El Frente para la Victoria avanzó ayer en el inicio de un “proceso de investigación” para determinar si el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt mantiene, a sus 97 años, las “condiciones psicofísicas” necesarias para continuar desempeñándose como miembro del máximo tribunal. En el marco de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo aprobó con 19 votos a favor y 9 en contra el dictamen presentado por su presidenta, la diputada Anabel Fernández Sagasti, en el que se proponen distintas medidas probatorias, como la citación a funcionarios de la Corte, abogados y periodistas, entre otros. La oposición, en minoría, argumentó cuestiones reglamentarias y acusó al oficialismo de ejercer una “tortura psicológica” sobre Fayt y de buscar “impunidad” avasallando la independencia del Poder Judicial.

En un contexto de tensión con un sector del Poder Judicial y ante las irregularidades denunciadas en la elección (por un cuarto período consecutivo) de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte Suprema, el kirchnerismo impulsó ayer la citación a trece personas para que puedan aportar información sobre el estado de salud de Fayt, quien ocupa un lugar en la Corte desde 1983. Según fuentes judiciales, el magistrado no concurre al tribunal hace más de un mes. Sin embargo, la acordada del 22 de abril que definió la tercera reelección de Lorenzetti sostiene que el juez Fayt y sus colegas, Elena Highton y Carlos Maqueda, se encontraban “reunidos en el salón de acuerdos del tribunal”. El texto afirma incluso que Fayt y Maqueda “proponen a la doctora Elena Highton” como vicepresidenta, cuando Fayt en verdad nunca estuvo presente, sino que la documentación fue luego llevada a su domicilio para que la firmara.

“Me preocupa que se le dé a Fayt un rol activo que no tuvo”, afirmó ayer el diputado y abogado Héctor Recalde, quien explicó que sin el aval del ministro decano no se podría conseguir la mayoría de 3 votos necesaria para dictar sentencia. En la misma línea, su par Luis Cigogna aclaró que no se le está imputando una actitud incorrecta a Fayt, sino que el conflicto apunta al presidente del cuerpo: “La objeción no es que firmó en su casa. Es que el señor Lorenzetti le hizo decir cosas que no dijo. Habló de que hizo propuestas en una reunión, algo que era imposible porque no estaba”, insistió.

Al leer su informe, Fernández Sagasti detalló los nombres de quienes serán citados para responder preguntas en las próximas reuniones de la comisión, que ayer pasó a cuarto intermedio. Se trata del secretario general y de Gestión de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados de la Corte, Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi, Marcos Morán; al chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la secretaría privada de Fayt en la Corte Adriana Vázquez y Rosario Horno.

Por otro lado, se citará al periodista de Página/12 Horacio Verbitsky, quien reveló las irregularidades en la elección de Lorenzetti, a la periodista de CN23 Ana Wainer y los productores del programa Gente de Derecho de Leonardo Scolpatti y Sergio Paz. Los periodistas de Radio América fueron los que realizaron la grabación difundida el sábado en el programa que conduce el abogado defensor de Fayt, Jorge Rizzo. En ese audio, el ministro de la Corte asegura que está bien y que continúa trabajando.

“Se ha instrumentado un gran operativo mediático para simular una situación en la que se está llevando al juez a una situación de indignidad”, denunció la diputada Teresa García, encargada además de refutar los cuestionamientos reglamentarios de los bloques opositores.

Tanto el PRO como la UCR y el GEN consideraron que la Comisión de Juicio Político no tiene facultades para iniciar este procedimiento porque no existe una denuncia o un pedido formal de juicio político. Mario Negri, el jefe de la bancada radical, agregó que el expediente por el que se origina el proceso es una nota de 2014 del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por entonces senador nacional. Según el radical, se encuentran vencidos los plazos para su tratamiento, ya que se produjo un cambio en el período parlamentario. “Estamos discutiendo sobre la nada misma”, insistió. “La comisión solo puede actuar si hay una denuncia de juicio político. El expediente de Aníbal Fernández es simplemente un pedido de investigación, por lo cual, la comisión no es competente para su tratamiento ni para producir medidas de prueba”, coincidió el macrista Pablo Tonelli.

Para la precandidata presidencial Margarita Stolbizer, “el oficialismo está dispuesto a llegar a la tortura psicológica a un juez de la Corte porque le molesta su independencia”. Otros opositores como el radical Manuel Garrido consideraron que tomar como criterio los casi 100 años de edad del ministro es una actitud “estigmatizante” y “discriminatoria”. “Están haciendo una verdadera caza de brujas”, remató el ex fiscal anticorrupción.

Tanto Cigogna como Recalde recordaron la legislación vigente que establece edades de 65 años para la jubilación en distintas áreas de la administración pública, basados en la disminución de las facultades cognitivas conforme el deterioro biológico producto de los años. Además, desde el FpV rechazaron los acusaciones sobre la presunta discriminación de los adultos mayores y retrucaron con las políticas de inclusión impulsadas por Néstor y Cristina Kirchner como la reestatización de las AFPJ, el saneamiento del PAMI, la implementación de tarjetas de crédito y de facilidades para el turismo.

Sobre el estado parlamentario de la presentación realizada por Fernández, García afirmó que no se trató de un proyecto presentado por el entonces senador, sino de una nota y que ésta no fue archivada por la comisión. Además, señaló que si bien la comisión tiene como objeto iniciar el procedimiento de juicio político bien puede “investigar y preguntar”. “Quien puede lo más, puede lo menos”, citó García, en referencia al principio general del Derecho.

También hubo espacio ayer para consideraciones políticas más generales sobre la situación del máximo tribunal, que se encuentra con tres miembros activos tras las muertes de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, y la jubilación de Raúl Zaffaroni. “Estamos inmersos en un enorme problema político. La Corte debe funcionar con cinco miembros, no sólo por una cuestión de números impares, sino porque se necesitan cinco cabezas que puedan pensar y tomar decisiones”, concluyó Recalde.