Custodios y ordenanzas de la Corte Suprema tenían todo preparado para recibir a Carlos Fayt y ayudarlo a llegar al cuarto piso, al acuerdo de todos los martes. Lo harían entrar por la Alcaidía del Palacio de Justicia, donde están las celdas, para evitar el revuelo en días en que todos los medios están pendientes de su aparición por el tribunal. El ministro, de 97 años, hace un mes que no va a su despacho y hace mucho más que su presencia allí es la excepción a la regla. Su llegada ayer era esperada hasta por la propia Corte como demostración de que –como esbozó el propio Fayt en el programa radial de su abogado, Jorge Rizzo– está “trabajando como siempre”. Pero el decano de los supremos nunca llegó. Ni siquiera atinó a salir del edificio donde vive en Recoleta, que no tiene cochera, y cuya entrada principal estaba taponada por un alud de periodistas entre quienes era difícil de imaginar su paso. Así fue como el alto tribunal se reunió en su mínima expresión, pero hizo en pocas horas una demostración de hiperactividad: pidió plata para aumentos salariales del Poder Judicial y sacó una lista de fallos para todos los gustos, incluida la desvinculación definitiva del ex presidente Fernando de la Rúa en los asesinatos de diciembre de 2001, la confirmación de condenas contra represores por los crímenes en la ESMA así como el rechazo a un nuevo pedido de un grupo de ex combatientes de Malvinas para que las torturas que sufrieron sean consideradas crímenes de lesa humanidad.

“Fayt decidió no venir, como hace siempre”, responsabilizaron al juez voceros de la Corte ante la consulta de Página/12. Esta vez, sus colegas tampoco le mandaron ningún expediente a su casa para que firme, como hacen habitualmente y como hicieron el 21 de abril cuando decidieron re-re-reelegir a Ricardo Lorenzetti para un cuarto mandato como presidente supremo cuando le faltan ocho meses para terminar el actual. Fue la famosa acordada que desató el escándalo, porque decía que Fayt había estado presente en la sala de acuerdos y que, además, había avalado la elección de Lorenzetti y postulado él mismo a Elena Highton de Nolasco como vice, como reveló el periodista Horacio Verbitsky en este diario. Frente a la oleada de críticas, la semana pasada el máximo supremo amagó con renunciar a la presidencia por “cansancio moral”, según trascendió desde sus colaboradores que añadían que el tema volvería a ser tratado en el acuerdo –precisamente– de ayer. Pero nada de esto sucedió, o al menos eso dicen los informantes cortesanos, que ahora dicen que la discusión por la presidencia quedó saldada la semana pasada con la publicación de un comunicado que ratificaba “total y absolutamente las autoridades designadas” para el período 2016-2019.

La puerta de la Alcaidía, por donde iba a entrar Fayt, es la que suelen utilizar las visitas ilustres y empresarios que recibe la Corte para que no los vean. Todo hace suponer que el ministro no asistió al tribunal porque realmente hubiese sido un acto de exposición extrema cuando está todo el mundo en vilo preocupado por corroborar su estado físico y mental. Pero, desde luego, fue una decisión política, ya sea propia y/o de sus consejeros. Su ausencia representa un golpe para Lorenzetti, con quien, contra algunas suposiciones, su relación no ha sido fluida y equilibrada. El tribunal tenía muchos expedientes en vista para firmar ayer y resolvió todos aquellos donde coincidían los tres jueces presentes. Pero existen otros, en especial casos contra el Estado, en los que Highton es reticente a sumar voluntad si encierra algún impacto negativo para el Gobierno. Un fuerte rumor tribunalicio decía esta semana que lo necesitaban a Fayt para firmar un fallo que amenazaba con tener impacto en los mercados. Justo esta semana no parecía la mejor para que firmara desde su casa.

La difusión de varios fallos, todos referidos a casos conocidos y logrados con tres firmas, tampoco parece casual. Lorenzetti repite en los últimos tiempos, ante la insistencia del oficialismo de cubrir la vacante que dejó Raúl Zaffaroni al jubilarse, que el tribunal puede funcionar con cuatro jueces, o sea, incompleto. El año pasado, en un reportaje con este diario, Highton dijo otra cosa: que lo ideal es que la Corte esté completa.

Una de las resoluciones que firmaron Lorenzetti, Highton y Juan Carlos Maqueda, rechaza un planteo de un grupo de ex combatientes de Malvinas que le pedía al alto tribunal que reconsidere su propia decisión de desestimar analizar si las torturas, estaqueamientos y otros vejámenes sufridos por los soldados son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, como sostenía el fiscal de Casación Javier de Luca. El fallo supremo de febrero último fue aludido por Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa. La Corte tenía el caso desde 2012, y se tomó más de dos años para decidir con un tecnicismo de escasos renglones, que no podía analizar nada por no haber “sentencia definitiva”. La Cámara de Casación había dicho que no son crímenes de lesa humanidad. La Cámara de Comodoro Rivadavia, en función de eso, declaró la prescripción y las víctimas llevaron el tema a la máxima instancia, porque sí vieron una sentencia definitiva. Los organismos y fallos internacionales establecen el deber de los estados de eliminar obstáculos para investigar violaciones a los derechos humanos. “Aun así, llevamos 33 años de impunidad”, dice Ernesto Alonso, del Centro de Ex Combatientes de La Plata. El organismo hizo un pedido de “revocatoria” y la Corte sostuvo los tecnicismos con una salvedad, que se anticipa a una posible denuncia que los involucre en la Comisión Interamericana: dijo que aún no falló sobre el fondo.

Los otros fallos con tres firmas son: las condenas a perpetua de Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta por los crímenes en la ESMA; la condena a 18 años contra Susana Freydoz por el crimen de su marido, Carlos Soria, gobernador de Río Negro y la desvinculación de De la Rúa por las muertes de diciembre de 200 (ver página 15).

El pedido a la Jefatura de Gabinete de una modificación de partidas para dar un aumento de 10 por ciento en el Poder Judicial es parte de las iniciativas en las que suele asentarse Lorenzetti para reforzar su predicamento en la familia judicial. El manejo del dinero ha sido tema de confrontación con el Consejo de la Magistratura y con el Ejecutivo.