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“Asambleas barriales, comisiones sindicales, colegios, todos hicieron investigaciones sobre quiénes fueron sus integrantes desaparecidos. Los invitamos a que las presenten en las causas que se abrieron después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”, dice Anabel Alcaide, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. “Todavía hay una oposición política a que estos juicios avancen. La única forma para que progresen es mostrar que tienen el apoyo de todo el pueblo. No queremos que sean patrimonio exclusivo de los organismos de derechos humanos”, agrega Adriana Calvo, de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. Las ideas fueron surgiendo en reuniones, donde distintas agrupaciones debaten la forma de asegurarse que los represores de la última dictadura que ya están presos no salgan de la cárcel y que a ellos se les sumen muchos más.
El 1º de septiembre pasado, la Cámara Federal porteña ordenó la reapertura de las dos causas que tenía en su poder y que se habían paralizado cuando se sancionaron las leyes de impunidad. El juez Rodolfo Canicoba Corral quedó a cargo de la investigación sobre los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo del Ejército, donde funcionaron aproximadamente unos 60 centros clandestinos de detención. Su colega Sergio Torres se hizo cargo del expediente sobre la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Una de las primeras medidas que tomaron ambos magistrados fue retrotraer la situación de los acusados a la que tenían antes de que se cerraran los juicios. Esto supuso que una veintena de represores fueran arrestados. Pero los abogados de los militares –muchos están siendo asistidos por defensores oficiales– plantearon su rechazo a la continuidad de las causas. Si bien los juicios están abiertos, su futuro puede quedar comprometido por fallos de los tribunales superiores como la Cámara de Casación o la Corte Suprema de Justicia. Por eso, los organismos de derechos humanos se están organizando y consideran que “sólo con la participación activa de los sectores comprometidos en la lucha por los derechos humanos estos juicios podrán tener un final que implique una efectiva justicia”.
“Nos queremos tomar las causas en serio para que no quede para meter preso hasta el último, no quedarnos con las cúpulas sino demostrar que todos los que estuvieron en los campos son responsables, desde el guardia que maltrataba detenidos hasta el comisario”, dice Calvo, quien al preparar su presentación a la Justicia le llevó a la abogada de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos los nombres de 418 imputados. La lista de represores tendrá que aguardar hasta que los tiempos judiciales se adecuen a la ansiedad de quienes están buscando justicia hace 27 años, pero para que los ciclos tribunalicios no se conviertan en una única e interminable espera es la propuesta de hacer presentaciones masivas. Que cada organización funcione como boca de recepción de denuncias. Para eso se enviaron a los sindicatos, partidos, asambleas, centros de estudiantes y a los movimientos que participaron en las marchas por la nulidad de las leyes –más de 200– un formulario para presentar ante los jueces. “La figura del querellante está reservada a los familiares y a las víctimas directas, pero cualquier persona que sepa de un hecho puede ser denunciante”, explica Rodolfo Yanzón, abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. El objetivo –apunta Ivana del Bianco, del Ceprodh– es “que ningún fallo a favor de los militares pueda pasar impune”.
Un ejemplo de este tipo de intervención es la que hicieron los Vecinos de San Cristóbal Contra la Impunidad en el expediente en el que se investigan los crímenes cometidos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército. Los vecinos reclamaron una medida de no innovar sobre una casa ubicada en la calle Virrey Cevallos, que este año fue identificado como un centro clandestino de detención. Luego de esta revelación, el lugar, quehabía permanecido casi abandonado, comenzó a ser refaccionado. Pero ahora, a partir de una disposición de Canicoba Corral, no se puede modificar.
“Puede que haya gente que no tenga el impulso de antes, por el tiempo transcurrido, por el desplazamiento de sus propios problemas. Pero hay que demostrar que hay que luchar por la injusticia en todos los terrenos, contra la violación del derecho a la vida del terrorismo de Estado y también contra la exclusión de grupos sociales, porque ambas cosas están ampliamente ligadas”, afirma el abogado Alberto Pedroncini, querellante en las causas del plan sistemático de robo de bebés y Plan Cóndor.
Las agrupaciones que están organizando esta campaña –entre otras, además de las mencionadas, están el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, CTA, FUBA– creen que la Corte Suprema está actuando sin reconocer la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ya que envió los expediente en los que se discute la inconstitucionalidad de las leyes a la Cámara de Casación. De hecho, sea por una u otra vía, el alto tribunal va a tener que manifestar una opinión sobre este tema. Es probable que esto no ocurra hasta que termine su período de renovación y eso todavía puede llevar varios meses. Ni Torres ni Canicoba Corral necesitaron una señal de la Corte para hacer su trabajo, pero hay jueces que manejan tiempos distintos. “¿Hace falta esperar a la Corte? Ya sabemos que los delitos que cometieron los militares son imprescriptibles e inamnistiables, y si la Corte dice otra cosa iremos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, porque los genocidas tienen que ser castigados”, señala Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.