Una nueva medida precautelar ordenó que el Consejo de la Magistratura se abstenga de discutir la validez de la designación del diputado del PRO Pablo Tonelli como uno de sus integrantes, prevista en el temario del plenario de hoy, lo que volverá impedir su asunción. La decisión fue tomada por el juez federal de Tucumán Fernando Poviña ante un planteo de los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Nilda Mabel Carrizo y Walter Marcelo Santillán, quienes sostienen que ese lugar en el cuerpo le corresponde al bloque que ellos integran, por ser mayoritaria su representación parlamentaria. En diciembre último, sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, decidió que ese lugar le pertenecía al PRO e informó su nombramiento. La pulseada se judicializó en distintos tribunales del país y a la vez la Corte Suprema dispuso en una acordada que el propio Consejo debía analizar si tiene o no objeciones al “título” de Tonelli, lo que hizo la situación más compleja.

El lugar en disputa en el Consejo estuvo ocupado por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Su mandato como diputada terminó en diciembre pero su cargo de consejera, representante de la mayoría en Diputados, duraba hasta fines de 2018. Por eso fue necesario nombrar un reemplazante. El bloque del FpV eligió a Marcos Cleri, pero el PRO quiso poner a alguien de sus filas, impulsó a Tonelli, y el presidente de la Cámara lo designó al interpretar que Cambiemos es un interbloque que considera mayoritario. Aún con las recientes deserciones, el FpV tiene 83 diputados propios; el PRO y la UCR, 41 cada uno y la Coalición Cívica, 5. El reglamento de la Cámara habla de bloques, no de “interbloques”.

Contra el nombramiento de Tonelli hubo diversas presentaciones que derivaron en el otorgamiento de medidas cautelares que frenaron la jura. Una la dictó la jueza subrogante de La Pampa, Iara Silvestre, a fin de diciembre. Otra, la semana pasada, otra jueza subrogante, de Río Gallegos, Andrea Askenazi. A ambas el Consejo, con mayoría macrista, les dio de baja su cargo como subrogantes la semana pasada. Askenazi fue reemplazada por solo quince días por Federico Calvete, quien dejó la cautelar en suspenso al conceder la apelación. La de Silvestre fue revocada por la Cámara de Bahía Blanca. El diputado Héctor Recalde se había presentado directamente ante la Corte Suprema alegando que Tonelli fue designado en contra de la ley. La (mini) Corte (Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda) ordenó suspender la jura, que ella misma debe realizar, y trasladó al Consejo “el juicio sobre la impugnación” contra Tonelli.

La nueva precautelar dictada por Poviña ya fue notificada a los diputados y obligará hoy al Consejo a postergar otra vez el tratamiento de la situación de Tonelli. El juez consideró que existe “verosimilitud en el derecho”, es decir, una alta probabilidad de que haya una irregularidad que afecte en este caso a la representación prevista en el sistema federal; y “peligro en la demora”, precisamente porque el Consejo tiene hoy su plenario con la discusión sobre Tonelli a la cabeza.

El Consejo hoy tiene doce miembros, siete de los cuales están alineados con el oficialismo (dos jueces, los dos abogados, el delegado del Poder Ejecutivo y dos radicales); el resto son kirchneristas y aliados. Para designar jueces y promover juicios políticos, el cuerpo requiere de dos tercios, nueve votos. La incorporación de Tonelli acercaría al macrismo a esa posibilidad, aunque todavía le faltaría un voto, lo que obligará a negociar o quedará el cuerpo empantanado.

La mayoría oficialista está dispuesta a acatar la acordada de la Corte, tomar una decisión y darle la bienvenida al diputado de PRO, porque consideran que el Consejo no puede opinar sobre cómo llegó a su decisión el presidente de la Cámara de Diputados. Dicen que eso, en todo caso, lo debe decidir un juez cuando resuelva sobre la cuestión de fondo. “Nosotros ya le pedimos a la Corte que revoque su acordada porque no encontramos ninguna norma que la faculte para decir que el Consejo es juez de los títulos”, explicó Recalde a Página/12. “Por ejemplo, el reglamento le permite al Consejo sancionar a cualquiera de sus miembros, excepto a los que son legisladores; en ese caso se lo debe pedir a la Cámara correspondiente. De todos modos, es claro que el mandato del FpV en el consejo era por cuatro años. A Cristina se lo cortaron por horas, a nosotros acá nos quieren cortar dos años”, se quejó.

El diputado Wado de Pedro (FpV), quien ocupaba originalmente el lugar en disputa hasta que fue nombrado secretario general de la Presidencia, advirtió que “Macri intenta robarse un lugar en el Consejo de la Magistratura” y que “la designación de Tonelli sería ilegal y tendría consecuencias judiciales”. Recordó que “incluso Sergio Massa dijo que el lugar le corresponde al FpV”. Mientras el Consejo delibere cómo seguir, es posible que haya nuevas presentaciones judiciales.