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Por estos días en la provincia hay apellidos que tienen una fuerte carga política. Bussi es uno, por su pasado y ahora por su condición de preso por delitos de genocidio. El otro es Vargas Aignasse. Es el apellido del desaparecido por el que se está intentando juzgar al militar. También es el de la persona que asumirá la intendencia capitalina porque el represor está a disposición de la Justicia. Se trata de Carolina Vargas Aignasse, una joven abogada de 30 años, electa concejala y desde el jueves presidenta del Concejo Deliberante. Por decisión del cuerpo colegiado se hará cargo del municipio. El bussismo la ataca, la trata de usurpadora. Incluso el saliente gobernador Julio Miranda considera que no es la persona indicada para el puesto. Ella no se inmuta: “La reconciliación de un país no llega a través de la impunidad. Se conseguirá cuando los que hicieron cosas que no debían, paguen siempre dentro del marco de la ley. Y Bussi debe responder ante la Justicia”.
–¿Qué significa para usted hacerse cargo de la intendencia máxime cuando por la denuncia de su padre está detenido Bussi?
–Si le tuviera que contestar de manera subjetiva sobre la situación de Bussi, le diría que es el reclamo lógico de justicia de toda una familia que hace años interpuso el juicio. Mi padre realizó la denuncia en 1984. Ahora, la llegada de (Néstor) Kirchner y la anulación de las leyes (de Punto Final y Obediencia Debida) posibilitó que la Justicia de Tucumán actúe. Nosotros lo único que queremos es que se haga justicia, que haya un juez que pida las pruebas, que vea la situación procesal y que lo lleve a juicio. Si esta persona supuestamente aceptó las reglas democráticas, bueno, éstas implican que se tiene que someter a la Justicia y no ampararse en esas leyes. Entonces, para mí, me siento contenta de que esté actuando la Justicia porque, además, éste es el único camino para producir la reconciliación en este país. Porque ésta no llega a través de la impunidad. La reconciliación podrá llegar en algún momento pero recién después de que los que hicieron cosas que no debían paguen dentro de lo que marca la ley.
–Ahora bien, ¿el hecho de que usted lleve el apellido Vargas Aignasse –con lo que significa en el caso de la detención de Bussi– la hizo dudar en algún momento?
–Mire, yo soy una dirigente política. Milito desde muy chica, todo lo hice muy a pulmón. Y tengo además una responsabilidad que proviene del mandato que me dio la gente. Entonces ni mi apellido, ni el caso Bussi deben distraerme de esa responsabilidad.
–El bussismo afirma que lo que hace el PJ es robarle el cargo que obtuvo en las urnas.
–No, ése es un comentario que no resiste el menor análisis. Acá hay una situación judicial donde hay una persona que está detenida y que mañana (por hoy) vamos a saber si se le dicta el auto de prisión preventiva o la falta de mérito. Si ocurriera que lo dejan en libertad, el jueves a las 11 podrá asumir. Y yo, en ese caso, me ocuparé de hacer una oposición firme, inteligente y constructiva. Como dije recién, acá no hay margen para otra cosa. Pero en caso de que le dicten la prisión hay una imposibilidad material para que asuma y hay un municipio descarrilado, sin autoridad y donde todos los días hay que hacerse cargo de los servicios, pagar los sueldos, hay que hacerse responsable de la intendencia. Ante esto creo que no hay tiempo para estar jugando.
–¿Y hasta cuándo estará usted en el cargo?
–Me quedo a cargo de la intendencia. Ahora bien, lo que se charló de manera informal con el resto de los bloques es la posibilidad de designar interinamente a un intendente hasta tanto se defina un llamado a nuevas elecciones que no está previsto en la ley pero tampoco prevé el hecho de que el intendente electo esté preso.
–De todas formas, y siempre según la ley, hay un plazo de diez días para que asuma el militar electo.
–Eso sí, pero si le dictan la prisión preventiva deberíamos entonces declarar la vacancia del cargo porque no sabemos cuándo el intendente electo va a cambiar su situación procesal. Entonces, si el Concejo declara la vacancia podríamos designar a otro. Todo lo haremos lo más ajustado a derecho posible. Pero también es cierto que cuando se redactó la ley no se previó la posibilidad de que el intendente electo esté detenido antes de asumir y por tiempo indefinido por la serie de causas que tiene. Nosotros tendremos que hacer una interpretación de la Constitución provincial que nos permita encontrar la salida. Creo que es preciso realizar consultas a las universidades.
–¿La catastrófica derrota que sufrió el PJ el domingo pasado influye en su posible gestión? ¿La debilita?
–Nooo. Yo hago otra lectura. Es un mensaje muy claro de la sociedad a los peronistas. Nos están diciendo que debemos hacer las cosas bien porque ellos no comen vidrios.
–Bueno, pero hace tres meses el PJ recibió 270.000 votos y ahora Julio Miranda apenas obtuvo 80.000 sufragios.
–Hay que tener en cuenta que en esta oportunidad José Alperovich no participó. Acá el candidato fue Miranda, pero la responsabilidad de lo que sucedió el domingo nos cabe a todos porque no supimos ofrecer una opción que convoque a la gente.
–Todo bien, pero ahora Miranda asegura que lo dejaron solo y hasta llegó a decir que usted no debería ser la presidenta del Concejo.
–(Piensa, luego ríe.) ... Esa es una opinión. Acá lo importante es sacar al municipio del precipicio.
–La capital tucumana lleva tres períodos conducida por bussistas y, en buena medida, son los principales responsables de la crisis que ésta vive. ¿Entonces, por qué lo votan a Bussi?
–Yo no soy socióloga. Creo que la capital está compuesta por un importante grupo de ciudadanos que son conservadores con un fuerte tinte autoritario, que es de años, generaciones. A esto se suman los pésimos y espantosos gobiernos municipales que llevan a la gente a buscar un poco de orden. Es verdad que Fuerza Republicana siempre fue vista como el único partido capaz de oponerse al justicialismo. Esta es una ciudad que nunca fue peronista y el bussismo aglutinó ese voto antiperonista. La contradicción está en que la gente lo sigue asociando a Bussi con la moral sin importarle los juicios por violaciones a los derechos humanos y mucho menos el de peculado que tiene en la Justicia provincial, los 60 días de suspensión por la cuenta en Suiza y el juicio político a sus ministros.