El ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio “Jaime” Stiuso y otros ex espías fueron imputados ayer y comenzarán a ser investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros delitos. El fiscal federal Ramiro González requirió abrir una causa contra unas 50 personas y 85 empresas, muchas de ellas en el extranjero, que fueron denunciadas por la ONG La Alameda, y le solicitó al juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba para iniciar la investigación. Junto con Stiuso serán investigados los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni, además de empresarios presuntamente vinculados a ellos, y Carlos Molinari, procesado por lavado de dinero en la causa en la que se investiga a Lázaro Báez. Además, serán investigadas 85 empresas que La Alameda –a través de su titular y legislador porteño, Gustavo Vera– denunció como un entramado que lavó dinero de la agencia de espionaje.

La novel Agencia Federal de Inteligencia (AFI), a cargo de Oscar Parrilli, le informó a la Justicia que las empresas denunciadas no fueron creadas por el organismo como pantalla para hacer tareas de Inteligencia. Una de las empresas denunciadas es American Tape SRL, creada en 1995 para la producción, importación y distribución de elementos de audio y video, y que según La Alameda fue utilizada para lavar dinero.

Parrilli también desclasificó los legajos de Stiuso y del resto de los ex espías denunciados, y los envió a Tribunales. “Tenemos la sospecha de que esto no es sólo lavado de dinero de fondos reservados, sino que hay vinculación con el narcotráfico de parte de los agentes de Inteligencia”, había dicho Vera una semana después de la decisión de Parrilli.

Fuentes judiciales señalaron que el fiscal González entendió que la denuncia comprendía un “complejo entramado” financiero que requería ser investigado, por lo que dispuso la apertura de una causa. Para comenzar, le pidió al juez Casanello unas 30 medidas de prueba, entre ellas informes a entidades bancarias, financieras y organismos públicos como la Inspección General de Justicia (IGJ).

Tras ser relevado por el Gobierno del secreto de Estado, Stiuso declaró en la causa en la que se investiga la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, tras lo cual habría viajado a Uruguay.

En la ampliación de su denuncia, el legislador Vera mencionó a Juan Carlos Ioanu como supuesto testaferro de Stiuso y con dos empresas radicadas en Miami. Vera señaló que tiene la misma dirección que American Tape USA, la compañía madre de Stiuso y otros ex agentes de Inteligencia identificados como “la banda de los ingenieros”. Según la denuncia, American Tape está a nombre de Jordi Ferrando Verite, un pariente de Ricardo Verité, quien a su vez es socio del supuesto testaferro de la empresa distribuidora Verite Distributors SRL. A su vez, en el entramado de compañías que denunció, Vera incluyó al empresario Juan Carlos Molinari, quien pagó la fiesta de casamiento de Leonardo Fariña y Karina Jelinek, y fue procesado por el juez Sebastián Casanello por presunto lavado de dinero, en la misma causa donde fue indagado Lázaro Báez.

Luego de la denuncia de Vera, la Unidad de Información Financiera aportó información a la Procuraduría contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) sobre operaciones comerciales en las que estaría vinculado Stiuso. Y el Gobierno lo denunció por contrabando, a raíz de 67 importaciones de equipos electrónicos realizadas entre 2010 y 2014.