Mientras continúa la espera por encontrar y juzgar a quienes idearon y concretaron la explosión de una bomba en la puerta de la sede central de la AMIA que mató a 85 personas, los acusados de encubrir el atentado más feroz sucedido en la historia del país comenzarán a ser juzgados este jueves. “Es un juicio muy mportante porque los imputados son los responsables de 21 años de ausencia de verdad”, evaluó Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, uno de los colectivos que nuclea a sobrevivientes y familiares de las víctimas, y cabeza de una de las seis querellas que participarán del debate. La agrupación 18J es otra y Sergio Burstein, uno de sus miembros, también destacó la llegada del juicio como “la posibilidad de demostrar que en este país hay premio y castigo para quienes, como los acusados, les negaron dignidad a los muertos, les negaron la justicia y la verdad”.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará al ex presidente Carlos Menem, al ex juez Juan José Galeano y al reducidor de autos Carlos Telleldín, entre otros ex funcionarios políticos, judiciales y policiales, ex dirigentes de la comunidad judía y policías, por haber participado presuntamente en las maniobras para fraguar y ocultar pruebas sobre el ataque, ocurrido en 1994. El encubrimiento del atentado fue descubierto en 2004, cuando el tribunal encargado de juzgar a cuatro policías bonaerenses por la voladura de la AMIA anuló el debate y ordenó que se investigara un plan para inculpar a los efectivos y llevar la pesquisa lejos de los verdaderos responsables de la explosión. El eje del nuevo debate es, para Burstein y sus compañeros y compañeras de 18J, “un atentado más” porque “atentó contra la verdad, contra la posibilidad cierta de que se les devuelva la dignidad a los muertos”. Sobre los acusados, Burstein también tiene redefiniciones: “No son responsables del encubrimiento, son cómplices de la explosión porque terminaron protegiendo a los verdaderos autores”.

A Menem se lo acusa de ordenar a Galeano desviar la investigación judicial para que no llegara a la “pista siria”, que involucraba a Alberto Kanoore Edul, con quien su familia tenía vínculos en el país árabe. El ex juez está acusado de frenar la investigación sobre aquella pista y de sobornar con 400 mil dólares a Telleldín para que testimoniara falsamente en contra de los policías. Por esa coima también está imputado el ex agente de inteligencia Patricio Finnen. El ex titular de la SIDE Hugo Anzorreguy está acusado de ocultar información sobre Kanoore Edul y su entorno, así como el ex empleado de esa dependencia Juan Carlos Anchézar y los ex comisarios de la Federal Jorge “Fino” Palacios y Carlos Castañeda. Los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que participaron de la instrucción falsa, están acusados de tener conocimiento del soborno a Telleldín y de, a pesar de aquello, seguir participando de la investigación. Para la Justicia, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja también sabía del pago ilegal al reducidor de autos, quien está imputado en la causa por haber aceptado el dinero y actuado en consecuencia del desvío de la instrucción. Su ex mujer, Ana Boragni, habría cobrado los 400 mil dólares en dos partes, en el despacho de Galeano. La habría acompañado Víctor Stinfale, el abogado de su ex pareja.

“Nos mintieron entonces y nos siguen mintiendo. Ocultaron datos e inventaron otros para encubrir a alguien de la Justicia. Son los responsables de la situación de impunidad que vivimos desde hace 21 años y que ha sido sumamente dura para nosotros”, señaló Malamud.

El juicio del escándalo se produjo cuando había pasado casi una década del atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. Su anulación provocó no solo el inicio de la causa que esta semana llega a su instancia oral, sino la vuelta a foja cero en la historia sobre quién, cómo y por qué decidió atentar contra la sede porteña de la mutual judía. Tras pasar por las manos de Claudio Bonadío, el expediente del encubrimiento quedó bajo la dirección del juez federal Ariel Lijo, quien concluyó su trabajo en dos tramos, el primero en 2011 y el segundo en 2012. Tres años tardó en conformarse un tribunal que se atreviera a dirigir el debate oral, que contará con el testimonio de 140 testigos y, por lo pronto, una audiencia semanal. Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Perilla son los jueces que estarán al frente del proceso.

Así como lo indicaron los fiscales que participarán en el juicio en una entrevista concedida a este diario la semana pasada, las esperanzas de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes también están puestas en que el debate aporte información veraz o, cuanto menos, que sirva para abrir senderos en esa investigación, que se encuentra paralizada por la imposibilidad de acceder a las declaraciones de un conjunto de ex y actuales funcionarios iraníes, los principales sospechosos. “Ese es nuestro objetivo, que se pueda abrir una luz par saber algo de los responsables del atentado”, reveló Malamud. Para Burstein, “si alguien se quiebra, si alguien confiesa, son especulaciones”, mientras que la meta es “que este juicio sea un ejemplo de que en este país hay premios y castigos y que lo que hicieron quienes nos ocultaron la verdad, que no alcanza con la condena social, tengan la condena de la Justicia”.

Además de las tres querellas que representan a familiares de víctimas y sobrevivientes –Memoria Activa, 18J y Apemia–, también son parte acusadora la AMIA y la DAIA, los policías bonaerenses que fueron chivo expiatorio del primer juicio y el Estado, a través del Ministerio de Justicia. “Nuestra participación en este juicio es un desafío y una responsabilidad internacional del Estado argentino. Tenemos que lograr que se hagan todos los esfuerzos para que se llegue a la verdad sobre los delitos cometidos en la investigación del atentado”, expresó el titular de esa querella y subsecretario de Política Criminal, Luciano Hazan, quien también resaltó la importancia del debate “para la sociedad”: “El caso AMIA está rodeado de impunidad y en gran parte esto se debe a lo que ocurrió durante aquella primera investigación. Por eso, el juicio es un gran paso para disminuir esta idea que es absolutamente justificada”, sostuvo. En ese sentido, Burstein indicó que esperan que “la Justicia actúe con los ojos vendados, que los jueces piensen en las víctimas, se despojen de intereses particulares y les den la condena que corresponde a los acusados más allá de quiénes son o fueron”. “Nuestro objetivo –concluyó– es doblarle el brazo a esta maldita impunidad y que de una vez por todas empecemos a encaminarnos hacia la verdad.”