La Comisión Provincial por la Memoria expresó su repudio “a toda forma de criminalización de la protesta social y cualquier tipo de persecución política, ejecutado por cualquier autoridad o funcionario del Estado argentino”. El organismo señaló que en estos actos se encuadra la detención y persecución política de Milagro Sala. “La gravedad del hecho implica no sólo al gobierno de Jujuy sino también y sobre todo al accionar de la Justicia que actúa como instrumento del Poder Ejecutivo, apelando a la represión y la intimidación desde el sistema penal como vía de abordaje de un conflicto claramente político-social”. La Comisión señaló que “los argumentos judiciales que pretenden justificar la detención son inadmisibles. Porque en democracia es inadmisible que se criminalicen actos que son propios e imprescindibles en la coordinación de la acción colectiva, e inherentes al ejercicio del derecho a asociación que son la base de los derechos políticos y el ejercicio de la ciudadanía. Promover la acción colectiva no es “instigar al delito”, una manifestación masiva no es un “tumulto”, y oponerse a una decisión del gobierno no es un “acto de sedición”. Es el libre ejercicio de las libertades políticas”.