Los contratos del Gobierno de la Ciudad con la empresa de Fernando Niembro, candidato a diputado de Cambiemos y beneficiario –a través de una productora de publicidad– de millonarios negocios con fondos del Estado, resultan cada día más llamativos. La empresa creada por el comentarista deportivo, que facturó trabajos por 21 millones de pesos, no tenía empleados registrados. Niembro aseguró que se desvinculó de ella para ser candidato, pero su socio, Atilio Alberto Meza, resultó que también era candidato de Cambiemos. De hecho, lo sigue siendo y sigue estando a cargo del negocio. Con La Usina S.R.L., Niembro facturó mientras fue socio 10 millones con dos únicos clientes, el gobierno porteño y el Banco Ciudad. Pero se desprendió de su parte por la exigua cifra de 20 mil pesos. Con estos datos como telón de fondo, la Justicia dio impulso a una causa para determinar si se cometió el delito de administración fraudulenta. Ayer, la fiscalía de instrucción de Carlos Velarde se presentó en el gobierno porteño para llevarse documentación del área de Compras y Contrataciones. También habrían realizado un allanamiento en las oficinas de La Usina Producciones. Mientras se realizaban estos operativos, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) abrió una segunda investigación, de carácter preliminar, sobre los movimientos de los fondos para determinar si hubo lavado de dinero.

Los operativos, cinco en total, fueron llevados a cabo por la fiscalía de instrucción número 43. La semana pasada, en base a una notas periodísticas, el abogado Antonio Liurgo presentó la denuncia inicial para que se investigara la adjudicación de los contratos de encuestas y consultoría. El viernes, el fiscal pidió medidas al juez de instrucción Roberto Ponce, que autorizó los allanamientos u órdenes de presentación, delegando la instrucción en la fiscalía.

Fuentes judiciales aseguraron que ayer, cuando el personal se presentó a pedir la documentación les fue entregada. Velarde ya comenzó a analizar el material secuestrado, aunque según una primera lectura, los documentos estarían incompletos. “No se encontró nada”, fue la definición.

Los hechos denunciados podrían implicar la comisión no solamente del delito de presunta administración fraudulenta: La Usina, creada por Niembro en mayo de 2012, recibió en los tres años que van hasta hoy 21 millones de pesos del Gobierno de la Ciudad por servicios que no está claro si se prestaron, mediante contratos que eludieron la licitación pública.

Muchos de esos trabajos fueron pagados como encuestas y auditorías, una actividad que no figura entre los fines de la empresa –que fue inscripta como una productora de publicidad–. Para evitar los controles, los funcionarios porteños utilizaron el mecanismo de la contratación directa y otras veces apelaron al Decreto 556/2010, que permite hacer gastos de “imprescindible necesidad”.

Por esto, la Procelac, organismo encargado de investigar casos de lavado de dinero que depende de la procuradora Alejandra Gils Carbó, resolvió abrir una investigación preliminar. La Procelac pidió también al gobierno porteño el listado completo de las contrataciones a La Usina y el detalle de su objeto y montos. Ayer, recibió, además, una denuncia de la legisladora Gabriela Alegre (FpV) en el mismo sentido.

“Está claro que el objeto y las contrataciones a La Usina Producciones no constituían un servicio esencial ni revistieron urgencia”, indicó en la diputada en la presentación que dejó en el área de Delitos contra la Administración Pública. “La falta de transparencia fue mayúscula porque también se violó la obligación legal de publicar en el Boletín Oficial las contrataciones. Y el escenario se agrava porque no hay evidencia ciertas de que los servicios contratados se hayan efectivamente concretado.”

Para Alegre, “resulta claro que el vínculo político de Niembro con el jefe de Gobierno y el partido de gobierno –del que es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires– hizo posible estas contrataciones millonarias”. Dado que los contratos eludieron todos los controles, no fueron informados en el Boletín Oficial, se firmaron con una empresa que no tiene registrados empleados y no está acreditado que efectivamente se hayan realizado, la diputada concluyó que se puede presumir que hubo “una maniobra dirigida a blanquear fondos”.

También el abogado Liurgo llevó una nueva denuncia, en este caso ante la fiscalía de primera instancia y como ampliación de su presentación inicial. Los datos que aportó señalan otras irregularidades y elementos que no cierran sobre el funcionamiento de la productora. Por ejemplo, “el socio de Niembro, Meza, declaró a la AFIP que gana menos de 15 mil pesos por mes”, detalló a Página/12. ¿Cómo sería eso posible estando al frente de una empresa que facturó millones? Sin empleados registrados, es un misterio quiénes realizaron las encuestas. “Meza tampoco estaba registrado como gerente de la empresa ni tiene registro de empleador. Estas son cosas que el Gobierno porteño tenía que haber controlado antes de contratar a La Usina”.

Existe un convenio entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires para que no se permita la contratación de personas y empresas que tengan deudas impositivas, agregó. “Tanto Niembro como su empresa tenían deudas con el fisco y los siguieron contratando.”

Todos estos elementos surgen de registros de organismos oficiales como la AFIP o la Inspección General de Justicia. Un último dato, sin embargo, salió de la boleta electoral de Cambiemos, en la que el socio de Niembro, Atilio Meza, resultó que figura como candidato a diputado suplente. En el macrismo no negaron esa doble condición de candidato y contratista, pero le quitaron importancia. Consultados sobre el punto, se limitaron a responder con un “Meza está, pero de relleno” (ver aparte).