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“Quienes ocupan las posiciones más altas en el gobierno (democrático) no deben sufrir la terminación de su mandato antes de los plazos legalmente establecidos. Un segundo atributo es que las autoridades electas no deben estar sujetas a restricciones severas o vetos ni ser excluidas de ciertos ámbitos de decisión política por actores no electos”.
“Contrapunto”, Guillermo O’Donnell

“Jueces anulan elecciones. Jueces que siempre maltratan a mujeres y pobres. Jueces que no pagan impuestos. Jueces que no son ‘la Justicia’”.
“Muchos jueces toman primero la decisión política y después buscan la mejor estrategia para dar un maquillaje argumentativo a esa decisión”.
En @lucasarrimada, tuit del ju rista Lucas Arrimada.

“No concurra a ninguna fiesta a que lo inviten los patrones el día 23. Quédese en casa y el 24 bien temprano tome las medidas para llegar a la mesa en la que ha de votar. Si el patrón de la estancia –como han prometido algunos– cierra la tranquera con candado ¡rompa el candado o la tranquera o corte el alambrado y pase para cumplir con la Patria! Si el patrón lo lleva a votar acepte y luego haga su voluntad en el cuarto oscuro.”
Discurso de campaña en 1946, Juan Domingo Perón.

El ejercicio tiene su gracia aunque no sea plenamente asombroso. Ponga “buscar” en el archivo del texto de la arbitraria sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán. Agregue la palabra “fraude”. La búsqueda comprobará que aparece decenas de veces pero sólo en la reseña de los argumentos de las partes actora y demandada. En el tramo resolutivo del fallo, aquel en el que Sus Señorías expresan su propia voz, no se alude a “fraude”. Ni una vez.

El silencio es coherente porque –como confesó uno de los camaristas y desarrolló el candidato radical del Acuerdo para el Bicentenario, el diputado José Cano– los magistrados no estudian si hubo votos malversados, falsificados, pagados o actas adulteradas. Mucho menos cuál fue el impacto de anomalías o delitos en el resultado final.

Su argumento es previo, holístico, dogmático: el contexto político-social de Tucumán desnaturaliza al sufragio, lo contamina mortalmente. Tal es el fundamento central de la decisión más grave que ha tomado tribunal alguno contra el sistema democrático desde 1983.

Esta columna reseñó ya la resolución el viernes, tratará de no reiterarse mucho. Es forzoso remarcar que se anula la elección totalmente porque (si se permite resumir una pieza pésima con una metáfora) Tucumán es Macondo. Si así fuera, la salida que propone la Cámara es vana. Tucumán seguiría siendo Macondo dentro de tres meses o seis o lo que podría tardarse en realizar otro comicio. Sus clases populares, vistas desde la atalaya del Poder Judicial y la prensa dominante son personas sin discernimiento propio, “desamparadas” en la hipócrita verba forense. Su voto, imaginan, vale poco. Para remediar el mal, se lo sustraen.

Todos presumen, presumimos, cómo saldrían esas nuevas elecciones. Con variantes mínimas terminarían como las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto, jamás objetadas. Como indicaban los sondeos de consultores afines a las dos fuerzas principales.

Pocos jueces han comentado el fallo, hasta ahora han sido unánimes o casi unánimes en criticarlo. Julio Maier, los integrantes de Justicia Legítima, Eugenio Raúl Zaffaroni. Sólo militantes o dirigentes radicales o de PRO lo defendieron. Hasta un editorialista de Clarín, Julio Blanck, deslizó delicadamente que es berreta.

El daño está causado. Sus proyecciones son impredecibles en detalle aunque siempre preocupantes.

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Acefalías sin remedio: Es notoria la voluntad de Cambiemos para demorar una sentencia definitiva. Chicanear siempre garpa en los tribunales, que son muy propensos a favorecer a quien lo hace y lentos por naturaleza. Se corre una carrera contra la fecha de entrega del mando, para la que falta poco más de un mes. Los escenarios hipotéticos se bifurcan. Ahorremos, por ahora, su enumeración, plena de especulaciones.

Nada es seguro pero es verosímil que se llegue al día D con la cuestión irresuelta. A los camaristas y a la oposición local no les importa o lo desean. El objetivo opositor trasciende Tucumán y se empezó a construir hace meses. Es allanar el camino a un virtual enchastre de las presidenciales si el Frente para la Victoria (FpV) ganara por más de diez puntos en las circunstancias que la Constitución estipula para consagrar presidente sin segunda vuelta.

La acefalía en Tucumán es, entonces, factible o probable. Sus alcances serían enormes porque la nulidad atañe a la gobernación, al poder legislativo provincial, a las intendencias y a los Concejos deliberantes. Un sistema político desbaratado en una provincia muy poblada y, como todas, difícil de gestionar. La gobernabilidad estará en vilo.

Desde 1983 hubo contados ejemplos de intervención federal, uno de tantos datos superadores de etapas anteriores. Ninguna se extendió tanto en lo institucional.

No queda claro ni hay precedente sobre cómo podrían cubrirse todas las “vacantes”. Una intervención federal convencional puede extenderse a los poderes electivos provinciales, de ordinario. Es una de tantas incertidumbres que genera una decisión que se ne frega de sus consecuencias. Los análisis de los medios dominantes subestiman el problema.

De legitimidad de origen se habla por demás en estas semanas de órdago. Se la reclama y se la daña, al unísono. Cuesta imaginar que pueda construirse en la provincia y las municipalidades así sea para un interinato.

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Citas citables: La sentencia es breve y según observó Mendieta en el blog Artepolítica un buen trozo de su texto es un burdo copy paste de un añejo fallo de la Cámara Electoral Nacional. De ahí surgen ciertas citas pretensamente eruditas de jueces que no parecen especialmente leídos o versados. Guillermo O’Donnell integra el repertorio y merece un desagravio porque su pensamiento era rico, abierto, fundado y matizado. Abría cabezas y no las cerraba. La cita que encabeza esta nota revela su preocupación por la gobernabilidad y la estabilidad de los gobiernos democráticos. No agota la paleta multicolor de su obra pero alumbra un aspecto menospreciado. Los poderes fácticos existen y su exorbitancia pone en jaque al sistema.

Los magistrados citan profusamente al juez Carlos Fayt, quien recibe en estos días avalanchas de panegíricos desmesurados. Uno de ellos es atribuirle eminencia en ciencias sociales en las que incursionó sin dejar huella interesante, obra académica retomada por otros estudiosos, discípulos que llamen la atención. La señal, de nuevo, es política.

La centralidad atribuida al clientelismo no abreva en la rica producción reciente de científicos sociales argentinos. Javier Auyero, Denis Merklen, Julieta Quirós, Pablo José Torres por mencionar un puñado. Sus aportes ayudan a comprender y a conocer.

El clientelismo merece ser descripto con un mínimo de rigor, lo que obliga a delimitar su alcance. Sin aspirar a marcar una regla ni un vocabulario, sólo para darse a entender, este cronista propone llamar “clientelismo” a acciones de “toma y daca”, otorgamiento de bienes o prestaciones a cambio de apoyo político y, en el borde, votos. Esos modos de obrar en un contexto electoral deben ser prevenidos, evitados lo más posible y sancionados si corresponde. Fuera de ese momento, se entra en el más peliagudo reino de la acción política, ajeno a la competencia de los tribunales.

La relación clientelar, señala Torres, “privatiza lo público”, lo desnaturaliza. Colisiona con la calidad democrática o con la ciudadanía plena. Beneficios otorgados con discrecionalidad, disponibles y revocables a arbitrio de la autoridad, selectivos... Es forzoso diferenciarlo de políticas asistenciales, valiosas o no, pero extendidas y menos focalizadas. No es igual el Programa Alimentario Nacional del gobierno alfonsinista o el Plan Vida del duhaldismo que la entrega de bolsones de comida en las vísperas electorales. Este ejercicio debe tratar de cambiarse y que se ha cumplido en este año tanto en provincias gobernadas por el kirchnerismo como en Neuquén, Santa Fe y Córdoba.

Las políticas sociales universales sólo pueden ser homologadas al clientelismo con tremenda ignorancia o mala fe. Son, en cambio, un recurso formidable y superador. La Asignación Universal por Hijo (AUH), las jubilaciones, el Progresar se otorgan en base a requisitos legislados, claros y taxativos. Cualquier ciudadano puede solicitarlas sin valerse de gestores profesionales o políticos. Se reconocen “por ventanilla” y no son revocables mientras se cumplan sus recaudos y ciertas prestaciones básicas. La bancarización redondea un círculo virtuoso de supresión de mediaciones. Así como nadie depende del ministro Florencio Randazzo para tener derecho a un DNI o de la tutela de la UCR o del PJ para ejercer el voto universal, ningún titular de los derechos mencionados precisa relacionarse con agentes políticos para ejercerlos.

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El arte de medir: Es difícil medir los efectos reales del clientelismo “hormiga” en la previa de las elecciones. La tendencia es exagerarlos en función de conveniencias sectoriales.

Se minimiza la astucia de los sectores populares, su aptitud para manejarse en relaciones de poder que son asimétricas pero que no anulan su capacidad ni su destreza.

Pavotes que jamás hicieron política suponen que quien se sube a un taxi puesto por un puntero lo vota en el cuarto oscuro. Desconoce la experiencia popular, el potencial del secreto del voto y la capacidad de autodefensa insinuada –promovida por Perón en la cita inicial–.

El politólogo Julio Aguirre dosifica proporciones y alerta: “La imagen de los (punteros) mediadores como meros instrumentos de los líderes partidarios, fieles a una única maquinaria política, y de clientes ‘anestesiados políticamente’ a cambio de prebendas, además de basarse en un prejuicio sobre las clases populares, puede ser contraproducente para analizar la dinámica local de las redes clientelares hoy en la Argentina (...). Esto puede llevar, por un lado, a subestimar la beligerancia política, la capacidad de acción colectiva y las estrategias electorales de las clases populares. Y por otro lado, a sobreestimar la supuesta garantía del ‘voto cautivo’ y la capacidad de control político y regulación del conflicto de los patrones”.

La interna peronista de 1988 entre el ahora fallecido gobernador Antonio Cafiero y el ahora ex presidente Carlos Menem fue un caso interesante. Hubo localidades donde se comprobaba casi mecánicamente que había ciudadanos que fueron “acarreados” por los cafieristas y votaron a Menem. Las derrotas del duhaldismo a manos de Graciela Fernández Meijide en 1997 y de la ahora presidenta Cristina Fernández de Kirchner son dos ejemplos entre decenas cientos del fracaso del “aparato” al que se atribuyen dotes mágicas.

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Lean mis labios: La política democrática incluye el arte de convocar adhesiones, sostenerlas y traducirlas en las urnas. Atender a los intereses de distintos sectores o atender a algunos sobre otros forma parte del repertorio político habitual. Llamar “clientelistas” a líderes o partidos que privilegian a sectores populares y “republicanos” o “estadistas” a los que atienden a otros es una falacia malévola.

Cuando el presidente George Bush dijo “lean mis labios” y silabeó “no más impuestos” prometió un programa y buscó el favor de los beneficiarios. Lo mismo procuran hoy quienes propugnan reducir o derogar el “impuesto al trabajo” o las retenciones. Son movidas que benefician a un sector en detrimento de otros o, por lo menos, de una transferencia inmediata de ingresos que es también de poder.

Queda lindo prometer que el mundo es “win-win” y que hay tácticas que mejoran primero a una parcialidad y luego derrama sobre otros. Esa perspectiva es virtual, hipotética y siempre futura. En corto, cada uno tiene su “opción preferencial”. Y los winners son un sector de la sociedad. La realidad es dialéctica, conflictiva, los recursos finitos.

El peronismo, que cumplirá pronto 75 años desde su bautismo formal en la Plaza de Mayo, ha sabido interpelar a los más humildes mejor que sus adversarios nacionales. Desde entonces ha sido la única fuerza nacional proscripta con exclusividad aunque hubo etapas aciagas en que todos sufrieron el castigo. La proscripción electoral es un fraude gigantesco del que se beneficiaron partidos sedicentes democráticos. Por fortuna o por sabiduría conjunta esa es historia pasada. Desde hace 33 años no hay proscripciones, el peronismo ganó y perdió, entregó el poder a otro partido. Y podría volver a hacerlo ahora, si la opo se da maña y sabe convocar mayorías.

El cronista es refractario a anticipar el porvenir y más a ser agorero. Pero la voluntad chocante de desmerecer los veredictos populares es una mala novedad en el proceso democrático argentino, construido con esfuerzo y sobre el dolor.

Claro que muchos ciudadanos no disfrutan de ciudadanía plena, esto es de todo su poder. Modificarlo es urgente y equivale a disminuir la desigualdad, más causada por “el mercado” que por “la política”.

Bien vistos, los gobiernos tampoco tienen un poder pleno, soberano sobre sus territorios. “Todo el mundo” estuvo en vilo esta semana esperando la tasa de interés que fijaría la Reserva Federal norteamericana. La Argentina depende mucho de las vicisitudes del Brasil o de China, acaso más que de cualquier acción interna.

Poderes financieros inescrupulosos y voraces saltean fronteras y se ríen de lo que llamábamos soberanía.

Puertas adentro, los poderes fácticos (que no se someten a escrutinio popular) avanzan sobre los gobiernos sobre todo si estos son estables y cuentan con apoyo popular masivo. Muchos dirigentes partidarios piden permiso a las corporaciones hasta para estornudar. El campo político se achica o se subordina.

Todas esas asimetrías resienten el funcionamiento ideal del sistema político. Tratar de contrapesarlas es una misión cotidiana. Es difícil conseguirlo y a veces hasta interpretarlo. De cualquier manera es básico defender lo existente, para mejorarlo. El sistema democrático y el voto popular, uno de sus pilares, deben ser defendidos. Reconocer sus limitaciones, mejorar instrumentos es un deber compartido. Sospechar de quienes los liman o anulan es forzoso. También desear que la propia suspicacia sea exagerada y que a la hora decisiva los vencedores consigan su mandato (limitado en tiempo, potestades y espacio) y los perdedores asuman que lo son y se dediquen a buscar revancha en los plazos y por los medios legales.

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