de todas maneras, las gestiones de Ahmadinejad, de existir, no tuvieron efecto: la Argentina y el canciller insistieron una y otra vez para que se mantengan las alertas rojas.

En los dos meses que transcurrieron desde la denuncia de Nisman se encontraron, además, dos documentos redactados por el fiscal en los que consideraba razonable y entendible la política del Gobierno frente a Irán. Es decir que, por un lado, presentó de apuro, en forma desprolija, una denuncia diciendo que la Presidenta encubría y, por el otro lado, describía los continuos discursos de la Presidenta intimando a Irán y mencionaba que el objetivo del memorándum era llevar a los sospechosos ante la Justicia.

Todos estos elementos dejaron la denuncia de Nisman casi en la nada. Es más, no faltan quienes creen que no fue escrita por el fiscal y hasta están los que opinan que no la redactó un abogado, por cuanto no tiene ni una línea de jurisprudencia. Los propios textos de Pollicita y Moldes constituyeron un respaldo muy tímido, si se los compara con los argumentos de Rafecas y la opinión de casi todos los juristas.