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Ayer, para el gobernador bonaerense Felipe Solá fue un día de descartes. Descartó a la Bonaerense como policía del conurbano, anunciando la creación de una fuerza especial para esa zona. Después descartó que el plan se cumpliera en lo inmediato y anunció que el día a día indicaba la creación de un equipo de investigadores de secuestros extorsivos en la zona norte, un grupo semejante a la Brigada Antisecuestros que dirigía el descartado Angel Casafús en toda la provincia. Después descartó sus propios consejos de pagar rescate en caso de secuestro, y aconsejó que en lugar de pagar había que hacer la denuncia a la misma policía que él estaba descartando. También descartó que la Bonaerense fuera intervenida. Descartó que su ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, fuera a renunciar, aunque no descartó que el 10 de diciembre prefiriera seguir como diputado (ver aparte). Desde el sector político cuestionaron los dichos de Solá y descartaron que tenga un proyecto de fondo para enfrentar la inseguridad.
“Yo aconsejo pagar rescate ante la menor duda de que se encuentre en riesgo la vida de un secuestrado. Y muchas veces ésa es la única salida”, dijo Solá, textualmente, en una entrevista concedida a La Nación el domingo pasado. La frase desató una polémica en la que inicialmente intervino el ministro de Interior de la Nación, Aníbal Fernández. Antes que aconsejar pagar un rescate, Fernández sostuvo que “a lo que aspira el Gobierno es a llegar antes de que el delito se esté produciendo y desbaratar cualquier banda antes de que tengamos que soportar alguna víctima”. El propio Fernández propuso como ejemplo lo que ocurre en otros países: “Se tiende a hacer al revés, el Estado lo que hace es inhibir las cuentas de los familiares para impedir que se pague el rescate”. Solá respondió: “No estoy de acuerdo con que sea el Estado el que decida sobre esto”, refiriéndose al bloqueo de cuentas. Lo curioso es que su ministro de Seguridad, Juan José Alvarez, lo contradijo, asegurando que “estamos trabajando a partir de una comisión y se están presentando leyes en Congreso. El Estado no puede dejarse chantajear por los secuestradores”.
Más tarde, el propio Solá salió a responder sus propios consejos. “Descontextualizaron lo que dije –aseguró en relación al reportaje–. Me refería al caso Belluscio, fue una charla reservada con la familia. Yo decía que en ese caso en particular, si queremos que aparezca (Pablo), me parece muy difícil que no se pague rescate. En algunos casos, el pago da la posibilidad de llegar al secuestrado, aunque ésa es una evaluación de la policía.” Y aseguró que, ante un secuestro, “hay que avisar a la Policía, que responde bien, da cobertura, contención. La responsabilidad central es del Estado, no de la familia (del secuestrado), que puede estar en estado de shock”.
Pero, al mismo tiempo, puso en duda a la Bonaerense. Sostuvo la idea de reemplazarla por una fuerza especial en el conurbano, el más golpeado por la ola de secuestros y donde se registra mayor participación de uniformados en las bandas de secuestradores. Incluso sostuvo que tenía pendiente una reunión con León Arslanian, propiciador de la idea (ver aparte). “No descarto para nada la idea como proyecto de futuro, pero mientras tanto está el día a día.” Y para resolver el día a día sostuvo que trabajaba en la idea de crear “una fuerza especial de investigadores de secuestros extorsivos en la zona norte, donde se concentra el 80 por ciento de estos delitos”. También descartó la designación de un interventor en la polémica Bonaerense. “El grado de intervención desde el Ministerio es suficiente”, sostuvo.
Desde diferentes ámbitos, las declaraciones de Solá y su particular perspectiva del descarte provocaron reacciones. “El área de investigación hay que hacerla de cero –dijo a Página/12 el camarista de San Isidro Fernando Maroto–. Hay que crear una policía judicial, que ya fuecontemplada en la Constitución del ‘94 y que ya existe en el Ministerio Público, pero en un grupo muy pequeño, no son más de veinte. No se puede tomar de la misma gente de la Bonaerense, que ya dio muestras notorias de incapacidad.”
El diputado bonaerense Horacio Piemonte (ARI) sostuvo que “el día a día impide plantear una respuesta de fondo. Por eso, Solá propone como solución a Arslanian y al otro día a Juan José Alvarez (este último está enfrentado con Arslanian). Termina haciendo una superposición de parches para resolver un problema de fondo. El problema no se va a resolver con una brigada antisecuestros cuando después uno se encuentra con que sus integrantes participan en los secuestros. Tiene que reconocer la vinculación entre la policía y el poder político, pero eso no lo puede hacer porque lo lleva a confrontar con el aparato histórico del duhaldismo”.
Manuel Di Leo, diputado bonaerense por la UCR también criticó a Solá. Refiriéndose a la solución del día a día (la creación de una brigada antisecuestros en la zona norte), Di Leo dijo a este diario que “lo importante sería que esos investigadores no fueran los mismos que le presentaron los siete perejiles del caso Belluscio”. Sostuvo que “Solá todavía no tiene un plan de seguridad. El tema de las cuadrículas es todo menos un plan. Con eso no resuelve más que el problema durante un par de días”.
Para Carlos Raimondi, ex candidato a gobernador por el ARI y actual diputado nacional por la provincia, “si no se cambia la estructura de poder, se releva a un comisario corrupto por otro corrupto. Lo que le pasó a Juan José Alvarez es un ejemplo. En el caso Belluscio, fue efusivo en sus felicitaciones a Casafús y después lo tuvo que echar. Lo mismo pasó con Smith. Todo esto demuestra que no hay una política de Estado. Por eso, es un error que diga que está en el día a día. Ninguna de las afirmaciones de Solá tienen más de cinco minutos de duración. Lo que sufre Solá es que no tiene respaldo de poder. Hizo alarde de que su ministro predilecto era (Juan Pablo) Cafiero, pero una semana después de las elecciones Duhalde le dijo que ese puesto tenía que estar ocupado por (Juan José) Alvarez. Y lo más escandaloso es que se identifique con el discurso de los secuestradores, recomendando pagar el rescate. Esa es la muestra más palmaria de la subordinación humillante de los encargados del diseño de seguridad a la delincuencia”. Raimondi aclaró: “No soy optimista porque los que amparan la corrupción son los intendentes, y fueron reelegidos el 14 de setiembre. Y con los mismos jefes es difícil salir de este esquema”.