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Por Fernando “Pino” Solanas*

La fuga electoral de Carlos Menem y la asunción del gobierno de Néstor Kirchner interrumpió el proceso de impunidad y degradación de las instituciones con las cuales el menemato impuso los objetivos del modelo: rentas excepcionales suprimiendo derechos sociales, desnacionalización de la economía y liquidación del patrimonio para pagar la deuda externa.
El caso más paradigmático de la depredación menemista fue la cesión a precio vil de los hidrocarburos, uno de los sectores estratégicos del país. Sin inventario ni tasación, y violando la ley Nº 17.319, se privatizaron YPF y Gas del Estado, las dos mayores compañías del país y las que más habían invertido en su industrialización, obra pública y políticas sociales. A fin de satisfacer a los compradores, redujeron las reservas comprobadas de crudo en un 30 por ciento para retornarlas a su nivel real después de privatizarlas y cedieron por 25 años la explotación de las áreas estratégicas al valor de lo que producían en 9 meses. ¿Alguien recuerda actos más fraudulentos e infames que los tratamientos de las leyes que privatizaron Gas del Estado –con varios diputruchos– o YPF? El diputado Luis Saadi denunció que en el Senado habían repartido ocho millones de dólares para votarla, pero al rato se desdijo. La sesión en diputados fue conducida por el jefe de la bancada Jorge Matzkin, contando con Oscar Parrilli como informante del proyecto privatizador y el apoyo de todos los gobernadores del PJ. Entre vítores, besos y abrazos celebraron la votación notables referentes de la mayoría como E. Amadeo, E. Camaño; E. Fellner, J. González Gaviola, José Gioja, O. Lamberto, Juan C. Maqueda, Lorenzo Pepe, C. Ruckauf, Felipe Solá, Miguel A. Toma y Jorge Yoma y el ministro Manzano –el de “robo para la corona”– declaraba: “No podemos más que felicitarnos de estos diputados que han dado el quórum...”
Mientras algunos países perdieron su petróleo con golpes de estado o cruentas guerras como la de Irak, la dirigencia del PJ lo entregó bajo el liderazgo de jefes corruptos y sobres con millones de dólares. Para la Argentina fue equivalente a que una invasión le arrebatara la mitad de su territorio: YPF y Gas del estado aportaban al fisco tanto como el total de la recaudación de las provincias de Buenos Aires, la Pampa, Cuyo y la Patagonia. Al descuartizamiento de YPF y Gas del Estado le siguió el de decenas de usinas y represas hidroeléctricas hasta perder la soberanía energética, primer eslabón de la cadena productiva. Somos el único país que extranjerizó todo su petróleo para pagar las tarifas más altas del mercado internacional y recibir las regalías más bajas del mundo.
En sus siete meses de gobierno, el presidente Kirchner enfrentó bolsones de impunidad y corrupción que parecían intocables. Quienes hemos apoyado con esperanza esas acciones, vemos con preocupación que la política petrolera reafirma las prebendas otorgadas por Menem a la petrocracia: a) continuar con el privilegio de no liquidar el 70 por ciento del total de las divisas provenientes de la exportación de crudo y gas, que significan más de 3000 millones de dólares anuales; b) aceptar el precio de los combustibles del mercado internacional como si fueran importados, cuando se producen en el país: el Gobierno acordó el precio del barril de crudo a U$S 28,50 cuando su costo de extracción es de menos de U$S 4; c) se consiente la evasión fiscal al permitir que la misma compañía extraiga, transporte, refine y venda, sin que exista ningún control de su extracción: por simple declaración jurada informan lo que sacan; d) se prosigue con la irracional política de exportación de hidrocarburos siendo recursos escasos y no renovables: desde la privatización, las reservas cayeron de 16 a 8 años; e) ratificarles a las provincias la propiedad de los yacimientos significa dar continuidad a los proyectos de regionalización-segregación del menemismo, con el riesgo de transformar el país en un conjunto de emiratos manipulados por trusts internacionales. Si se quiere avanzar hacia un proyecto nacional ¿el tema no merece un amplio y serio debate?
El país necesita acabar con la impunidad de los delitos que permitieron despojar su patrimonio: ¿cabe alguna duda de que son actos jurídicamentenulos prolongar por 25 años y mediante decreto, los contratos de locación de obras y servicios otorgados por la dictadura, o la ilegítima prórroga por diez años del yacimiento Loma de la Lata a favor de Repsol, una riqueza de U$S 40.000 millones a cambio de solo 300 millones? Así como las décadas transcurridas desde la dictadura no pudieron legitimar los actos del terrorismo de Estado, tampoco pueden legitimarse los ilícitos de la mafiocracia. No es sólo un tema de justicia o de reparación ética: debe entenderse que el genocidio social que padecemos también es consecuencia de la pérdida de la petrorrenta. Si la factura anual de los hidrocarburos ronda los 22.000 millones de dólares con un beneficio promedio de 10.000 millones, sólo con esta renta se podrían crear más de 3.000.000 de puestos de trabajo legítimos y multiplicar los presupuestos en salud, educación, seguridad social y vivienda.
El pueblo argentino espera que en estos tiempos de normalización institucional los delitos contra el patrimonio público sean investigados. Todo acto que permitiera legitimarlos o avalara su continuidad económica significaría un grave retroceso y una nueva traición al país que reclama la continuidad jurídica de los postergados intereses de la Nación. En nuestro país rige la concepción romana del derecho que coloca la ley por encima de los contratos, y si aplicáramos la ley de hidrocarburos vigente –Nº 17.319– caería la mayor parte de las concesiones. Ellas serían la base de una nueva petrolera nacional y de la recuperación de nuestra soberanía energética. Hoy como nunca se impone el principio del art. 40 de la Constitución de 1949 para que la propiedad de la Nación sobre los recursos estratégicos asegure una amplia participación social y provincial de sus rentas. La dirigencia que acompañó la ola privatizadora debe asumir su autocrítica con honestidad y coraje. El pueblo argentino espera actos de reparación: que la renovada Corte Suprema de Justicia investigue los ilícitos contra el patrimonio y el Congreso, así como anuló las leyes de impunidad, anule por fraudulentas las que avalaron el saqueo a favor de la petrocracia.
* Presidente del Moreno - Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora.