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Por V. G.

“El Turco Julián era una especie de amo del lugar y todos los demás represores le guardaban cierto respeto. Cuando torturaba ponía marchas en alemán y torturaba brutalmente a los judíos”, aseguró Miguel D’Agostino al narrar el proceder de Julio Simón (a) el Turco Julián en el centro clandestino de detención El Atlético. Decenas de víctimas y testigos describieron las torturas y secuestros en los que participó el ex policía, tanto en el Atlético como en el Olimpo o el Banco. Ayer, el juez Rodolfo Canicoba Corral procesó a Simón por 87 privaciones ilegales de la libertad y 21 casos de aplicaciones de tormentos y lo embargó por 10 millones de pesos. Esta semana, el represor sorprendió al declarar como testigo reservado en la causa AMIA.
Canicoba Corral tomó esta medida en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército. El expediente fue reabierto por la Cámara Federal porteña después de que el Congreso declarara nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Cuando fue interrogado por el juez y el secretario Marcelo Sonvico, el represor admitió haber desempeñado “tareas de contrainteligencia” en la Policía Federal con funciones en el Pozo Olimpo, pero describió su trabajo como “meramente administrativo”. Negó haber participado en interrogatorios, aplicación de tormentos o la detención de personas. Pero las pruebas son irrefutables: “No obstante la negativa expresada en su indagatoria, a través de numerosos testimonios se halla acreditado que el nombrado operó en los tres centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, participando de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de las personas que allí fueron alojadas”, señaló Canicoba Corral en su resolución.
Según detalló el juez, el Turco Julián intervino personalmente en secuestros y torturas y condujo a detenidos a las denominadas “visitas familiares” para luego reintegrarlos a los campos de concentración. Además, como integrante del grupo de Tareas de la Policía Federal, participaba en el “control de los detenidos que implicaba disponer los ‘traslados definitivos’ que suponían, presuntamente, la eliminación del detenido”.
El magistrado describió que “a las víctimas de los secuestros se les aplicaba a poco de su arribo tormentos para obtener información. Se solía desnudar a la persona y atarle brazos y piernas para que no pudieran resistirse. También se les arrojaba agua en el cuerpo para que la corriente eléctrica se transmitiera como mayor facilidad. Se utilizaba la aplicación de golpes con elementos contundentes como palos, gomas o cadenas, como así también los golpes de puño, que eran práctica de todos los días”.
El Turco Julián está preso desde que el juez Gabriel Cavallo lo arrestó por la desaparición de la menor Claudia Victoria Poblete y sus padres, caso en el que se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esta semana se supo que el represor –que según todos los testimonios tenía una aversión particular hacia los detenidos de origen judío– fue testigo reservado (testigo B) en la investigación por el atentado a la AMIA. El miércoles, al declarar en el juicio oral, aseguró que antes de ser arrestado se dedicaba a la venta ambulante de “guantes mágicos” y “piedras de afilar”.
En esta causa también están procesados otros doce represores (dos están prófugos), entre ellos, Juan Antonio “Colores” Del Cerro y los coroneles Pedro Durán Sáenz y Alberto Barda. Además, están detenidos, aunque aún resta resolver su situación, nueve personas responsables de los secuestros y desapariciones ocurridas en la provincia de La Pampa.