El sobreseimiento del ex presidente Fernando de la Rúa por la represión policial de diciembre de 2001 podría revertirse en el sistema interamericano de derechos humanos. La presentación ante la Comisión homónima (CIDH) la realizó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que exige que se investigue la responsabilidad del Estado argentino en los asesinatos derivados de la declaración del estado de sitio decretado por el último presidente de la Unión Cívica Radical, que también arrojó como saldo centenares de heridos y detenidos. El planteo del CELS se concreta dentro del plazo que comenzó a correr cuando la Corte Suprema de Justicia confirmó el sobreseimiento de De la Rúa y mientras en los tribunales de Comodoro Py se desarrollan los alegatos del juicio oral y público a 16 agentes de la Policía Federal y al ex secretario de Seguridad Nacional, Enrique Mathov, por las muertes del 20 de diciembre de 2001.

Gabriela Kletzel, directora del equipo de trabajo internacional del CELS, explicó que “se trata de una presentación por la responsabilidad del Estado argentino sobre los hechos de diciembre del 2001, para ver si se cumplieron o no los estándares de derechos humanos durante el estado de sitio y para rever cuáles son los límites en materia del uso de la fuerza en el marco de la protesta social”. “Iniciamos el proceso internacional al haberse agotado la instancia nacional”, resaltó la abogada, y destacó que “el sobreseimiento de De la Rúa es la negativa de la justicia argentina a dar respuesta a lo que fue el estado de sitio durante esas jornadas”. La presentación se realizó el jueves a la tarde, un día antes de que se cumplieran seis meses desde que la Corte Suprema de Justicia –el 13 de mayo último– ratificó el sobreseimiento de De la Rúa. Con respecto a los plazos de la presentación, Kletzel explicó que “pasará por dos etapas: la de admisibilidad, que es si la denuncia cumple con los requisitos correspondientes, y la de fondo, que analiza si hubo violación de derechos humanos.