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Las cárceles argentinas, sobre todo las bonaerenses, se han convertido en depósitos de presos. En la provincia el “stock” de hacinados y maltratados se incrementa a razón de 2500 al año, según cifras oficiales. El total de personas privadas de su libertad en todo el país es de 46.600. De los que 29.500 son procesados, es decir, detenidos sin condena. El porcentaje global de procesados llega al 63 por ciento, mientras que en la provincia se eleva a “casi el 90 por ciento”. En coincidencia con lo denunciado en la edición de ayer de Página/12 por dos guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), el nivel de la violencia fue creciendo junto con el número de internos. Un relevamiento realizado en 12 de los 18 departamentos judiciales bonaerenses muestra que se denunciaron 3013 casos de torturas y apremios ilegales, de los cuales sólo 30, el 1,5 por ciento, fueron elevados a juicio (ver aparte). La situación de hacinamiento se debe, en esencia, al endurecimiento de las leyes en territorio bonaerense, a partir de la política de “mano dura” impulsada por el ex gobernador Carlos Ruckauf y sostenida en el tiempo.
Los datos forman parte del capítulo “Violencia y Superpoblación” en las cárceles, que integra el Informe Anual Derechos Humanos 2002-2003, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentará mañana en el Teatro Cervantes. En el informe se dice que el incremento del número de personas privadas de su libertad “resulta especialmente alarmante en la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de las reformas procesales que introdujeron mayores obstáculos y restricciones a la posibilidad de permanecer en libertad mientras dure el proceso”.
El CELS concluye que “sobrepoblación, hacinamiento y violencia ejercida por funcionarios estatales hacia personas privadas de la libertad constituyen situaciones que, lejos de resolverse, tienden a agravarse con el transcurso del tiempo”. Además del Poder Ejecutivo, señala al Legislativo, que tuvo “responsabilidad trascendente en el incremento irracional del número de personas privadas de la libertad” con el dictado de leyes que limitaron las excarcelaciones. La crítica también está dirigida a la Procuración General de la Suprema Corte provincial.
En las cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se produjo un “marcado incremento” en el número de presos a partir de 1996. En ese año las cárceles federales albergaban a “6115 personas, de las cuales 3364 eran presos sin condena”. En 2003 hay “9219 detenidos, de los cuales 4093 son condenados y 4974, procesados”. En el período 1996-2003, los procesados “nunca representaron menos del 53,4 por ciento del total”.
El panorama es mucho peor en la provincia. El incremento alcanzó el 34 por ciento del 2000 al 2003. El total de presos en 2000 era de 20.760 y este año llegó a 27.817, con 24.068 procesados, lo que significa que el porcentaje llega a casi el 90 por ciento de presos sin condena. El informe del CELS dice que “la alarmante situación se convierte en abiertamente ilegal cuando se comprueba que los detenidos cumplen el encierro preventivo en condiciones inhumanas y degradantes”. Es que “el 30 por ciento de la población con prisión preventiva en la provincia está detenida en comisarías” y por ese motivo “es admisible afirmar que el Estado provincial está administrando justicia a través de medios ilegales”.
Para el CELS, “las políticas de ‘mano dura frente a la delincuencia’ generalizan el encierro como única estrategia ante los altos índices de inseguridad, sin evaluar sus consecuencias ni reparar en su demostrada ineficacia. La prisión preventiva no puede ni debe ser utilizada como eje de política para disuadir el delito: no sólo es ineficaz sino también ilegítima, e implica su condición como castigo vulnerando directamente el principio de inocencia de todo imputado y la prohibición de aplicar cualquier pena sin que medie condena previa”. El informe dice que la tendencia al incremento de los presos también se advierte en las cárceles de otras provincias que no dependen del SPF. De un total de 36.500 presos en todo el país en el año 2000, con unos 22.600 sin condena, se pasó en 2003 a 46.600, con 29.500 procesados. Las cifras globales no incluyen a los detenidos en comisarías, que suman 7500 en territorio bonaerense y unos 1200 en Santa Fe, sin contar lo que pueda estar ocurriendo en otras zonas del país. El porcentaje general de procesados, en todas las provincias, es del 63 por ciento.