La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está preocupada por la situación que se vive en la Argentina en materias de su incumbencia. Lo anterior quedó en evidencia a partir de la serie de reuniones que durante la semana que cerró tuvo en Buenos Aires el abogado y comunicador uruguayo Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión del organismo internacional. En la Capital Federal Lanza se encontró con representantes del Gobierno, pero también con hombres y mujeres de entidades defensoras de los derechos humanos, asociaciones y grupos vinculados al sistema de medios de comunicación.

El primer contacto formal de Lanza con el tema argentino se produjo el 22 de enero pasado cuando se reunió en Washington con la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, encuentro del que también participó el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Alvarez Icaza.

En términos formales el pasaje de Lanza por la Argentina no fue una “visita” programada por la CIDH, pero dada la cantidad de denuncias recibidas en Washington sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en distintos rubros y en vista de que el relator tenía previsto estar en Buenos Aires para participar de un seminario (Quantifying Societies: An exploration of date exploitation in the Data Driven Society) desde la Comisión se le encargó la “misión” de realizar entrevistas a fin de recabar información sobre la situación actual.

Durante su estadía en Buenos Aires el relator se entrevistó con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y con Miguel de Godoy, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el organismo que por decreto del presidente Mauricio Macri sustituye a la Afsca (Autoridad Federal de Servicios Comunicación Audiovisual) y la Aftic (Autoridad Federal de las Tecnologías de Información y Comunicaciones). Es la primera vez que funcionarios del gobierno macrista acceden a un encuentro formal con representantes de la CIDH. Hasta el momento ni siquiera se habían respondido oficialmente las notas que la Comisión hizo llegar al gobierno de Cambiemos pidiendo información ante las denuncias recibidas. En cambio, sí hubo gestiones informales para tratar de explicar y justificar las acciones oficiales.

Tanto Marcos Peña como Miguel de Godoy escucharon de parte de Edison Lanza una serie de preguntas y el pedido de aclaraciones sobre los motivos que llevaron al Gobierno a emitir decretos de necesidad y urgencia (DNU) para modificar la legislación en materia de comunicación, pero también las razones para intentar designar jueces de la Corte Suprema por decreto. No faltaron tampoco muestras de preocupación de parte del uruguayo respecto de la detención de Milagro Sala, la emergencia en seguridad que habilita el derribo de aviones y los atropellos denunciados contra trabajadores y manifestantes y protagonizados por fuerzas de seguridad.

Respecto de los DNU que eliminan la Afsca y la Aftic tanto Peña como de Godoy se mostraron inflexibles, asegurando que no habrá vuelta atrás en la medida. En defensa de la decisión los funcionarios argumentan que se trata de disposiciones tendientes a “favorecer la convergencia” y a “modernizar” las comunicaciones. Trascendió también que el Gobierno pretende enviar al Congreso un proyecto de ley que contemple la nueva estrategia en la materia, pero a pesar de ello aún podrían conocerse nuevos decretos para profundizar el rumbo adoptado. No solo ante los interlocutores oficiales sino frente a todos aquellos que lo entrevistaron, Lanza puso de manifiesto su preocupación personal y la de la CIDH para que se mantengan en la Argentina los estándares internacionales de respeto al pluralismo, la libertad de expresión y la diversidad, poniendo especial atención en el peligro que para ello representa el control monopólico y la propiedad cruzada de los medios masivos de comunicación.

Lanza se reunió también con Cynthia Ottaviano, la defensora del Público con quien había dialogado semanas atrás en Washington. En varias oportunidades el relator valoró el trabajo realizado por la Defensoría, algo que también reconocen, según se supo, los funcionarios del gobierno macrista, quienes habrían asegurado a Lanza que no hay intención de modificar la situación del organismo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) creó para la defensa de las audiencias. En la ocasión Ottaviano insistió en los mismos puntos presentados en Washington respecto de la irregularidad que implica modificar por decreto normas que fueron aprobadas por leyes con amplio consenso y que afectan a la comunicación democrática. Según la defensora, “Lanza recibió toda la documentación con mucha atención y se comprometió a trasladar todo a la Comisión”.

Martín Sabbatella, el destituido titular de la Afsca, también dialogó con Lanza para presentarle su punto de vista. Según Sabbatella, “fue en encuentro muy positivo en el que Lanza reiteró la preocupación de preservar la pluralidad y la libertad de expresión”.

No fueron estos los únicos encuentros. En una agenda muy intensa Lanza se reunió además con representantes de la Coalición por la Comunicación Democrática (CCD), la alianza que a través de los “21 puntos” impulsó la aprobación de la LSCA. Del encuentro participaron, entre otros, representantes de Farco (Foro Argentino de Radios Comunitarias), del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) y de la Redcom (Red de Carreras de Comunicación). En este marco Lanza recibió puntos de vista similares respecto de la preocupación que instalan las medidas oficiales en materia de comunicación.

El hotel de la zona de Retiro sede del encuentro del que Lanza estaba participando fue escenario para una reunión que el relator tuvo con organismos defensores de los derechos humanos. De la entrevista participaron Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeyda (Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora), Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas) y una delegación de HIJOS Capital. En otro momento Lanza se encontró con un equipo del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). En la agenda de estas reuniones hubo directas alusiones al “clima de violencia institucional”, pero también puntualizaciones sobre el uso de los DNU, las declaraciones de Darío Lopérfido y la preocupación por la preservación de la documentación sobre la memoria de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Taty Almeida agradeció a Lanza por haberlos recibido pero dijo también que “vemos con tristeza que a esta altura tengamos que recurrir otra vez a la CIDH para contar que se están violando los derechos humanos en la Argentina”. En el mismo sentido se expresó Estela de Carlotto, quien subrayó que “haber venido para el tema acuciante de la libertad de expresión y no desentenderse de otros temas es también una gentileza muy grande” de parte del relator y remarcó que “lo importante es que sabemos que alguien nos escucha en Washington”.

En otro momento de su estadía Lanza se encontró con representantes del Cemci (Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes) entidad que nuclea a editores de diarios y revistas, radios privadas y televisión abierta y por cable de todo el país, y de Fopea (Foro de periodismo argentino), institución que reúne a periodistas. También recibió una carta y documentación que le acercaron periodistas despedidos de Radio Nacional.

De regreso a Washington, en los próximos días Lanza hará una relatoría para la Comisión y se estima que es altamente probable que la situación argentina sea incluida en la agenda de la reunión plenaria que se celebrará en la primera semana de abril próximo.