El presidente electo, Mauricio Macri, instruyó al futuro ministro de Justicia, Germán Garavano, para que retire la apelación del Estado nacional del expediente sobre el Memorándum de Entendimiento con Irán por el caso del atentado contra la AMIA. El dato fue confirmado a este diario por fuentes cercanas al ministro entrante. Con esa medida, quedaría firme el fallo de la Cámara Federal que en su momento declaró la inconstitucionalidad del Memorándum. Es que el Estado nacional es parte en esa causa y es el que había presentado la apelación contra la inconstitucionalidad. Retirada la apelación, el Memorándum quedará como inconstitucional y dejará de tener validez desde el lado argentino. Por su parte, Irán nunca mostró voluntad de firmar el Memorándum, entre otras cosas porque estaba negociando un pacto mucho mayor con Estados Unidos y los demás países desarrollados. Ese acuerdo se firmó en Viena en julio pasado y puso en marcha el proceso de levantamiento de las sanciones económicas contra Teherán, que era la máxima prioridad iraní. Ahora, el gobierno macrista, que supo calificar a Irán como estado terrorista, se prepara para venderle cereales a Teherán, tal como dijo ayer la flamante canciller Susana Malcorra.

El proceso judicial contra el Memorándum fue iniciado por la AMIA y la DAIA, muy en sintonía con Washington y Jerusalén, que condenaban cualquier acuerdo con Irán, país al que consideraban integrante del Eje del Mal. Los cancilleres Héctor Timerman y Alí Akbar Salehi habían firmado el Memorándum que contemplaba la declaración de los sospechosos iraníes ante el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, aunque el texto incluía la formación de una controvertida Comisión de la Verdad, integrada por juristas internacionales, que daría una opinión no vinculante sobre el proceso. El objetivo era destrabar la causa que llevaba muchos años de parálisis: la Justicia argentina acusaba por el atentado a funcionarios iraníes de primer nivel, pero no tenía recursos para capturarlos, e Irán no los extraditaba porque consideraba fraudulento el proceso judicial y porque sus leyes impiden la extradición de ciudadanos de nacionalidad iraní. El texto suponía el viaje a Irán del juez, el fiscal y los querellantes; mientras que Teherán comprometió la declaración de sus funcionarios, aunque pidió la existencia de una especie de comisión supervisora, la Comisión de la Verdad.

La AMIA y la DAIA reclamaron que el Memorándum se declare inconstitucional, pero el juez Canicoba Corral rechazó la presentación porque consideró prematuro y abstracto el pedido. El magistrado argumentó que Irán no había firmado el texto y, por lo tanto, el acuerdo no llegó a entrar en vigor. La idea del magistrado era pronunciarse cuando estuviera realmente planteado el viaje a Teherán para tomar las declaraciones y cuando se viera en la realidad la conformación de la Comisión de la Verdad. Canicoba consideró que mientras no tuviera efectos legales concretos, el Memorándum era un pacto propio de las relaciones exteriores, que son privativas del Ejecutivo.

Tras el fallo del juez, AMIA y DAIA apelaron a la Cámara Federal que consideró, por dos votos a uno, que el acuerdo era inconstitucional. Los camaristas señalaron que el Poder Ejecutivo intervenía en las competencias judiciales, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad. La Cámara incluso ordenó al Ejecutivo que cesara sus negociaciones sobre el tema con Teherán. Quedó entonces el caso en la misma situación que en las dos décadas precedentes: órdenes de captura con alertas rojas de Interpol contra los sospechosos iraníes, pero ningún efecto real y concreto.

El siguiente paso fue una apelación del gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, de lo resuelto por la Cámara Federal. El expediente llegó entonces a la Casación, donde está hoy, con un gigantesco conflicto por la conformación de la Sala. El embrollo requería ahora una decisión de la Corte Suprema. Tras el retiro de la apelación por parte de la nueva administración Macri, todo deviene en abstracto y el Memorándum quedará como inconstitucional. Hay una sola posibilidad latente: la agrupación de familiares 18-J adhirió en su momento a la apelación del Estado y en Tribunales hay quienes dicen que podrían sostener solos esa apela

ción. Es una cuestión que deberá verse en el expediente, porque será vital que los familiares hayan participado de todos los pasos procesales para tener legitimación.

Macri había anunciado que enviaría al Congreso una ley para derogar el Memorándum. La norma no iba a ser sencilla de aprobar porque, como se sabe, el Frente para la Victoria tiene mayoría en

la Cámara de Senadores. Según adelantó Página/12 hace una semana, si el proyecto de ley señalaba que el Memorándum estaba viciado en su origen, que era inconstitucional o argumentos semejantes, no tendría los votos para aprobarse porque los senadores de ninguna manera respaldarían un texto crítico de lo que ellos mismos hicieron. Sí, en cambio, el

macrismo argumentaba que se derogaba el Memorándum porque Irán no lo aprobó, podría haber alguna chance de juntar los senadores suficientes.

El camino elegido por Macri y Garavano parece el menos costoso. Evita una fuerte discusión en el Congreso que, hoy por hoy, tiene posibilidades de no prosperar y notorias contraindicaciones para el macrismo:

- Irán dejó de ser un integrante del Eje del Mal para convertirse hoy en un aliado de Washington en la batalla contra ISIS. En julio, Irán firmó el acuerdo de limitación nuclear con Estados Unidos, China, Rusia, el Reino Unido, Alemania y Francia. Los que no tenían embajadas, rápidamente corrieron a abrirlas en Teherán y el régimen de los ayatolás tie

ne hoy un asiento en las negociaciones sobre Siria e Irak.

- Por los adelantos de la canciller Malcorra, la idea es venderle cereales a Irán, algo furiosamente criticado al kirchnerismo. Una polémica en el Congreso podría predisponer mal a los nuevos clientes de Medio Oriente.

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