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La Cámara de Casación archivó –de hecho– la denuncia formulada por Alberto Nisman en enero. El fiscal imputó a la Presidenta, al canciller, al diputado Andrés Larroque y a otros dirigentes por el delito de encubrimiento del atentado a la AMIA, una acusación de envergadura que fue usada a nivel internacional. El texto del fiscal –con mucho tufillo a la derecha republicana e israelí– fue arrasado en todas las instancias judiciales: el juez federal, la Cámara y Casación. El ex secretario general de Interpol Ronald Noble lo consideró falso. Y también cosechó rechazos en el mundo académico, como el de los juristas Julio Maier, Raúl Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra y Luis Moreno Ocampo. Finalmente, la denuncia fue desestimada por el fiscal Javier De Luca por inexistencia de delito y eso motivó que el expediente se envíe al juez de instrucción para su archivo. El desestimiento original provino del juez Daniel Rafecas, quien, en un pormenorizado fallo, analizó todos los elementos de la presentación: detalló que la Comisión de la Verdad nunca se puso en marcha porque ni siquiera el memorándum entró en vigencia; tampoco nunca hubo intercambio de petróleo por granos; no existió ninguna gestión para levantar las capturas con alertas rojos de los sospechosos iraníes y las escuchas no involucraban a nadie con poder decisorio. Rafecas, además, encontró un texto, con fecha de diciembre de 2014 y enero 2015, en el que Nisman afirmaba lo contrario de lo señalado en su denuncia: decía que el Gobierno y la Presidenta habían tenido una gran actuación en la causa AMIA buscando las formas de llevar a los sospechosos a la Justicia.

Tres páginas

La resolución de ayer de la Sala I de la Cámara de Casación es breve: en total, tres páginas. Ana María Figueroa transcribió una parte del desestimiento formulado por el fiscal De Luca quien, como Rafecas, consideró que no existió delito. “En esta causa –había dicho De Luca– por más que se recorran todas las hipótesis de la denuncia, una y otra vez, no se logra encontrar delito alguno a averiguar y demostrar. Lo mismo sucede con el requerimiento de instrucción, de apelación y del recurso de casación. Sostener que la firma de un tratado constituye un plan criminal es un absurdo desde el punto de vista jurídico. Si la firma de este acuerdo internacional pudiera ser entendida como una ayuda material a los prófugos, tentada o ya consumada, igualmente no constituiría delito porque recaería dentro de la competencia constitucional no justiciable de los poderes Ejecutivo y Legislativo.”

“Véase que la conformación de una Comisión de la Verdad –transcribió Figueroa– y la notificación a Interpol están escritas en el mismo acuerdo, totalmente a la vista y fueron ratificados por el Congreso de la Nación. Es decir, nuestros legisladores, en el ejercicio de su potestad constitucional, dispusieron esas cláusulas.”

Finalmente, Figueroa citó otra conclusión de De Luca: “De conformidad con el principio de legalidad, nuestra ley exige que lo que se denuncie e investigue sean hechos que constituyan delitos y no cualquier hecho de la vida”. Con textos más breves, de apenas un par de renglones, también votaron tomar razón del desestimiento los jueces Luis María Cabral y Gustavo Hornos.

Feria

La denuncia provocó un enorme asombro, no sólo por su contenido, sino porque se presentó en plena feria judicial, el 14 de enero. Sin explicaciones, Nisman volvió de un viaje a Europa y llevó a tribunales un texto visiblemente desprolijo, sin respaldo de jurisprudencia y sin presentar pruebas, como, por ejemplo, la transcripción de las escuchas que citó en su denuncia. La jueza María Servini de Cubría rechazó habilitar la feria e hizo saber a Nisman que había presentado el texto sin pruebas.

Un día más tarde, el juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa AMIA, arremetió con la máxima dureza: “Son textos originados en servicios de Inteligencia y tienen escaso valor judicial. Debo estudiar si el fiscal no incurrió en un delito, porque dice que estuvo dos años investigando esto, sin notificar a ningún juez y desviándose de lo que era su cometido: la pesquisa del atentado”. El magistrado Ariel Lijo decidió volver de sus vacaciones para ver si la denuncia debía ser tratada en forma urgente. Llego a la conclusión de que no había elementos que justificaran el tratamiento en feria y reiteró que Nisman no presentó pruebas.

Interpol

Dado que el centro de la denuncia consistía en señalar que la Presidenta y el canciller habían hecho gestiones para levantar las órdenes de captura con alertas rojos, los golpes demoledores vinieron de la documentación exhibida por la Cancillería y luego por el propio ex secretario general de Interpol Ronald Noble.

El viernes 16, Timerman mostró el intercambio con la sede de Interpol inmediatamente después de la firma del memorándum. La Cancillería envió una notificación de que se firmó el acuerdo con Irán, pero le advirtió a la central de policías que esto no cambiaba el status de las órdenes de captura contra los sospechosos iraníes. Además, muy poco después, exigió una respuesta por escrito de Interpol ratificando la vigencia de los alertas rojos. Noble, desde Dubai, envió un mail a Timerman y luego se prestó a una entrevista con Página/12 en la que sostuvo, taxativamente, que “la denuncia de Nisman es falsa”.

Muerte

Los rechazos a la denuncia dejaron al fiscal prácticamente solo a partir del viernes 16. Hasta la AMIA y la DAIA se movieron con cautela. Con ese cuadro de situación, Nisman debía concurrir el lunes 19 al Congreso a exponer sus pruebas. De entrada pensó que iba a ir únicamente de la mano de la oposición –de ahí las numerosas llamadas con Patricia Bullrich y Laura Alonso–, pero el Frente para la Victoria decidió hacerse presente y exigió que la sesión fuera pública. Como se sabe, Nisman murió en ese fin de semana. No sólo la denuncia había quedado seriamente averiada, sino que afrontó una seria pelea familiar, lo que pudo verse en los durísimos WhatsApp que intercambió con su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado.

Jueces

El recorrido judicial terminó hundiendo la denuncia. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó el texto, pero con un escrito que exhibía más dudas que certezas. Trascartón vino la desestimación firmada por Rafecas con argumentos lapidarios: no podía constituir delito un memorándum que nunca entró en vigencia, con una Comisión de la Verdad que no se constituyó, levantamiento de capturas que nunca se concretó, intercambios de petróleo por granos que tampoco existieron y una maniobra de quitarles responsabilidad a los iraníes a través de una pista de fachos locales que nunca se formuló.

Aun así, el fiscal de Cámara, Germán Moldes, apeló lo resuelto por Rafecas. Pero los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler también rechazaron la denuncia. “No se puede salir de pesca a buscar si hay un delito o no”, fue el concepto que salió de la Cámara Federal. Esto significa que cuando hay una denuncia se debe definir con precisión cuál es el delito y en este caso no existía ninguno. “No hay atisbo del supuesto delito. El memorándum pudo ser un fracaso, un error o lo que sea, no un delito”, escribieron los camaristas. Freiler agregó un trabajo sobre las escuchas en el que descubrió que se falsearon contenidos, uniendo comunicaciones de días distintos.

Final

Tras el desestimiento del recurso ante la Casación por parte de Javier De Luca, los tres jueces clausuraron ayer virtualmente el expediente. Ahora, la causa vuelve a Rafecas, a quien corresponde archivarla.

Uno de los mayores enigmas es el origen de la denuncia de Nisman. Hoy se conocen con mayor claridad sus vínculos con la derecha republicana de Estados Unidos, la derecha israelí e incluso con los fondos buitre, a través de la autoproclamada Fundación de Defensa de la Democracia. En paralelo, el fiscal operaba con la ex SIDE, encabezada por Jaime Stiuso, que también estaba alineado con Washington y Jerusalén. A la luz de esos vínculos, parece consistente la idea de que Nisman se involucró en la campaña que esos sectores emprendieron contra el inminente acuerdo de Irán con Estados Unidos, Rusia, China, Alemania, Francia y el Reino Unido para limitar los proyectos nucleares de Teherán. Los países más poderosos firmaron su memorándum con Irán y Nisman salió a torpedearlo con el argumento de que Teherán infiltra a América latina, tiene vínculos con algunos gobiernos y, sobre todo, es una fuerza terrorista con la que no se puede acordar. La campaña requería una denuncia rápida y no podía esperar, lo que explicaría por qué el texto fue poco trabajado, sin basamento jurídico y sin presentar evidencias. Todo derivó en el final de la historia de ayer: el archivo de la causa.