Amnistía Internacional lanzó una “acción urgente” exigiendo que se garantice la integridad física de Sala, se ordene su liberación y se ponga fin a la persecución de las organizaciones sociales. “Estamos frente a un claro intento de criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El uso de leyes penales no puede ser usado para intimidar y amenazar a las organizaciones sociales y silenciar sus reclamos”, destacó.

Además, Amnistía Internacional junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) formularon ayer un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de Milagro Sala, Germán Noro, Emilio Cayo Rocabado, Alberto Esteban Cardozo y demás integrantes de la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy. Las organizaciones de derechos humanos le plantearon a la CIDH la necesidad de medidas cautelares para garantizar la libertad de Sala –cuya detención calificaron de “extorsiva”–, el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la protesta social en Jujuy. “Las medidas judiciales impulsadas por el Poder Ejecutivo” jujeño a cargo del radical Gerardo Morales “procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes”, advirtieron.

En los últimos días, referentes de la organización Tupac Amaru y de la Red de Organizaciones Sociales “fueron víctimas de hostigamiento y persecución penal en el marco de una protesta social de sectores populares en esa provincia”, destacaron las organizaciones, y recordaron que ese accionar “incluyó la detención arbitraria de Milagro Sala”, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Parlasur. “Su detención está siendo utilizada de manera extorsiva para limitar el derecho a la protesta y a la libertad de expresión de las organizaciones sociales, violando derechos reconocidos en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos a los que, vale resaltar, la Argentina se encuentra obligada”, apuntaron.

Milagro Sala está acusada de organizar una protesta (interpretada como incitación al delito y tumulto) en rechazo a un decreto provincial relacionado con el trabajo en cooperativas del cual forma parte (interpretado como delito de sedición). “El gobierno provincial y la justicia jujeña están utilizando dos figuras penales para criminalizar la protesta con imputaciones vagas. Junto con una interpretación formalista contraria a los estándares internacionales sobre derecho a la protesta, se ordenó la detención de Sala en forma arbitraria y bajo un procedimiento lleno de irregularidades”, advirtieron los organismos. “En un proceso penal por estos delitos y con estas características no corresponde que la persona acusada sea privada de su libertad en forma preventiva. La privación arbitraria de la libertad como respuesta a la protesta social implica un daño irreparable para las personas directamente involucradas y también tiene efectos intimidatorios para el conjunto de la comunidad”, señalaron el CELS, Amnistía y Andhes.

Las organizaciones advirtieron a la CIDH que “la gravedad se manifiesta en el inicio de una persecución penal con exclusivo sustento en el desarrollo de una protesta que ha llegado a la criminalización de cuatro de sus referentes, a la detención de una de ellos y a atemorizar al grupo que reclama por sus derechos con una orden explícita de desalojo de la protesta”. “Se concreta así un impacto arrollador sobre el ejercicio de la libertad de expresión”, destacaron. Las medidas judiciales impulsadas por el gobierno de Morales “procuran desarticular la manifestación y amedrentar a sus participantes”. “De esta manera, el Estado en lugar de generar condiciones efectivas para el ejercicio de la protesta como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se propone impedir su desarrollo. Esta restricción de las libertades democráticas por vía de la obstaculización y criminalización del derecho a la protesta tienen la gravedad, la urgencia y la irreparabilidad que justifican el otorgamiento de las medidas cautelares que le solicitamos a la Comisión”, concluyeron el CELS, Amnistía y Andhes.

Amnistía Internacional, por su parte, lanzó una acción urgente, que es “una herramienta de nuestra institución para visibilizar el caso a nivel internacional”, explicó Belski. “Lo que hacemos es difundir la información en francés, inglés y español con nuestra membresía, compuesta por siete millones de personas en todo el mundo, para que le escriban al gobernador Morales y le exijan que libere a Milagro Sala y garantice la libertad de expresión y el derecho a la protesta en Jujuy”, explicó. La organización había realizado acciones similares por el líder de la comunidad qom, Félix Díaz, quien protagonizó una larga protesta, pero no fue arrestado, y de la referente mapuche Relmu Ñamku, quien fue acusada de homicidio y fue absuelta en un juicio que se realizó en un jurado intercultural.