En ocasión de la reactivación de la Comisión Interpoderes a cargo del monitoreo de los juicios de lesa humanidad, el juez federal Daniel Rafecas presentó un informe gravísimo sobre el caudal de causas de lesa humanidad que están bajo su órbita a la espera de fecha para comenzar juicios orales o están a punto de ser elevados y se van a encontrar en idéntica situación. En ese contexto, el juez pide a la Comisión arbitre “con urgencia” los medios para habilitar los dos tribunales orales 7 y 8 creados por ley en 2010, pero que aún no tienen magistrados. El informe es grave, pero tiene una contracara alentadora porque muestra una agenda judicial a futuro comprometida con el proceso de Verdad y Justicia. “Creo que es importante su difusión –dice Rafecas– para contribuir a aventar estos nuevos tibios vientos de querer ‘terminar’ con este proceso, de ‘dar vuelta la página’ y ‘cerrar este capítulo’”.

Son 17 los tramos de la megacausa del Primer Cuerpo del Ejército que esperan comienzo de juicio oral o que podrían ingresar a esa instancia en el próximo año. Es decir, juicios orales sólo en Capital Federal y San Martín con varios centenares de víctimas que esperan justicia hace casi cuarenta años. Y hasta aquí, mas de 70 acusados que deben ser juzgados. Aunque el informe no lo dice, el panorama sugiere que a este ritmo y sin la integración de los tribunales orales pendientes, el avance de los debates puede frustrarse. Cada año de demora es mucho tiempo cuando se piensa en imputados de edad avanzada.

“Del informe surge el panorama al que se enfrentarán los jueces en materia de juicios de lesa humanidad sólo respecto de la causa Primer Cuerpo del Ejército con sus subtramos, algunos casos de San Martín y algo del estado de situación de las causas de la Armada”, señala Rafecas. “El motivo puntual es insistir en la importancia y urgencia de que se habiliten los TOCF 7 y 8 en Capital. Eso permitiría una más eficiente y más rápida actuación del fuero en los juicios que se vienen y que a la vez pueden ocuparse de otras materias, como narcotráfico y demás.”

El informe muestra también la agenda que la Justicia ya está organizando a futuro sobre los juicios. Aparecen proyecciones sobre meses y años venideros con más debates y probablemente nuevas investigaciones.

El destinatario del informe es Alfredo Kraut, coordinador de la Comisión Interpoderes creada a instancias de la Corte en 2008. El magistrado le escribe “a fin de informarle el estado de los diferentes tramos de investigación comprometida en las actuaciones” (sobre el Primer Cuerpo de Ejército) y las conexas. “Ello, a fin de resaltar la extrema conveniencia de poner cuanto antes en funcionamiento los dos nuevos Tribunales Orales Federales (números 7 y 8)” para “así dar una adecuada respuesta desde el Poder Judicial de la Nación a las legítimas e impostergables demandas de Verdad y Justicia relacionadas con crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado en nuestro país”. La creación de los tribunales 7 y 8, recuerda el juzgado, “fue a iniciativa precisamente de esta Comisión que usted coordina y que, previsiblemente, cumplirían en lo inmediato un rol clave en afrontar al menos parte de los debates orales pendientes para los próximos meses”.

Comodoro Py tiene 6 Tribunales Orales Federales. Los casos mas paradigmáticos son el TOF 1, que ahora realiza el juicio oral por el Plan Cóndor, con 18 acusados por 219 víctimas. Allí están radicados a la espera de fecha de debate Orletti III, Orletti IV y Sheraton. El TOF 2 acaba de empezar el juicio por encubrimiento de la AMIA. Allí esperan fecha para debate el juicio por el Chalet del Hospital Posadas y ABO II desde diciembre de 2014 con 8 imputados –uno de los cuales falleció– por 306 víctimas. El TOF 5 es otro de los casos. Ahora lleva el juicio ESMA III, una megacausa con 57 imputados por 789 víctimas, pero tiene en cola otros dos tramos de la Armada, entre ellos robo de bienes, y el caso Cittadini por Primer Cuerpo. En el TOF 6 pasa lo mismo. Lo mismo ocurre en San Martín (ver nota aparte).

El reclamo para habilitar los nuevos tribunales lleva años. En este mismo momento, la convocatoria para ocupar 6 cargos en el TOF 6 y 7 y 1 en el 1, parece avanzada. Se hicieron los concursos, pasó la primera selección del Consejo de la Magistratura, fueron al Poder Ejecutivo y ahora están a la espera del acuerdo del Senado. El problema, sin embargo, no termina ahí. En este momento de transición política nadie sabe cuánto puede demorar el acuerdo del Senado. Pero una vez que estén los nombres y acuerdos, el Consejo de la Magistratura debe disponer de lugares físicos para el funcionamiento y la Corte tiene que hacer un trámite llamado “acto de habilitación” que incluye dotar a esos tribunales de personal y logística.

Así las cosas, para paliar la urgencia, parte de la Comisión Interpoderes que la semana pasada analizó el informe de Rafecas estudia un pedido para que la Corte revise caminos alternativos. Una de las opciones existe desde septiembre del año pasado, presentada por el Programa Verdad y Justicia a la Comisión Interpoderes. Se trata de un mecanismo para que la Corte habilite al TOF 7 y 8 con jueces subrogantes de los Tribunales orales criminales ordinarios o, ahora, con lista de conjueces mientras avanza el proceso definitivo. La propuesta de Verdad y Justicia decía que Casación haga la designación de los jueces porque hasta este momento era atribución suya. Ese papel ahora lo tiene el Consejo de la Magistratura con lista de abogados de la matrícula. “Luego de haber realizado el correspondiente relevamiento de las causas judiciales que se encuentran en la etapa de juicio –decía la presentación del Programa– proponemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilite los Tribunales Orales en lo Criminal Federal No. 7 y 8 de la Capital Federal y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal No. 3 de La Plata, que fueron creados en el año 2010 mediante la ley 26.632, a fin de que posteriormente la Cámara Federal de Casación Penal, proceda a la integración de aquellos tribunales con magistrado de los Tribunales Orales en lo Criminal, mientras dure el proceso de sustanciación de los concursos para cubrir aquellas vacancias. De esta forma, se podrían llevar adelante debates orales en causas que se encuentran elevadas a juicio y que están pendientes de producción debido a que la imposibilidad de realizarse en los tribunales que deben intervenir.”