“Hay un principio de estafa a los bonistas, vamos a analizar el acuerdo que firmó el Citibank con los buitres porque es violatorio de las leyes argentinas”, expresó ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. El entendimiento alcanzado el fin de semana entre el banco y los fondos buitre habilitó a la filial argentina del holding a cumplir con sus obligaciones en el pago de bonos el 31 de marzo. A cambio, el banco renunciaría a apelar las mismas decisiones del juez Griesa que cuestionó con dureza durante meses en tándem con los abogados de Argentina. La entidad financiera anunció además su intención de retirarse del negocio de custodia de los bonos. Desde el equipo económico consideran que el acuerdo es un artilugio legal para eximir de cualquier riesgo legal a la filial argentina del Citi en complicidad con los buitres. Esa decisión perjudicará a los bonistas, quienes no tendrían garantizada la recepción de los fondos en el exterior. Si bien los dólares saldrían de Buenos Aires, una vez en el exterior la casa matriz del Citi u otra entidad en la cadena de pagos no cursarían los recursos. El propio magistrado neoyorquino confirmó ayer esa hipótesis al emitir una orden restringiendo a la casa de clearing Euroclear, el último eslabón del proceso, la transferencia final de los fondos.

“El Citibank está tratando de quedar bien con dios y con el diablo. El banco tiene que garantizar que los tenedores de los bonos cobren los bonos. Tiene que cumplir la ley local, si no es pasible de ser sancionado”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda. El funcionario informó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el Banco Central evaluarán la legalidad del acuerdo para determinar si corresponde sancionar al Citibank Argentina. Otras solicitudes de información correrán por cuenta de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Si se determina la ilegalidad, no se descarta ninguna vía de acción. Por ahora, es improbable que se proceda con el quite de la licencia para operar en el país. Esa decisión, a diferencia del abuso de jurisdicción de Griesa, sí sería apelada con toda su fuerza por el banco. De confirmarse la violación a la ley es más probable que la CNV recurra a sus atribuciones en el marco de la Ley de Mercado de Capitales para sancionar al Citi.

Diferentes requerimientos de información a cargo de la CNV serán cursados a través de David Jacoby, vicepresidente del organismo dispuesto como veedor en la entidad la semana pasada. Entre las herramientas disponibles en la legislación figuran desde la suspensión de las actividades del banco vinculadas a la operatoria con bonos y otros instrumentos financieros o incluso separar a los órganos de administración de la entidad durante un período. Es difícil hallar una solución que garantice el flujo normal de los fondos antes del 31 de marzo. Sin embargo, desde el equipo económico enfatizaron que “a fin de mes nosotros vamos a pagar como corresponde” al tiempo que agotarán todos los recursos legales para dejar en evidencia la complicidad del Citi con los buitres.

La disputa gira alrededor de una porción limitada de los títulos de deuda emitidos durante la reestructuración: 3,7 millones de dólares de intereses de los bonos Par en dólares regidos por la ley argentina en manos de acreedores extranjeros. “Cuando Griesa sacó el pari passu, el Citibank, sin preguntar nada a las autoridades argentinas, consultó al juez qué tenía que hacer con los bonos”, explicó Kicillof, y luego precisó que “Citibank es custodio de bonos bajo ley argentina”.

El Citi es el tercer eslabón en la cadena de pagos de esos títulos. Los fondos salen del Tesoro hacia el Banco Central, que luego los transfiere a la Caja de Valores. Esa empresa distribuye los pagos a todas las entidades financieras que custodian los títulos para sus clientes. Entre ellos figura el Citibank Argentina. El banco está a cargo del pago de los títulos a los acreedores radicados en el exterior. Para eso le transfiere los recursos a su casa matriz en Nueva York, que finalmente envía los dólares a las casas de clearing Euroclear o Clearstream.

En las tres oportunidades previas en las que el Citi obtuvo un permiso excepcional del tribunal para cursar los fondos depositados por el país, el magistrado habilitó explícitamente a todos los intermediarios. Sin embargo, el documento de ocho páginas donde Griesa transcribió el acuerdo firmado entre el banco y los buitres no menciona al resto de las entidades involucradas. Los fondos saldrían del país, pero quedarían varados antes de llegar a los tenedores de bonos. Las decisiones de Griesa despejaron las incógnitas ya que incluso, si el banco procede como debería, la porción de los pagos a su cargo encontraría una barrera al llegar a Euroclear. “La decisión del juez confirma que el acuerdo entre los buitres y el Citi era una trampa, hay que ver cómo opera esa empresa”, expresó a este diario un colaborador del ministro Kicillof. Resta conocer cómo operará Euroclear a fin de mes.