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Hasta hace pocos meses se lo podía ver con bermudas azules y calzado náutico en los salones del Yacht Club Argentino. Ahora, el represor de la ESMA, Alfredo Astiz, ya no circula libremente y permanece detenido a la espera de su juicio oral, acusado de secuestros y torturas y con pedido de extradición a Francia por el asesinato de dos monjas originarias de ese país. Pero en la última memoria y balance del club de navegantes, del cual son socios honorarios los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, Astiz figura en la categoría de “socio activo marino”.
“¿Usted es Astiz?, asesino, torturador”, fue la reacción de una visitante del Yacht Club Argentino de Mar del Plata que se topó sorpresivamente con la desagradable presencia en la tarde del primero de febrero de 2002. “¿Usted es socia?”, fue la contrapregunta del ex integrante del Grupo de Tareas de la ESMA. El hombre se sentía protegido, estaba en su medio, su pregunta tenía hasta una carga entre irónica y elitista.
La mujer se descontroló. Salir de paseo, encontrarse con un represor impune que no solamente pasea en libertad y con desparpajo, sino que hasta incluso le da a entender que él tiene más derecho que ella para estar en ese lugar, que no era la cárcel, la puso fuera de sí. “Asesino, violador, torturador –le soltó–, te infiltraste en las Madres, secuestraste a Azucena Villaflor, a las monjas francesas...” Astiz, imperturbable, le respondió en el mismo tono: “Qué bien informada que está”.
El choque produjo un pequeño zafarrancho porque en el club había varios visitantes que habían llegado para presenciar una regata. Algunos parroquianos defendieron al ex marino en su calidad de socio, pero la mayoría de los visitantes respaldó los planteos de la mujer. Porque lo más desopilante de todo era que las autoridades del club no sólo respaldaban al ex marino, sino que además insistían en expulsarla a ella. “Yo me voy si primero se va Astiz”, replicó la mujer.
Para un club que hace gala de su alto prestigio social, que tiene entre sus socios honorarios a los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, entre otras altas autoridades, y cuyos directivos tienen el cargo de comodoro y vicecomodoro aunque sean civiles, la situación que se había creado configuraba un verdadero bochorno con griterío y desprolijidades.
Astiz se había refugiado en un pañol. Se acercó una persona que se identificó como miembro de la comisión directiva y pidió que dejaran de hacer escándalo. “El escándalo es la presencia de Astiz”, le retrucaron con cierta lógica. Pero el hombre insistió en la defensa del represor que la sociedad identifica con las atrocidades cometidas por la dictadura militar en la Escuela de Mecánica de la Armada. “Astiz goza de los derechos de cualquier socio, estoy orgulloso de que este socio distinguido pertenezca a la institución”, expresó el directivo.
El episodio terminó con el retiro de la mujer y con Astiz tomando café en el buffet del club junto con los amigos que lo habían ayudado a zafar del escrache espontáneo, más causado por la indignación que por alguna intención política previa, y en definitiva una actitud representativa del sentimiento extendido en la sociedad.
Varias veces Astiz había sido sorprendido por periodistas y ciudadanos en general en las carpas de Playa Grande que tiene el Yacht Club en Mar del Plata. Astiz, a diferencia de otros represores de la Armada, proviene de una familia de oficiales de la institución, como su padre, el capitán de navío (RE) Alfredo B. Astiz, quien falleció el año pasado y a quien se lo menciona a manera de homenaje en la memoria y balance 2002-2003 del club, en la categoría de “socios vitalicios fallecidos en el ejercicio”. Ningún otro represor de la Armada despierta esa reacción tan fuerte cuando es convocado por la Justicia o repudiado por la sociedad, como Astiz, a quien se considera como parte de la familia naval.
Pese a ser una institución civil, el Yacht Club tiene una vinculación estrecha con la Armada. Los miembros de ésta son automáticamente socios del club y muchas de sus autoridades han surgido históricamente de sus filas. De alguna manera ese vínculo puede arrastrar a esta institución civil al camino que no termina de desandar la Armada, de aislamiento de la sociedad a partir de la defensa corporativa de asesinos y criminales que persiguieron y asesinaron a miles de personas que profesaban ideas similares a las de, por lo menos, dos de sus socios honorarios, los presidentes de Argentina y Brasil, Néstor Kirchner y Lula da Silva.
De todos modos, en sus estatutos el Yacht Club Argentino señala como motivo de expulsión “poseer antecedentes judiciales o policiales que afecten su buen nombre y honor”. Alfredo Astiz, quien fue expulsado de la Armada hace cinco años, está detenido a punto de comparecer ante un tribunal oral, acusado de cinco casos de secuestros y torturas en las personas de Carlos García, Amalia María Larralde, Carlos Lordkipanidse, Carlos Muñoz y Lázaro Jaime Gladstein, todos ellos sobrevivientes del campo de concentración y exterminio montado en la ESMA durante la dictadura. Astiz tiene otras imputaciones, pero esos cinco casos formaban parte de una causa que se abrió hace 16 años y que quedó congelada tras la promulgación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Cuando estas leyes fueron anuladas por el Congreso, la causa fue reactivada. Aún así, Astiz tiene pendiente un pedido de extradición a Francia ya que la Justicia de ese país lo acusa del secuestro y desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. Habrá que esperar la próxima memoria y balance del Yacht Club Argentino para saber si la institución cumple sus estatutos.