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El debate sobre qué pruebas se le aceptaban a la defensa y a la acusación del juez de la Corte Suprema Eduardo Moliné O’Connor prometía dividir al oficialismo y empantanar el proceso contra el magistrado. Pese a los malos augurios y a que todavía se desconoce qué decisión tomarán los radicales luego de su reunión de bloque, el peronismo consiguió un apoyo prácticamente unánime a su proyecto. Allí se resolvió citar a cerca de 16 testigos y recolectar una serie de pruebas informativas. Este dictamen será el primer punto del temario que hoy tendrá la sesión en la Cámara alta. Si, tal como todo indica, obtiene el respaldo de la mitad más uno de los presentes, comenzarán a correr los 30 días hábiles de plazo que tiene, de máxima, la Comisión de Enjuiciamiento para concretar todas las diligencias antes de emitir un fallo definitivo. A ese ritmo es altamente probable que la sentencia contra Moliné se concluya antes del 10 de diciembre, fecha en la que se renueva un tercio del cuerpo y por ende del tribunal de juicio político.
La discusión sobre la manera en que se concretaba el procedimiento de apertura de pruebas aparecía como técnica y tediosa, pero tras de ella se enmarcan las estrategias del proceso. La fórmula encontrada, un balance entre lo pedido por ambas partes, convenció a la mayoría de los bloques.
La menemista salteña Sonia Escudero señaló que le era necesario contar con una pericia y un informe reclamado por la defensa de Moliné, en la que el Ministerio de Economía debería explicar bajo qué cálculo fue que el reclamo de 28 millones concedido por la Corte se transformó en los cerca de 400 millones en favor de la petición del grupo empresario Meller, los integrantes de la comisión acordaron que si era tan sólo ése el obstáculo que le impedía a la legisladora firmar el dictamen oficial estaban dispuestos a contemplarlo.
Algo parecido sucedió con el radicalismo. En este caso, el chaqueño Eduardo Moro adelantó que si bien su bancada resolverá hoy al mediodía su posición definitiva, él podía adelantar que “la UCR compartía los procedimientos llevados adelante por la Comisión” de Enjuiciamiento. El principal temor del radicalismo, según el chaqueño, era que “no se abriera el período de prueba”. Luego de la demostración de buena voluntad demostrada por los representantes de la bancada mayoritaria, Moro adelantó que en los radicales “hay espíritu de ayudar y llevar adelante el debate”.
Moliné es enjuiciado por tres casos: Macri, Magariños y Meller. Para los tres casos, como prueba informativa, la comisión resolvió solicitar oficios a la Comisión Nacional de Comunicaciones reclamando contratos, montos, fechas de reclamos, facturas impagas y retrasos de Entel con el Grupo Meller. Al procurador del Tesoro se le solicitó: las disposiciones administrativas que regulan en el Estado los procedimientos de inicio y seguimiento de expedientes. Al Ministerio de Economía se le solicita el listado de reclamos formulados por Meller.
Se descartó la citación como testigos de Néstor Kirchner, de Eugenio Zaffaroni, de Carlos Menem y otros nombres rutilantes, por considerarlos como una mera chicana. Fueron convocados a testimoniar el juez Héctor Magariños, sancionado por la Corte Suprema, el abogado Manuel Garrido de la Oficina Anticorrupción y varios gerentes de Entel, del Ministerio de Economía, de la Procuración y del tribunal arbitral creado en su momento por la interventora María Julia Alsogaray. En el Senado especulaban ayer que con ese número de testigos el fallo puede dictarse antes de la renovación de la Cámara.