El Gobierno amplió ayer la denuncia penal que meses atrás presentó contra el ex espía Antonio Stiuso por no haber realizado los entrecruzamientos de llamados que se le habían encomendado en la causa AMIA y, a partir de nuevos “elementos y pruebas”, le atribuyó haber incurrido en el delito de “encubrimiento agravado” de la investigación del atentado a la mutual judía. Así lo informó en la Casa Rosada el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli, quien remarcó que llama “poderosamente la atención” que Stiuso “no venga a la Argentina” ni sea “citado a comparecencia por la fuerza pública en ninguna de las seis causas penales” en las que está involucrado. El mismo funcionario puso de manifiesto que para la administración kirchnerista eso no es fruto de una casualidad, cuando señaló que existe “una sintonía parecida, una suerte de acuerdo” entre el ex espía, “la Embajada de los Estados Unidos, algunos jueces federales y el diario La Nación” para “evitar que sea convocado al país”.

La nueva denuncia contra Stiuso se suma al expediente que empezó a tramitar el juez federal Julián Ercolini a partir de la presentación inicial que el Gobierno hizo contra el ex espía el pasado 7 de abril. El jefe de la AFI informó que se estaba “preparando desde hace un tiempo y reuniendo elementos y pruebas que acrediten esa actitud de encubrimiento”. Los detalles del caso los dio junto a Juan Martín Mena, quien lo secunda en la conducción de la central de inteligencia.

Al hacer pública la ampliación de la denuncia contra el ex hombre fuerte de la SIDE, Parrilli salió al cruce del editorial que apareció ayer en La Nación con el título “El Gobierno, cómplice de Stiuso” y en la que ese diario afirmó que la administración kirchnerista, pese a denunciarlo, no actúa para que el ex espía se presente ante los Tribunales. El funcionario aclaró que el Ejecutivo “no tiene poder de comparecencia”, agregó que “la última información” con la que cuenta el Gobierno es que el ex agente se encuentra en los Estados Unidos e hizo referencia a la “omisión” de la autoridad de ese país de responder requerimientos sobre el paradero de Stiuso.

“Nos llama la atención este editorial acusándonos a nosotros de exactamente lo contrario que estamos haciendo. Pareciera que el responsable de que Stiuso no fuera convocado es el Gobierno, cuando venimos haciendo exactamente lo contrario”, sostuvo. Incluso, planteó que “percibimos una suerte de música del mismo tono entre los jueces que no citan, la embajada (de Estados Unidos) que no informa, algunos senadores que nos acusan de ser cómplices de Stiuso y este editorial.”

Parrilli instó a que “el gobierno de los Estados Unidos nos diga qué está haciendo Stiuso en ese país, en carácter de qué se encuentra, cuál es el domicilio que tiene”. “Que algún juez lo cite aunque sea a tomar un café”, ironizó.

Ante la falta de respuesta de Estados Unidos, la embajadora argentina en ese país, Cecilia Nahón, recibió la instrucción –según explicó Parrilli– de remitir una carta al encargada de América Latina del Departamento de Estado norteamericano, Roberta Jacobson, para insistirle en el requerimiento de información sobre Stiuso (ver aparte). El titular de la AFI reveló que “llamativamente hoy (por ayer) a la mañana” Nahón fue citada para el miércoles próximo.

En la ampliación de la denuncia penal contra Stiuso, se recuerda que la denuncia inicial de abril tuvo por objeto responder a un requerimiento de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) AMIA del 12 de marzo, “mediante el cual los fiscales intervinientes solicitaron un informe pormenorizado sobre el estado de las labores de colaboración que la ex Secretaría de Inteligencia venía prestando con la investigación” del atentado contra la mutual judía en el que murieron 85 personas.

Puesta a trabajar en ese pedido, la AFI detectó que “a lo largo de, por lo menos, siete años, bajo una estructura y unas características llamativamente idénticas”, el entonces “fiscal Alberto Nisman solicitaba información sobre el avance de las ‘tareas de colaboración, profundización y análisis’, directamente y en forma personal a Stiuso, quien sistemáticamente respondía que ‘se estaba trabajando’ y que ‘la tarea presentaba dificultades técnicas’, pero que éstas ‘se estaban superando’, por lo que ‘próximamente se aportarían informes conclusivos’”. Sin embargo, transcurridos todos esos años en los que supuestamente se avanzaba en la realización del trabajo encomendado, referido al análisis de la totalidad de las llamadas internacionales efectuadas en el país en entre 1991 y 1996, ni en la central de inteligencia ni en la UFI AMIA se encontró ningún “informe conclusivo” de la tarea requerida.

A modo de síntesis, la ampliación de la denuncia enunció que “con total claridad, durante un lapso de casi diez años, Stiuso y Nisman mantuvieron un intercambio epistolar referido a presuntas tareas encomendadas y a información sobre el avance de líneas investigativas, sin que se diera cuenta de ningún tipo de resultado siquiera parcial al respecto”.

Para el jefe de la AFI, “esta inexplicable falta de resultados (...) no puede atribuirse ni a la desidia ni a la inoperancia, sino que claramente es producto de un obrar consciente y voluntario, destinado a evitar la judicialización de determinados elementos de convicción”. De este modo, se advierte que “piezas de utilidad probatoria fueron deliberadamente mantenidas bajo custodia y en reserva, al amparo de un intercambio epistolar periódico entre dos altos funcionarios que procuraban aparentar la existencia de una efectiva actividad investigativa, pero que en los hechos paralizaban la realización de actos propios, en el caso de Stiuso, y omitían adoptar medidas destinadas a la efectiva realización de actos ajenos, en el caso de Nisman, todo ello con el objeto de obstaculizar el avance de la causa por el atentado a la AMIA y desviar el correcto cauce investigativo de los hechos”. En tal sentido, concluyó que este accionar fue más allá de un mero incumplimiento funcional sino que constituyó “un verdadero encubrimiento (...) que sólo puede explicarse por una evidente disposición a servir intereses completamente escindidos de la averiguación de la verdad y el castigo de los culpables”.