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Todos celebraron el consenso. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados emitió un dictamen unánime de una subcomisión que se encargó de unificar y consensuar las iniciativas de siete bancadas diferentes –FpV, UCR, PRO, FR, CC, Suma + y Celeste y Blanco– para hacer obligatorios los debates de los candidatos presidenciales. El texto de la iniciativa establece como obligatorio el debate de los candidatos presidenciales surgidos de las PASO y en caso de un ballottage. La Cámara Nacional Electoral (CNE) se encargará de la organización del debate que será retransmitido por el sistema de radio y TV públicas –de forma abierta para que se puedan sumar los medios privados– y habrá sanciones para quienes lo rehúyan. La iniciativa todavía tiene que atravesar la discusión en otras tres comisiones: Comunicaciones, Legislación General y Presupuesto. Algunos legisladores se entusiasman con la idea de sancionarlo este año e implementarlo para la elección presidencial de octubre.

“La idea fue lograr un consenso mínimo a través de un proyecto sólido y sustentable”, afirmó la diputa Carla Carrizo (Suma+), que presidió la subcomisión que elaboró el proyecto común. “Hemos cambiado el paradigma. El debate no está hecho para los candidatos, sino que es un derecho de los ciudadanos saber qué proponen quienes se postulan para gobernarnos”, agregó Carrizo, que consideró que no se lo podía dejar en manos “de los grupos de poder”, como sucedió en la ciudad de Buenos Aires, donde se dejó afuera a los partidos de izquierda.

Carrizo se hizo cargo de la defensa del proyecto y no esquivó el cruce con las “organizaciones de la sociedad civil”, que advirtieron sobre “una utilización distorsiva de la obligatoriedad”, y de la macrista Patricia Bullrich, que cuestionó que el debate se realice a través del sistema de medios públicos que, afirmó, “le puede dar un sesgo determinado”. Del encuentro en el anexo de la Cámara baja también participaron el integrante de la CNE, Alberto Dalla Vía; y el representante de Argentina Debate, Hernán Charosky.

El proyecto establece la obligatoriedad del debate público a todos los candidatos presidenciales surgidos de las PASO, entre 20 y 30 días antes de la elección general. Lo mismo sucederá en caso de que fuera necesario un ballottage. La CNE será la organizadora del debate, convocando a una audiencia a los candidatos para acordar los términos y formas, así como intervendrá en caso que no se alcancen posturas unánimes.

Todos coincidieron en que la sanción de una norma también debe contemplar penalidades para quienes no la cumplan. La sanción en la iniciativa quedó vinculada con los espacios gratuitos que se otorgan a los candidatos. Quienes eludan el debate obligatorio serán sancionados con un cartel que, durante 20 segundos, especifique que el candidato de esa fuerza no quiso debatir. La suma de esos segundos también serán descontados del total de minutos de publicidad gratuita que disponga ese partido político.

“Hay que tener en cuenta que la CNE está a cargo de un proceso electivo que ya ha comenzado y que la mayoría de los legisladores nacionales también están involucrados en la campaña electoral”, sostuvo la presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, a Página/12 para señalar las dificultades para avanzar rápido en el tratamiento, aunque aclaró que el oficialismo “no pondrá ningún tipo de obstáculo”. Conti también invitó a los presidentes de las otras comisiones que tienen que abordar la iniciativa que lo hagan “a la brevedad”.

“Todavía estamos a tiempo. Depende de la voluntad política”, afirmaban otros diputados que participaron del debate como autores de distintos proyectos. “Tenemos la semana próxima antes del receso para tratarlo en un plenario de comisiones. Si logramos la media sanción ahí, sólo faltará el Senado. Estamos en julio, las PASO son en agosto y las generales a fines de octubre. Podemos llegar para que se implemente este año”, sostuvo Carrizo.