Las terminales automotrices pretenden que el nuevo gobierno dé marcha atrás con la suba del impuesto a los autos de lujo que aplicó el kirchnerismo hace dos años, algo que en principio está apalabrado con los funcionarios entrantes. En lugar de las alícuotas del 30 y 50 por ciento que rigen para determinados modelos en la actualidad, la intención de las empresas es volver a un esquema con una tasa única del 10 por ciento para los autos más caros, aunque todavía resta definir la base imponible, es decir, el piso a partir del cual aplica el tributo. En el tope de la agenda que las terminales negocian con el macrismo también está la deuda comercial con las casas matrices y otros proveedores y el flujo mensual de divisas para las importaciones.

A fines de 2013 se reglamentó la ley que modificó impuestos internos a los bienes suntuarios, con la intención de desincentivar el consumo de artículos importados para reducir el gasto de divisas y desviar la demanda hacia autos producidos localmente. La norma elevó la alícuota del 10 por ciento, vigente hasta ese momento, hasta un valor diferencial del 30 y 50 por ciento, de acuerdo al valor del auto, motocicleta, embarcación o aeronave deportiva en cuestión. La modificación estuvo dentro del paquete inicial de medidas desplegadas por el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Según un informe de la consultora Abeceb.com, en el primer año de implementación de la modificación del impuesto los precios en pesos de los autos de lujo importados subieron un 125 por ciento y los patentamientos cayeron un 71 por ciento. Afines de 2014 la base imponible se actualizó y a mediados de este año se introdujo una diferenciación entre productos nacionales e importados, en favor de la producción local. Los autos nacionales que por su precio quedaban alcanzados con la tasa del 30 por ciento pasaron a pagar un 10 por ciento de impuestos, mientras que los gravados con la alícuota del 50 por ciento bajaron hasta un 30 por ciento. Las tasas nominales del 10, 30 y 50 por ciento se traducen en un 11, 42 y 100 por ciento en términos efectivos, o sea, en el precio de vidriera.

Desde el primer momento las terminales y las concesionarias pusieron el grito en el cielo. Si bien se trata de un mercado chico en relación al total de las ventas de vehículos cero kilómetro (representa cerca del 13 por ciento de los patentamientos), explica el 20 por ciento de la facturación del mercado, ya que la venta de importados de alta gama genera una rentabilidad por unidad más alta que en el resto de los segmentos.

“La cuestión del impuesto está en el tope de la agenda. Con el nuevo gobierno tenemos una visión similar y la idea es volver al esquema anterior”, indicó un empresario del sector a este diario. Es decir, gravar los autos más caros con una alícuota del 10 por ciento. Resta definir cuál será el piso a partir del cual aplica el tributo. Desde las empresas aseguran que la modificación tributaria a la baja no requiere una nueva ley sancionada por el Congreso, un factor clave porque ese paso obligaría a una negociación con la futura oposición, que dominará en los dos recintos.

Las marcas más afectados por el impuesto fueron las de alta gama como Land Rover, Alfa Romeo, BMW, Dodge, Mitsubishi o Subaru, pero también algunas versiones del Focus y el C4 Lounge, el 408 y el Renault Fluence, entre otros, que importan o fabrican las terminales radicadas en el país.

Los impuestos internos no son el único punto de la agenda que las automotrices presentarán al próximo gobierno. De hecho, la prioridad para las empresas es conseguir los bonos para cancelar la deuda comercial que mantienen con sus casas matrices y otros proveedores por un monto cercano a los 2500 millones de dólares. Otro tema central en el diálogo con el gobierno es la disponibilidad de divisas que el sector tendrá para afrontar las importaciones de partes y piezas y vehículos terminados. En las últimas semanas ese flujo se cortó casi completamente ante la debilidad de las reservas internacionales y la fuerte presión que agregó el preanuncio de una devaluación.