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Por Camilo Ratti
Desde Córdoba

A diferencia de la situación nacional, en Córdoba no hay ninguna autoridad policial ni política que esté imputada por las muertes de David Moreno y Sergio Pedernera, las dos víctimas fatales de la terrible represión que la policía de Córdoba llevó a cabo el 19 y 20 de diciembre que provocó además decenas de heridos graves. Si bien la familia de Moreno no se opone al juicio de Cánovas Badra, María Elba Martínez, defensora de la familia y querellante en la causa, asegura que lo sucedido no fue un acto individual, sino que “es el resultado de un plan sistemático de represión que se ordenó desde las más altas esferas del poder policíaco y político de la provincia y del país”. Por su parte, el abogado del imputado, Benjamín Sonzini Astudillo, confirmó que apelará la decisión del tribunal y asegura que “no hay garantías para defenderlo”.
“La defensa se opone a la elevación a juicio porque entiende que no fue un hecho individual, ya que muchos de los policías afectados a los operativos del 19 y 20 tenían balas de plomo. Los padres de David no se oponen al juicio porque quieren ver preso al asesino de su hijo, pero no dejan de solicitar al tribunal todos los elementos probatorios (documentación y testimonios) que confirman que lo ocurrido fue producto de un operativo planificado desde los máximos niveles del poder policial y político”, le dijo a Página/12 María Elba Martínez, abogada de la familia Moreno y querellante en esta causa en la que se investiga la muerte de David, y las lesiones graves de Norma Bernasconi y Mario Frejenal, atacados el 19 y 20 de diciembre, respectivamente, por personal de la Guardia de Infantería y agentes de la policía provincial.
La responsabilidad institucional de la policía queda al desnudo cuando Martínez cita las declaraciones del jefe de la Guardia de Infantería: “Las balas de plomo se usan única y exclusivamente cuando se lo hace vía la más alta autoridad policial: el jefe de policía. Sin esa orden, no se puede usar este tipo de cartucho, porque ‘nosotros, doctora, no procedemos sin órdenes de las más altas autoridades políticas’”, contó la abogada que le confesó el uniformado.
Otro elemento contundente es el secuestro de cartuchos de plomo que la defensa de Moreno encontró en la jefatura de policía. “Eran de personal que había trabajado en otros barrios de la ciudad, totalmente distantes a Villa 9 de Julio. La muerte del chico Pedernera un año después (diciembre del 2002), luego de haber quedado hemipléjico por una bala recibida en el barrio Costa Canal, al sur de la ciudad, es otra prueba del accionar policial conjunto”, apuntó Martínez, quien agregó: “Además, los testigos contaron que la gran balacera fue el día 19, lo que permitió que recogieran los cartuchos servidos y los trajeran en un vaso de papel para ser presentados como pruebas ante el tribunal. Es decir, el mismo 19 de diciembre ya podrían haber comenzado a darse hechos fatales, como sucedió con Norma Bernasconi, quien se salvó porque antepuso su brazo a la cara cuando personal policial le disparó a quemarropa cuando ingresaba a su casa de Villa 9 de Julio”.
La tenencia y distribución de cartuchos de plomo por parte de algunos policías son también denunciadas por Sonzini Astudillo en un escrito presentado ante el juez de control. “Los móviles policiales sí estaban equipados con munición PG (plomo), siendo el personal asignado a los mismos quienes tenían la disponibilidad de este armamento. Pero mi cliente no era uno de ellos”, sostuvo el abogado de Cánovas Badra.
Además de solicitar la reconstrucción del hecho y la realización de una nueva pericia a cargo de Gendarmería Nacional, pedidos que comparte con Sonzini Astudillo, Martínez solicita al tribunal los videos que los medios de comunicación televisivos poseen sobre lo ocurrido el 19 y 20 en barrio Villa 9 de Julio, las pericias de vainas servidas entregadas por parte dela defensa al juez de Control, las órdenes existentes a nivel nacional que confirman un plan de represión en todo el país, y los oficios de todas las fiscalías que puedan haber recibido denuncias por heridos o muertos en otros barrios de la ciudad, a fin de “determinar y comprobar la metodología del plan represivo”.
Por su parte, Sonzini Astudillo sostuvo que su defendido fue acusado “al boleo, sin prueba alguna” y por ende apelará la decisión de Salazar, con lo cual el expediente será enviado a una cámara del crimen, para que resuelva en definitiva si corresponde o no el juzgamiento de Cánovas Badra.
Con todas las pruebas en su poder, hasta ahora la Justicia provincial parece querer tapar el sol con la mano, como se dice. Las pruebas son contundentes, pero nadie es culpable de nada, salvo un solo agente policial de grado muy bajo. Mientras varios de los responsables de aquella masacre siguen tranquilos en sus funciones, los hechos dicen que en la ciudad de Córdoba hubo dos muertos, cada uno en años diferentes, y decenas de heridos graves ocurridos en distintos barrios de la capital, no todos el mismo día, que nunca recibieron atención médica por parte de las autoridades políticas. En este escenario, “¿puede culparse a una sola persona de todas las balas de plomo que la policía provincial desparramó a diestra y siniestra durante aquellos violentos días de diciembre de 2001?”, se preguntan los querellantes.