Los abusos sexuales y violaciones durante el terrorismo de Estado vienen siendo abordados en forma específica en la causa abierta por delitos de lesa humanidad, y en ese sentido es que se pronunció el fiscal federal Federico Delgado al solicitar la indagatoria de once imputados por este tipo de delitos cometidos en los centros clandestinos Cuatrerismo-Brigada Güemes, también conocido como Protobanco, y comisaría de Monte Grande. Delgado señaló que “el sometimiento sexual de las detenidas se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular.” Se investigan los hechos cometidos en perjuicio de doce víctimas que estuvieron ilegalmente detenidas entre 1974 y 1978.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público reiteró los fundamentos que vinculan los delitos sexuales con crímenes de lesa humanidad. Además, destacó el carácter autónomo de esa clase de figura legal y, por lo tanto, su independencia de los tormentos.

Tras un repaso de los hechos, el fiscal recordó que el centro clandestino de detención Protobanco funcionó entre noviembre de 1974 y febrero de 1977 bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército. Estaba ubicado en Camino de Cintura y Riccheri, en el conurbano bonaerense. En tanto, la comisaría de Monte Grande, en la calle Santamarina 474 de esa localidad, operó como CCD desde julio de 1976 hasta octubre de 1978, además de llevar a cabo sus funciones regulares.

Los casos relevados surgieron de los testimonios de las propias sobrevivientes, quienes incluso dieron cuenta de abusos y violaciones sufridas por otras dos víctimas que continúan desaparecidas, pero que llegaron a narrar lo sucedido cuando coincidieron en los centros. Todas fueron detenidas ilegalmente y trasladadas a esos lugares en el período investigado.

“Entendemos que no existe margen de error al afirmar que la que nos convoca constituyó una práctica habitual que formó parte del ataque generalizado contra la población civil diseñado por el gobierno de facto que usurpó el poder en 1976 y estableció un plan sistemático de represión estatal”, indicó Delgado al interpretar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, implementado en la Argentina a través de la ley 26.200. El instrumento internacional expresa que la violencia sexual es constitutiva de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, por lo que, a criterio del fiscal, los hechos desplegados en nuestro país habilitan su caracterización como delitos de lesa humanidad y eso los convierte en imprescriptibles.

En ese sentido, agregó que estas agresiones “cometidas fundamentalmente contras las mujeres detenidas en los CCD implicaron un ataque generalizado y sistemático en la medida en que fueron replicadas en todos y cada uno de los niveles de mando y ejecución del plan, a lo largo y ancho del territorio nacional. Ello da cuenta de que no se trató de algún hecho aislado o acción individual y excepcional producto lascivo de una persona, o siquiera de una práctica local, sino que fue una modalidad sistemática, uniforme, continua, reiterada y masiva establecida verticalmente, y que formaba parte del conjunto de prácticas criminales que integraron el dispositivo represivo”. Delgado describió que “el sometimiento sexual de las detenidas se tradujo en un modo de instrumentar el miedo, la degradación, el castigo y el aniquilamiento predispuesto para las mujeres en particular”.

Establecida la independencia de estos delitos, afirmó que “seguir colocándolos dentro del rótulo genérico de ‘tormentos’ implica continuar velando una parte de la historia que de ese modo se deja de contar”. Por eso solicitó las indagatorias a seis militares y policías como autores mediatos de violaciones y abusos sexuales, pidió un reconocimiento fotográfico y tras el resultado de esa medida, también sean indagados otros cinco imputados.