La Procuración General tomará hoy el control concreto del sistema de escuchas telefónicas. Su funcionamiento, que quedó a cargo de la fiscal Cristina Caamaño, estará ahora dentro del área creada por la Procuración para dar apoyo técnico a las investigaciones de los fiscales, de la que ya dependen las pericias y los laboratorios que se vienen armando para dotar de mayores herramientas técnicas a los investigadores. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, anunció que, dado que la interceptación de los llamados puede “afectar derechos fundamentales” de las personas, habrá auditorías sorpresivas para monitorear el desempeño del sistema. En el mismo sentido, todas las escuchas que se realicen, incluso en las llamadas “investigaciones de inteligencia”, van a requerir de la orden de un juez o del pedido fundado de un fiscal.

El convenio de traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales –más conocida como la Ojota– fue firmado ayer por Gils Carbó y el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli (ver aparte). El organismo pasó a llamarse Departamento de Interceptación de las Comunicaciones (Dicom).

El sistema de escuchas funciona en un edificio de siete pisos ubicado en Avenida de los Incas al 3800. Además, la Ojota tenía 27 delegaciones en las provincias, pero a partir de la gestión como secretario de Inteligencia de Parrilli, esas delegaciones dejaron de hacer escuchas directas, es decir aquellas en las que personal de Inteligencia o de una fuerza designada por el juzgado –como la Policía Federal, la Aeroporturia o la Gendarmería– monitorea “en vivo”, desde un box y con auriculares, las conversaciones del teléfono pinchado.

Otro modo de escuchas –el más tradicional– es el de las grabaciones, en las que no hay una persona monitoreando en tiempo real lo que se habla, sino un sistema informático que lo registra. Esos audios después son cortados y enviados al juez.

Todo este paquete, manejado antes por la ex SIDE, es el que pasará a ser administrado por la Procuración.

Las intercepciones, aclararon fuentes del organismo, deben mantenerse dentro de lo que señala la Ley de Comunicaciones, que establece que tienen que contar con la autorización de la empresa proveedora del servicio telefónico. Por esto, las escuchas que las fuerzas de seguridad realizan con sistemas móviles como el de valija, que permiten “chupar” llamados dentro de determinado radio, son ilegales.

El Dicom no sólo estará a cargo de autorizar las escuchas ordenadas por un juez dentro de un expediente, sino que también podrá hacerlo en precausas, es decir en aquellas pesquisas que no son para esclarecer un delito ya cometido, sino en investigaciones llamadas de inteligencia, pero que necesitarán como requisito previo “el pedido fundado de un fiscal”.

Junto con el sistema operativo, también le fueron traspasadas a la Procuración las bases de datos y los archivos documentales de la antigua Ojota, con el material de las intervenciones ya finalizadas. Por esto la procuradora dispuso crear una Comisión de Administración de Registros de Intervenciones concluidas, que estará integrada por personal del Ministerio Público Fiscal y la Agencia Federal de Inteligencia, y que deberá ordenar, clasificar y en el caso de que corresponda, destruir el material con la autorización judicial correspondiente.

Para prepararse para el traspaso, la Procuración trabajó con el apoyo de una Comisión Asesora, que analizó un diagnóstico de situación sobre la antigua Ojota y realizó recomendaciones. Los integrantes de ese cuerpo León Arslanian, Marcelo Saín (director de la Escuela Nacional de Inteligencia) y Alberto Binder seguirán trabajando como Comisión de Implementación y a ellos se sumará Raúl Zaffaroni.

Además, será creado un Consejo Consultivo, “con instituciones y personas de reconocida trayectoria en la materia” para participar en la redacción de los protocolos de actuación de las interceptaciones y la recomendación de políticas para el Dicom. La semana pasada ya se reunieron con las nuevas autoridades del organismo representantes del CELS, ADC, Inecip, Poder Ciudadano, ACIJ y la Universidad de Lanús.