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El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó el arresto de once represores que durante la última dictadura militar actuaron en la provincia de La Pampa. Los militares y policías están imputados en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.
Los militares que figuran en el pedido de detención de Canicoba Corral son el teniente Luis Enrique Baraldini, el mayor Juan José Amarante y los tenientes coroneles Néstor Greppi, Oscar Cobuta y Favio Iriart. Los policías son Roberto Constantino, Omar Aguilera, Antonio Giorio, Luis Gualpas, Hugo Marenchino y Roberto Escalada.
Estas órdenes de arrestos –con las que se terminarían las imputaciones de los represores de la subzona 14, que abarcaba la provincia de La Pampa– se sumarán a las detenciones ya concretadas de otros efectivos pampeanos: ex comisario inspector Roberto Oscar Fiorucci, los ex subcomisarios Carlos Reinhard y Athos Reta y el principal Néstor Cenizo. Estos cuatro policías fueron detenidos hace un mes después de que se presentaran de forma espontánea pidiendo la eximición de prisión.
Iriart, uno de los acusados cuya detención reclamó el juez ayer, fue desde octubre de 1975 hasta septiembre de 1977 el jefe del Departamento de Exploración de Caballería Blindada 101 y, como tal, el responsable de toda la subzona 14. Baraldini fue el jefe de la policía de La Pampa y tuvo a su cargo el centro clandestino que funcionó en la comisaría de Santa Rosa. En 1990 participó del alzamiento carapintada que encabezó Mohamed Seineldín y estuvo preso hasta que, antes de abandonar el gobierno, el ex presidente Eduardo Duhalde lo benefició con un indulto.
En esta causa, que abarca, además de las violaciones a los derechos humanos cometidas en La Pampa, las de toda la Capital Federal y parte de la provincia de Buenos Aires, Canicoba Corral también había arrestado a otros cinco militares: el general de brigada Héctor Gamen, los coroneles Pedro Durán Sáenz y Héctor Barda y los brigadieres Hipólito Mariani y César Comes.
Este expediente fue reabierto por la Cámara Federal de La Plata después de que el Congreso declarara inválidas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Durán Sáenz y Gamen cuestionaron esa decisión y plantearon la inconstitucionalidad de la ley que anuló las leyes de impunidad. Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado respondieron que “una serie de precedentes ha sentado doctrina pacífica que obliga a la persecución de los delitos investigados, y con ello, a declarar inválidos los actos de Estado que impidan o limiten dicha persecución”.
Los fiscales señalaron la obligatoriedad de cumplir con los tratados internacionales sobre derechos humanos y, por lo tanto, indicaron que “no existe espacio para seguir discutiendo si las llamadas leyes del perdón son constitucionales o no”. Con la anulación de esas leyes –dijeron Freiler y Delgado–, el Estado “está reconociendo que aquellas atentan contra el derecho a las garantías judiciales de las víctimas de acceder a la jurisdicción criminal y demandar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos y está reafirmando el deber de investigar y combatir la impunidad”.