Dirigentes de organizaciones sindicales y sociales presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un pedido de amparo para que el Ejecutivo Nacional restituya los fondos que sacó al Ministerio Público Fiscal de la Nación a través del decreto de necesidad y urgencia 257/15 del 29 de diciembre de 2015. De acuerdo con la denuncia, el desfinanciamiento presupuestario de la Procuración que encabeza Alejandra Gils Carbó que incluye el control sobre el presupuesto de una comisión técnica con predominio político del gobierno y un importantísimo recorte del presupuesto de 2016. Una de las áreas que sufrirá mayor impacto es la Procelac, encargada entre otros frentes de las investigaciones sobre flujos de capitales internacionales y narcotráfico. Para los denunciantes, la medida pretende “un ahogamiento a la salud financiera y económica de este Ministerio Público, que es elemental para llevar cumplir sus funciones constitucionales”.

La presentación lleva las firmas de Eduardo Murúa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas; Guillermo Robledo del Movimiento Helder Cámara para la Paz entre las Religiones; Esteban Castro de la Confederación General de Economía Popular; Hugo Yasky de la CTA; Adolfo Barja del Sindicato Unico de Trabajadores de administraciones Portuarias; Julio Urien de la Federación Interactiva para Promover la Cultura del Agua y Fernando Muñoz, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo es requerirle al organismo que adopte de modo urgente medidas cautelares para frenar la disolución velada del organismo que promueve el gobierno de Cambiemos. A partir de ahora, el texto completo del documento comenzará a circulación para sumar nuevas adhesiones.

“El decreto-ley 257/2015 no puede considerarse aisladamente sino que forma parte del cuadro general de asunción del poder absoluto y del desbaratamiento de los controles constitucionales”, señalan. “A través de dicha norma, se concreta una iniciativa política del actual Poder Ejecutivo dirigida a atacar la autonomía e independencia del Ministerio Público Fiscal.”

Uno de los méritos de esta presentación es que se detiene a analizar el decreto que luego de las primeras críticas salió de la agenda pública. En el recorrido, lo enmarcan en la serie de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Ejecutivo y presentan los argumentos que desmantelan el supuesto motor del decreto 257 que “bajo el pretexto de suspender la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal socavó la autarquía del ministerio público fiscal”. Uno de los datos que también trabaja el documento es el control de los medios de comunicación de parte del Gobierno. “Los medios sobreviven con la pauta publicitaria y la pauta del Estado. Un reciente estudio demuestra que la pauta privada de los principales medios coincide en un 90 por ciento con el origen empresarial de los CEO que ocupan hoy los ministerios nacionales.” Enumeran medidas como levantamientos de programas opositores y la clausura anticipada de contratos a comunicadores. Un situación que, estiman, sería “periciable en un juicio de abuso de autoridad y de juicio político”.

“Los firmantes venimos a solicitar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se adopten de manera inmediata medidas cautelares a favor nuestra, para la protección de los derechos garantizados” por la Convención Americana “en atención al cumplimiento de los requisitos de gravedad y urgencia de la situación, así como el de irreparabilidad del daño en virtud de la reciente sanción del decretoley 257/15”, dicen.

Tras la asunción del presidente Mauricio Macri, “la institucionalidad corre peligro de una manera que en las últimas décadas no se había visto nunca”. Desde el 10 de diciembre, “el Gobierno se ha arrogado el poder absoluto anulando el balance y el control recíproco entre poderes que conforman nuestro régimen republicano y democrático”. Ante la imposibilidad de obtener mayorías para los trámites de sanción de leyes, recuerdan que el Ejecutivo intenta imponer su voluntad con el acto de “eludir el Congreso” y “legitimar los decretos-leyes sancionados”. En un mes, dicen, sancionó múltiples decretos-leyes en una serie que cuentan: 13/20151; 211/20152; 256/20153; 257/2015; 267/20154 y 73/20165. Los decretos van desde la modificación de ley de Ministerios, Presupuesto 2016; el sistema de escuchas, ministerio público fiscal, las modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y las retenciones de los fondos a las provincias. Iniciativas con las que el Ejecutivo vulneró “nuestro derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos a través de nuestros representantes”.

La persecución de Cambiemos sobre el organismo que conduce Alejandra Gils Carbó quedó en evidencia ya desde la campaña. “El Presidente de la Nación, sus funcionarios e integrantes de la alianza Cambiemos expresaron su deseo de que la Procuradora General de la Nación presente su renuncia a los fines de poder designar en el cargo a alguien de confianza en un total desconocimiento de los mecanismos legales y constitucionales habilitados para la remoción en el cargo de la Procuradora.” Luego de desplegar sin éxito la estrategia de presiones públicas para lograr su renuncia, el gobierno “avanzó con la sanción del decreto-ley 257/15, que bajo el pretexto de suspender la implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal acusatorio, busca debilitar al Ministerio Público Fiscal, limitar sus competencias constitucionales, y sujetarlo al control del Poder Ejecutivo por vía de socavar su autarquía financiera”.

Para funcionar, la Procuración necesita recursos pero además administrarlos “sin injerencias de otros poderes”. El artículo 2 del decreto-ley sustituye el artículo 39 de la ley 27.148 que en línea con el Poder Judicial consagró la independencia y autonomía del organismo. El DNU dispone un “supuesto plan progresivo que se definirá en una comisión técnica con predominante dominio político del actual Poder Ejecutivo, donde el Ministerio Público deberá sujetarse a una negociación política permanente sin parámetros objetivos que enmarquen la discusión, para asegurarse los recursos necesarios para su funcionamiento, y luego sin contar con mecanismos predefinidos para asegurar el flujo de los fondos comprometidos, en un marco de presiones políticas dirigidas contra la actual titular del órgano”.